Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, salen de la cárcel después de nueve meses

“Comuniquen a la familia nacionalista que no estamos muertos”, dijo el expresidente Ollanta Humala este lunes a un pequeño grupo de simpatizantes, una hora después de que él y su esposa, Nadine Heredia, dejaran la cárcel en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional dictada el jueves. El fallo anuló una orden de prisión preventiva de 18 meses como parte de la investigación que la Fiscalía está realizando por lavado de activos.

Más información

Un exdirectivo de Odebrecht confirma que financió las campañas de los políticos peruanos

Un alto cargo de Alan García planeaba ocultar 10 millones en Andorra

Odebrecht pagó en Andorra a un exdirectivo de Petróleos del Perú

La pareja afrontará el resto del proceso con las medidas restrictivas que mantenían antes de julio de 2017, es decir, tendrán que someterse a un control biométrico cada 30 días ante un juez, mantener el mismo domicilio y solicitar autorización en caso de viaje.

“No pretenden acelerar ni dilatar la investigación”, dijo uno de los abogados de la pareja, Wilfredo Pedraza, quien aseguró a una radio que sus clientes permanecerán en Perú.

Humala y Heredia son investigados por lavado de activos debido a que la expareja presidencial recibió presuntamente tres millones de dólares de la constructora Odebrecht para la campaña electoral de 2011. El Partido Nacionalista Peruano, del cual ambos son líderes fundadores, no reportó entonces dichas aportaciones a la autoridad electoral, como debió haberlo hecho por ley.

La fiscalía investiga además a otros políticos peruanos por casos similares en los que recibían dinero de forma ilegal. Según las averiguaciones del Ministerio Público, Alejandro Toledo habría recibido 20 millones de dólares de Odebrecht en sobornos y es prófugo de la justicia peruana. De acuerdo a los testimonios de altos cargos y del expresidente ejecutivo de la transnacional brasileña, Marcelo Odebrecht, hicieron aportaciones a las campañas presidenciales de Alan García y Keiko Fujimori, y a la campaña para evitar la destitución de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, en 2013. Asimismo, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski también es investigado por haber dado servicios de consultoría a Odebrecht mientras era ministro del Gobierno de Toledo.

Pese a que la Fiscalía ha recabado pruebas semejantes para casi todos estos casos, los únicos para quienes la justicia ordenó prisión preventiva fueron Humala y Heredia, cuyo partido ya no tiene presencia en el Congreso. El Partido Nacionalista Peruano retiró en 2016 su candidato presidencial porque corría el riesgo de no pasar la valla electoral y perder la inscripción.

Humala estuvo recluido nueve meses y medio en la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, la misma sede donde cumplió parcialmente su pena el autócrata Alberto Fujimori, hasta el pasado diciembre, cuando fue indultado por Kuczynski.

A diferencia de la dinámica de la pareja cuando estuvo en el poder, que realizaban sus actividades políticas juntos, el expresidente salió de prisión y visitó -sin su pareja- el local de su partido para agradecer a algunas decenas de militantes que lo esperaban. Heredia, en cambio, fue directamente del penal Virgen de las Mercedes a su casa, a reencontrarse con sus hijos de 15, 13 y 7 años de edad.

“Hay un viejo refrán que dice ‘lo que no nos mata, nos hace mas fuertes’. Queremos ser un partido longevo. Los partidos que quieren hacer historia tienen que pasar una etapa de martirologio”, clamó el político y miembro del Ejército en el retiro.

“No nos acusan de mezclar el interés público con el interés privado, ni por nuestra gestión del Gobierno, al resto sí. Nos están investigando por nuestro origen y vamos a salir adelante porque no hemos cometido ningún delito. Nosotros no tenemos local propio, otros se dan el lujo de haber recibido una casa de un narcotraficante”, añadió el ex jefe de Estado.

Según EFE, la justicia peruana investiga la ruta de unos 29 millones de dólares que Odebrecht ha admitido que entregó a funcionarios del Estado peruano para adjudicarse obras de infraestructura entre 2005 y 2014, durante los Gobiernos de Toledo, García y Humala.