Ecuador encara la guerra contra el narcotráfico como un problema nacional
El atentado contra un cuartel de la policía sorprendió a un país que consideraba que el tráfico de drogas estaba de paso por su territorio
La madrugada del sábado, un coche bomba estalló en Ecuador, un país donde no hay protocolos antiterroristas ni robots para desactivar explosivos. El atentado contra un cuartel de la policía, que ha resultado en 28 personas heridas, ha sorprendido a un país que siempre había considerado que el narcotráfico solo estaba de paso por su territorio y que, según ex altos cargos militares, no tiene preparación suficiente para afrontar un problema de este calibre.
La explosión ha sido atribuida por las autoridades del país y del vecino Colombia a un ecuatoriano disidente de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no apoyó el proceso de paz y formó su propia banda criminal en la frontera norte de Ecuador.
La policía colombiana sigue los pasos de Walter Artízala, alías Guacho, desde hace meses y sabe que se mueve por Esmeraldas, provincia ecuatoriana en la hizo estallar el coche bomba como represalia contra Ecuador por la detención de seis de sus hombres.
Militares que custodian la zona fronteriza contaron que Artízala se encarga del traslado de droga entre los dos países y la información de Inteligencia le vincula con cuatro cárteles del narcotráfico, entre ellos, el Clan del Golfo, de Colombia, y el de Sinaloa, en México, recoge el diario El Comercio. Su ataque, en el que resultaron heridas 28 personas y 200 casas afectadas, ha puesto de manifiesto que la guerra del narcotráfico ha extendido su zona de influencia hasta Ecuador.
Por eso, el país ha solicitado ayuda a Colombia y Estados Unidos en las tareas de investigación y ha declarado el Estado de excepción en dos ciudades de la provincia de Esmeraldas. La Fiscalía de Colombia asegura que en esa zona fronteriza el narco posee hasta 100 propiedades valoradas en 15 millones de dólares y Estados Unidos ha enviado un equipo de peritos especializados en la lucha antiterrorista.
La población vive atemorizada en el municipio de San Lorenzo, donde explotaron casi 100 kilos de explosivo amatol, colocados en una camioneta frente a un edificio policial. El material es similar al que se ha usado en Colombia en otros atentados.
Violencia e inseguridad
Los vecinos prefieren hacer declaraciones sin identificarse por miedo, pero hablan de un panorama de violencia,inseguridad y armas de fuego, con el que conviven todos los días. Es un problema que todos conocen “pero nadie se atreve a hablar”, contó un hombre a la prensa local. Piden que se refuerce la presencia policial y militar para custodiar la línea limítrofe y lamentan que las condiciones de pobreza y la falta de empleo animen a muchos a unirse a las bandas criminales.
El ministro de Defensa de Ecuador, Patricio Zambrano, aseguró dos días después del ataque que su cartera manejaba “información de que en la zona estaban ocurriendo sucesos sumamente complejos”, pero no se sabía “ni fechas ni horas de lo que se podría acontecer”. Por ello, dijo, se reforzó la seguridad. Tras el ataque se han desplazado a la zona 1.600 agentes entre policías y militares y, hace unas semanas, se incrementaron los patrullajes en las provincias de Esmeraldas y Sucumbíos, lindantes con Colombia.
Sin embargo, altos mandos militares retirados cuestionan el desmantelamiento de las herramientas de Inteligencia que coordinaban las Fuerzas Armadas. Su función fue asumida por la Secretaría Nacional de Inteligencia, creada por el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) y que se dedicó a vigilar a ciudadanos y a opositores. Desde entonces, añaden, Ecuador abandonó la política de defensa nacional y ahora enfrenta el narcoterrorismo con un déficit de preparación.
