Puebla da marcha atrás a la suspensión de Uber

Uber seguirá funcionando con normalidad en Puebla. El Gobierno del Estado, en el centro de México, había anunciado este martes que iba a suspender la licencia del proveedor al presentar una iniciativa para regular el transporte privado y los taxis. La propuesta de nueva regulación del transporte privado se mantiene, pero las autoridades dijeron unas horas más tarde que el registro de Uber no se había cancelado.

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 "En este momento, lo que vamos a hacer es lo que se hizo con Cabify, obviamente tener una suspensión temporal", afirmaba el gobernador, Antonio Gali. "La licencia de Uber no está suspendida hasta que esta iniciativa pase por el Congreso", rectificaba Gali un par de horas más tarde. En medio de la confusión y mientras los noticiarios seguían divulgando la supuesta suspensión, la gran incógnita era qué iba a pasar con Uber. Un comunicado del gobernador daba la respuesta: Nada. Aunque en el texto se advertía que si "esta u otra compañía esté involucrada en actos fuera de la ley, serán acreedoras a la cancelación de sus registros". Fuentes del Gobierno local atribuían el enredo a que las palabras de Gali se habían sacado de contexto.

La supuesta suspensión se había anunciado después de que se hizo público que un conductor de Uber estuvo involucrado en el asesinato de Mariana Fuentes, una estudiante de 20 años, el pasado 30 de noviembre. Fue el mismo criterio que se había aplicado para Cabify, a la que se le suspendió la licencia después del feminicidio de Mara Castilla, de 19 años, que fue violada y estrangulada tras abordar un vehículo de la compañía el pasado 8 de septiembre. En un mes, Puebla había cerrado la puerta a los dos gigantes de las aplicaciones de transporte privado en el país como parte de medidas drásticas para contrarrestar la ola de violencia que ha azotado al Estado en los últimos meses. Pero la suspensión nunca llegó.

La cancelación de Uber habría sido el último capítulo de una serie de eventos que habían puesto a la compañía contra las cuerdas. Se dio a conocer el pasado domingo que uno de los cuatro asaltantes que atacaron y mataron a Mariana Fuentes trabajaba para la compañía. La empresa lo confirmó, pero justificó en un comunicado que "este terrible acto de violencia no sucedió durante un viaje a través de nuestra aplicación". Un día después la secretaría local de Seguridad Pública expuso que había al menos 10 casos en los que chóferes de Uber participaron en delitos, desde robo a transeúntes hasta asaltos a tiendas y farmacias.

Los asesinos de la estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla viajaron en un coche de Uber, confirmó el lunes la fiscalía. La firma quiso atajar los cuestionamientos con el anuncio de que reforzaría las medidas de seguridad y de que todos los viajes serán asegurados por Sura (en Ciudad de México) y Axa (en otras 35 ciudades). 

Antes, Uber ya se había visto en dificultades tras el feminicidio de Mara Castilla, que puso a Cabify en el centro de la polémica. Aun con su mayor competidor fuera del mercado, José Andrés García, un conductor de Uber en la capital del Estado, aseguraba que la clientela se había desplomado un 20% en las últimas semanas. "Las usuarias están asustadas", reconocía García y contaba que las precauciones entre las mujeres que abordaban su coche eran máximas por temor a ser violadas o asesinadas.

La entidad ha sufrido un repunte de más del 50% en robos violentos, de más del 35% de los homicidios dolosos y del 7% en violaciones entre enero y agosto de este año, según datos oficiales. El embate de la violencia ha provocado que tres de cada cuatro habitantes de la capital del Estado se sientan inseguros, según datos oficiales divulgados este martes.

"Todas las plataformas tendrán que sujetarse rigurosamente a la regulación aplicable", reza el comunicado que establece la posición definitiva del Gobierno del Estado. "En caso de cumplir con los lineamientos, Cabify podrá regresar a operar", se agrega sobre el principal competidor de Uber, que perdió su permiso en Puebla desde el pasado 18 de septiembre. El siguiente capítulo se definirá cuando se presente la iniciativa de las autoridades en el Congreso local y se establezcan las nuevas pautas para los proveedores de transporte.