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Las tierras de todos, un gasoducto de nadie

La obra tiene dos años suspendida por las demandas de amparo presentadas por los ejidos

Una terminal de recepción de gas natural a medio terminar. Tramos de tubos de acero rodeados de hierba. Las máquinas nuevas se llenan de polvo. Dos guardias las custodian. Nadie las encenderá. A metros de ahí, la central eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el estado mexicano de Hidalgo quema miles de litros de combustóleo al día. El gasoducto que debería suministrarle un combustible menos contaminante a esta planta no está terminado. Desde hace dos años las recurrentes demandas de amparo presentados por los ejidatarios de la zona impiden el avanzar con la construcción del gasoducto Ramal Tula.

Esta obra fue una de las primeras licitaciones adjudicadas tras la promulgación de la reforma energética en México en diciembre de 2013. Con una oferta de 66 millones de dólares la empresa canadiense Atco ganó el concurso en octubre del siguiente año. Cuatro meses más tarde las autoridades federales y locales acudían al banderazo de salida de los trabajos de construcción. En ese entonces, el director de la CFE, Enrique Ochoa Reza (actual presidente nacional del PRI) aseguraba con aplomo que el gasoducto Ramal Tula generaría electricidad más limpia y hasta un 156% más barata respecto a la generación con base en el combustóleo.

Ahora, esos planes, presupuestos y promesas son papel mojado. De un lado, los ejidatarios acusan que no fueron consultados y que la obra representa un riesgo para sus comunidades, del otro Atco México insiste en que sí tuvieron el consentimiento de los pobladores y que ahora ellos se rehúsan a cumplir con el acuerdo. En medio, una serie de amparos presentados por los ejidos de El Pedregal, de la Cañada, de Ocampo y de Progreso, que implican a comunidades con unas 2.000 personas, detienen la construcción de los casi dos kilómetros que restan de un total de 17 kilómetros.

James Delano, vicepresidente de Estructuras y Logística, Relaciones Gubernamentales y Comunitarias de Atco en México cifra en más de 750 días el atraso en la construcción. En junio de 2015 recibieron el primer amparo que les ordenaba la suspensión de una obra. En sus inicios la oferta presentada por Atco fue 17% más barata que lo que tenía presupuestada la CFE, sin embargo, la demora ha elevado los costes del proyecto por encima de los 100 millones de dólares. Las ganancias siguen sin fluir.

El vicepresidente de Atco México asegura que han acudido a todas las instancias implicadas para intentar encontrar una solución. “Muchas juntas, mucha información, pero no ha pasado nada”, admite. Las buenas intenciones y promesas de las autoridades federales y estatales se diluyen con cada nueva demanda de amparo que reciben. Mientras tanto las máquinas pierden su brillo y los tubos de acero se oxidan. “Hay partes de la reforma (energética) que no están listas todavía para que esto sea un proceso eficiente”, dice Delano.

La Secretaría de Energía (Sener) reconoce el retraso de años, pero asegura que siguen buscando un arreglo para poder llevar a cabo el proyecto. “CFEnergía evalúa con Atco la viabilidad de establecer una ruta alternativa, en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el gobierno del estado de Hidalgo”, ha respondido escuetamente la dependencia federal. No obstante, la empresa constructora asegura que la ruta trazada no puede evadir estos terrenos. “La alternativa es la solución con los ejidos”, subraya Delano.

Luis Miguel Labardini, abogado especialista en derecho energético de Marcos y Asociados señala que es frecuente el rechazo de este tipo de obras en el mundo. “Este es un problema que si bien no puede evitarse tiene que tener un mecanismo expedito de solución”, aconseja. El analista añade que si bien la ley en México establece que el desarrollo de la industria de petróleo y gas está por encima de los intereses particulares, en la implementación, los inversionistas se topan con la negación de sindicatos y comunidades.

Los cuatro ejidos del municipio de Atotonilco de Tula, que reúnen a unas 2.000 personas, argumentan que no se ha cumplido a cabalidad la obtención de estas autorizaciones. Al rechazo se suma el temor de riesgos en el medioambiente y a la afectación de sus actividades económicas. En este municipio se siembra maíz forrajero, frijol, avena forrajera, alfalfa y pastos, además de la ganadería de ovinos, porcinos y bovinos. Los presidentes del comisariado se niegan a dar más detalles sobre el avance de sus demandas. Su comunicación se limita a los pasillos en los juzgados, entre abogados.

En los tribunales agrarios las demandas de amparo siguen su curso. Pese a la suspensión de trabajos, 12 personas de la empresa constructora continúan sobre el terreno, realizando tareas administrativas, esperado la reactivación de la construcción. A unos meses de que concluya la administración de Enrique Peña Nieto, el presidente que promulgó la reforma energética, esa señal sigue sin llegar.

Suman proyectos energéticos más demandas

Agencias

Además de las demandas de amparo contra la construcción del gasoducto Ramal Tula en el Estado mexicano de Hidalgo, otros tres gasoductos están frenados por las comunidades. Recientemente un juez ordenó la suspensión del proyecto Samalayuca-Sásabe en Chihuahua. El gasoducto a cargo de Grupo Carso, propiedad del empresario Carlos Slim se detuvo por el amparo del ejido Janos, quienes aseguran que se afectarán 101 hectáreas de sus tierras.

A esta demanda se suman los amparos interpuesto en junio pasado por la comunidad yaqui, en Sonora en contra de la edificación del gasoducto Guaymas-El Oro, así como la suspensión provisional que en octubre pasado obtuvo el pescador Julián Córdova en Tamaulipas para frenar la construcción del gasoducto marino que conectará el sur de Texas con Veracruz. El hombre alega que la obra podría afectar al medioambiente.

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