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Los periodistas mexicanos se unen para protegerse ante la inacción del Gobierno

Unos 380 periodistas acordaron una serie de acciones para defenderse ante las agresiones contra el gremio

Periodistas protestan tras cumplirse un mes del asesinato de Javier Valdez.
Periodistas protestan tras cumplirse un mes del asesinato de Javier Valdez. AFP

Ante la inacción del Gobierno, los periodistas mexicanos han comenzado a organizarse para protegerse. La semana pasada durante tres días se llevó a cabo un encuentro sin precedenes en la Ciudad de México, donde 381 periodistas, defensores de derechos humanos y personas interesadas en la protección del gremio, participaron en seis mesas de discusión donde se definieron objetivos y acciones para revertir las causas que facilitan las agresiones contra los periodistas. Guillermo Osorno, uno de los convocantes al encuentro llamado Agenda de Periodistas,  explicó que un tema recurrente durante los días de debate fue la necesidad de crear una organización que represente los intereses del gremio. Otras de las necesidades que se plantearon fue la de realizar un diagnóstico sobre los factores de riesgo y las condiciones de los reporteros en todo el país, y la necesidad de capacitación.

El siguiente paso es que en un plazo de dos meses se logre una sistematización de la información y la construcción de un plan de acción que después se llevará a todos los estados del país, informó Osorno en una rueda de prensa donde se dieron a conocer las conclusiones del encuentro. Ixchel Cisneros, directora de Cencos, una asociación civil dedicada a informar públicamente sobre cuestiones relativas a derechos humanos, expuso que esta iniciativa es un paso enorme para defender el derecho de las audiencias a estar bien informadas y para exgirle al Gobierno mexicano que respete a los periodistas. "En México se mata, se vigila y se agrede a periodistas y no pasa nada", manifestó.

El asesinato de Javier Valdez ocurrido el pasado 15 de mayo en Sinaloa (noroeste de México), fue el detonante para que los periodistas pasaran a la acción tras una serie de agresiones, intimidaciones y asesinatos que se han agudizado en los últimos quince años. Artículo 19, una organización que defiende la libertad de expresión, ha registrado 106 asesinatos de periodistas desde el 2000. De estos, 33 casos se han registrado durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Actualmente hay 24 comunicadores desaparecidos. México es el país latinoamericano más letal para ejercer el periodismo, según el último informe de Reporteros sin Fronteras.

Las acciones a seguir se construirán con las conslusiones obtenidas en las mesas de trabajo que se realizaron el pasado 14, 15 y 16 de junio. Las temáticas que se analizaron durante esos tres días estuvieron relacionadas con la construcción de una agrupación para proteger a comunicadores en riesgo, en alternativas para combatir la impunidad, solidaridad gremial, derechos laborales, publicidad oficial y en la construcción de organizaciones sociales que defiendan la libertad de expresión.

Francisco Sarabia, reportero de Ríodoce, el semanario donde trabajaba Javier Valdez, expresó que la agenda de periodistas les permitirá tener un plan de acción para enfrentar al Estado ante la injusticia y las agresiones. "Estamos construyedo un periodismo ante el miedo, la muerte de Javier nos permitió ver que teníamos que hacer este esfuerzo, construirlo, porque merecemos un país más justo, sin tanta corrupción e impunidad. Si algo nos deja la muerte de Javier Valdez es este legado de organización local, nacional e internacional", manifestó el reportero.

Los periodistas también condenaron el espionaje gubernamental hacia la prensa y los defensores de derechos humanos que reveló el lunes el New York Times. Ignacio Rodríguez Reyna, miembro de Quinto Elemento, resaltó que esto constituye una violación a las garantías individuales de las personas y lo que más sorprende es la reacción del Gobierno. El reto para el gremio, agregó Rodríguez Reyna, es que a través de esta organización inédita los periodistas detengan este tipo de prácticas. Cisneros, de Cencos, aseguró que las autoridades están obligadas a investigar.