Satanizaciones

Hace pocos días estuvo en Lima Sergio Moro, el juez federal brasileño a cargo del caso Lava Jato, que convirtió primero a Brasil y luego a Latinoamérica en una superproducción en desarrollo con una simple e irresistible premisa argumental: ¿Cuántos presidentes terminarán engrosando la lista de coimeados por las empresas constructoras brasileñas? Y en el nivel de actores de reparto: ¿cuántos otros ministros, congresistas y, además, empresarios asociados en el lucro y el soborno?

En una conversación/entrevista que tuve luego con él poco antes de su regreso a Brasil, Moro — el juez, hay que recordarlo, cuyo manejo inteligente de la severidad judicial, fue uno de los factores centrales en llevar a la capitulación a los poderosos capitanes de empresas de Brasil e iniciar o reforzar la poderosa avalancha confesional que hoy re-escribe la historia brasileña y latinoamericana— hizo una observación que algunos encontrarán sorprendente.

"Me preocupa" dijo, refiriéndose a las todavía incipientes investigaciones fuera de Brasil, "una excesiva vilificación de las empresas brasileñas... como si solo ellas hubiesen cometido pagos de coimas en esos contratos...".

"Yo asumo" continuó "que si los actores políticos latinoamericanos recibieron sobornos de las empresas brasileñas, probablemente recibieron también pagos de otros agentes así fue en Brasil... no fue un asunto aislado sino una cosa serial". "Focalizar eso en unas pocas empresas es esconder un problema mayor".

Moro tiene razón. Si bien es cierto que las empresas brasileñas actuaron con la disciplina de un Cartel bien afiatado y que —especialmente algunas de ellas, como Odebrecht—, ofrecieron un sofisticado sistema de pago de sobornos, que parecía virtualmente indetectable, ninguna de esas compañías sedujo a líderes y empresarios latinoamericanos, ni los hizo pasar de la inocencia a la corrupción. No hubo vírgenes entre los coimeados. Eran todos corruptos, unos más trajinados que otros, que vieron la posibilidad de potenciar sus robos prefiriendo a empresas que parecían más eficientes en administrar las coimas.

Pero, lo cierto es que como primera reacción a las todavía escasas (pero ya sísmicas) revelaciones, se ha desatado en el Perú una cierta moralina anti brasileña. Lo primero fueron reclamos para expulsar a las compañías del caso Lava Jato, después de embargar sus cuentas.

Ha habido hasta pedidos de exigir no solo disculpas sino una reparación al gobierno de Brasil. Lo hizo Jaime de Althaus, un comentarista que solo suele emocionarse cuando se trata de defender el libre mercado como la receta perfecta para el desarrollo económico, social y quizá hasta de la felicidad humana.

Utilizando la palabra "imperialista" con el fervor que uno hubiera asociado al marxismo-leninismo del siglo pasado, Althaus sostuvo en un artículo reciente en El Comercio, que Brasil llevó a cabo una meditada política imperialista "orientada al expansionismo económico y al control político de otros países". Los "agentes en el exterior de esa política imperialista eran las grandes empresas brasileñas, esta vez al servicio del control político pero también de la penetración económica".

He visto a muchos ex marxistas asumir un lenguaje hayekiano, pero es una de las primeras veces en las que leo a un creyente fervorosos del Mercado adoptar un discurso leninista. Y está, por supuesto, equivocado.

A Brasil le debemos el caso Lava Jato y le debemos la inédita revolución judicial y ciudadana que ha expuesto y derrotado (ojalá que definitivamente) la poderosa y secular corrupción de su país. Virtualmente todo lo que América Latina sabe sobre la corrupción de Lava Jato en sus naciones, se debe a lo investigado, a gran costo, en Brasil. Y en el proceso de investigar y revelar, tampoco debe destruirse a las empresas brasileñas (ni a las nacionales) que perpetraron acciones corruptas. Debe aplicarse con ellas el método que se usó en los grandes casos de corrupción corporativa, como en los de Siemens y Alstom. No se trata de cerrar a las empresas, afectando a muchísimos inocentes como víctimas colaterales, sino obligarlas a reformarse y hacerlas restituir todo lo robado.

Deben ser forzadas a separar a todos los delincuentes, a efectuar profundas reformas para evitar y detectar cualquier intento de corrupción, imponérseles un monitoreo externo, que vigile por un plazo largo el cumplimiento de lo acordado. Y, finalmente, deben pagar no solo el monto de los sobornos, sino la ganancia que ellos generaron. En Estados Unidos se calculó que la relación es de uno a cuatro. Eso me parece bien para Latinoamérica. Deben pagar cuatro dólares por cada dólar de soborno. Y para que puedan hacerlo, debe dejárseles trabajar bajo los nuevos parámetros de integridad empresarial. Así, la gente honesta de esas compañías no perderá su trabajo y nuestras sociedades podrán recuperar buena parte de lo robado.

Además, por supuesto, hay que descubrir, procesar y castigar a los corruptos con los métodos de prueba y delación que han funcionado tan bien hasta hoy.