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La CNDH exige que se declare la alerta de género en Puebla

Colectivos feministas y ciudadanos piden un freno a la violencia machista en el Estado

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Marcha contra los feminicidios en Puebla. Cuartoscuro

La violencia machista ha cimbrado a Puebla, en el centro de México. Los feminicidios de las estudiantes Mara Castilla, el pasado 8 de septiembre, y Mariana Fuentes, a finales de ese mes, han puesto el foco sobre las agresiones que sufren las mujeres y el repunte de la inseguridad en el Estado. La discusión política local ha estado dominada desde entonces en torno a que se declare la alerta de violencia de género en el Estado. El último episodio de ese debate ha sido protagonizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que ha instado al Gobierno federal a que "se implementen medidas urgentes de frente al contexto feminicida en esta entidad", ha anunciado la organización este lunes.

Los conteos independientes calculan que ha habido 88 feminicidios en la entidad hasta hace dos semanas, mientras que la fiscalía estatal contabilizaba 62. "Un solo feminicidio es alarmante, pero, como lo han registrado los medios, la frecuencia y número de muertes violentas de las mujeres poblanas son motivo para llevar a cabo acciones de emergencia", ha manifestado el ombudsman mexicano en un comunicado.

El órgano en defensa de los derechos humanos argumenta que la violencia que sufren las mujeres en Puebla es superior a la media de México. Mientras que cuatro de cada 10 mujeres han experimentado violencia por parte de su pareja, seis de cada 10 en Puebla afirman que la han padecido. Colectivos feministas y de la sociedad civil han expresado que la declaratoria es un primer paso para reconocer el problema de los feminicidios y la violencia machista en el Estado. "Esta lamentable situación (...) evidencia que el Estado ha incumplido con su deber de prevenir las violaciones a los derechos a la vida e integridad personal de las mujeres", expusieron tras el feminicidio de Mara el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría y con otros colectivos estatales y nacionales especializados en género y derechos humanos.

Familiares de las víctimas, académicos, observatorios locales de derechos humanos, diputados federales e, incluso, el fiscal estatal han hecho eco de la necesidad de que se emita la alerta. "Si hay una alerta, bienvenida, y lo digo abiertamente, no es una decisión del estado, es una autoridad federal la que lo tiene que normar, pero en Puebla estamos totalmente abiertos", dijo el gobernador, Antonio Gali, en septiembre.

Gali ha presentado este lunes la estrategia "De una vez por todas" para erradicar y sancionar la violencia de género. El gobernador también ha promovido en las últimas semanas una regulación más estricta para Uber y Cabify, señalados por los feminicidios de Castilla y Fuentes, así como de bares y otros establecimientos para abatir la inseguridad.

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), que depende de la Secretaría de Gobernación (el equivalente del Ministerio del Interior) es la encargada de declararla. "La pelota está en el campo de las autoridades federales", señala el académico de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Alejandro Guillén.

La Conavim ha emitido a principios de este mes nuevas recomendaciones para Puebla, como la creación de una Unidad de Contexto para la investigación de los delitos y crear equipos legales que solo se ocupen de feminicidios, pero ya ha rechazado varias veces que sea necesario la alerta por violencia de género. El órgano ha argumentado que las recomendaciones anteriores se han seguido.

El reclamo de la CNDH se produce durante la visita del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a Puebla para visitar zonas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre.  Apenas en febrero pasado, Osorio Chong inauguró un centro de justicia para las mujeres en Puebla. El organismo ha insistido en la necesidad de que se vigilen los derechos humanos, el respeto entre hombres y mujeres, así como la observancia y aplicación de la ley como pautas básicas de convivencia en Puebla y el resto de México.

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