Kuczynski remienda su gabinete para sobrellevar la crisis política

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski ha nombrado a ocho nuevos ministros en su gabinete. Los cambios representan un intento de oxigenar el Ejecutivo, golpeado desde el 24 de diciembre, cuando concedió un indulto humanitario al autócrata Alberto Fujimori, quien cumplía 12 de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, robo, corrupción y secuestro agravado.

El mandatario anunció los cambios en su gabinete el 27 de diciembre, pero estos se realizaron 13 días después. “Me encuentro trabajando con la Premier Mercedes Aráoz en nuestro nuevo gabinete de la reconciliación. Muy pronto novedades”, tuiteó a finales del 2017. La primera ministra Aráoz añadió que darían los anuncios la primera semana de enero, pero el panorama político no fue propicio.

Fuerza Popular, el Partido Aprista, Alianza para el Progreso y Nuevo Perú anunciaron que sus miembros no aceptarían cargos en el nuevo gabinete. Los dos primeros prefieren mantener su papel de oposición y los otros cuestionan la forma en que el Gobierno tramitó el indulto.

El nuevo ministro de Trabajo, Javier Barreda, pidió al Partido Aprista suspender su militancia para aceptar el cargo. Los líderes del grupo político lo criticaron. Otros de los nuevos ministros son el exdirector de la Biblioteca Nacional, Alejandro Neyra, en Cultura; el militar en retiro Jorge Kisic en Defensa, y Abel Salinas en Salud. El cambio más notorio en el gabinete es la salida del canciller Ricardo Luna, quien fue reemplazado por la ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín, una abogada corporativa.

"Los últimos 30 días han sido probablemente inéditos en nuestra vida política. Hoy vivimos momentos de crispación, pero debemos apostar por el entendimiento para devolverle la establidad a nuestro país", dijo el presidente al final de la ceremonia de juramentación.

El indulto a Fujimori

Kuczynski anunció en 2017 que concedería el perdón a Fujimori, a diferencia de su promesa de campaña electoral de 2016. El 21 de diciembre esquivó una posible destitución por el Congreso con la abstención del voto de diez legisladores fujimoristas que buscaban la libertad de su líder preso, entre ellos Kenji Fujimori, hijo menor del político.

Los fujimoristas disidentes canjearon su voto para lograr el indulto, contraviniendo la línea de Fuerza Popular que encabeza la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, quien prefería que su padre no saliera de prisión para evitar que éste eclipse su liderazgo. Los hermanos Fujimori llevan años de pugna en el partido familiar, pero la disputa empeoró el día de la votación de la destitución presidencial, cuando Fuerza Popular no pudo cesar a Kuczynski.

Fuerza Popular y otros dos partidos buscaban remover al presidente debido a que, entre 2004 y 2014, la constructora brasileña Odebrecht pagó más de cuatro millones de dólares a dos firmas vinculadas al mandatario. Entre 2004 y 2006, Kuczynski fungió como ministro del entonces presidente Alejandro Toledo. Cuando fue cuestionado sobre su conexión con la empresa brasileña, Kuczynski alegó que, al entrar en el Gobierno, delegó sus negocios en un gestor y no se enteró sino hasta diciembre de los contratos de dichas empresas con Odebrecht.

Luego del indulto al autócrata, el Gobierno de Kuczynski ha caído en el desprestigio internacional: numerosos organismos internacionales, entre ellos la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Expertos en Desaparición Forzada de Naciones Unidas han cuestionado la decisión de Kuczynski.

ONG internacionales, entre ellas, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, CEJIL y Washington Office for Latin America han expresado su indignación porque Kuczynski concedió un indulto que no cumple las condiciones establecidas por la ley.

El gobierno del exbanquero de inversión ha enfrentado el 25 y 28 de diciembre manifestaciones nacionales contra la liberación del ex presidente peruano, quien gobernó el país de 1990 a 2000. Solo durante la segunda concentración se reunieron más de 30.000 personas en Lima y miles más en otras ocho regiones. Una nueva marcha nacional se realizará este jueves 11 de enero por el mismo motivo.

El próximo 2 de febrero el Estado peruano debe acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el tribunal evaluará si con el indulto ha incumplido sus obligaciones internacionales derivadas de las resoluciones de los casos Barrios Altos y La Cantuta, crímenes cometidos durante el Gobierno de Fujimori.

Otro de los nuevos ministros es José Arista, en Agricultura, quien enfrenta otra crisis gestada en diciembre, cuando los productores de patata pidieron al Gobierno una política que los protegiera de la caída de precios debido a la masiva importación de papa precocida. Al no obtener respuesta, este martes han iniciado un paro agrario de tres días, que ha sido acatado en cinco regiones de la sierra central y sur, y que se ha expresado en el bloqueo de carreteras. Según la Coordinadora Nacional de Productores de Papa, unas 70.000 familias están afectadas por dichos precios.