Perú amenaza con retener el dinero de una venta de Odebrecht por la trama corrupta

El Gobierno peruano se plantea retener el dinero de una venta multimillonaria de la constructora brasileña Odebrecht, mientras que la justicia indaga el pago de sobornos de la compañía en el país. La empresa quiere vender su participación del 55% en el Gasoducto del Sur, un proyecto valorizado en más de 7.000 millones de dólares adjudicado por la Administración anterior. El capital retenido ingresaría a un fondo de garantía por si la justicia llegara a probar que la empresa cometió actos de corrupción.

El ministro de Economía peruano, Alfredo Thorne, advirtió de que si Odebrecht vende “no cobraría su participación”, pero que podría recuperar el dinero “si es que [tras la investigación] limpia su trayectoria sobre los casos de corrupción”. La empresa reconoció el mes pasado ante la justicia estadounidense haber pagado 29 millones de dólares en sobornos en Perú entre 2005 y 2015, pero quedan muchos cabos por atar.

Para enfrentar una investigación de esta magnitud, la Fiscalía peruana solicitó un presupuesto de 10 millones de soles (unos tres millones de dólares), que el propio Thorne acaba de aprobar. Así se espera que cuente con recursos para contratar especialistas que analicen la enorme cantidad de documentos contables y contratos de la megaoperación, y para participar en los interrogatorios de los involucrados.

La presidenta del Consejo de Defensa Legal del Estado, Julia Príncipe Trujillo, ha criticado la reserva con que la Fiscalía lleva adelante sus pesquisas. Apenas se sabe que desde noviembre funciona un equipo especial de fiscales encargado de reunir la información sobre las ramificaciones locales de la trama corrupta que Odebrecht orquestó en el continente.

Por un acuerdo con sus pares brasileños, la investigación debe manejarse confidencialmente, lo que ha provocado varias tensiones. Príncipe criticó: “Lo único que se dice es que esos acuerdos tienen el carácter de reservado o confidencial. No sabemos cuáles son las condiciones, se dice que es un adelanto del pago por las apropiaciones indebidas, todo es especulación”. La funcionaria cuestionó el acuerdo entre la Fiscalía y Odebrecht, en el que la empresa se comprometió a colaborar con las investigaciones, además de entregar 30 millones de soles (unos nueve millones de dólares) como adelanto por sus ganancias mal habidas. Príncipe afirmó que la Procuraduría Anticorrupción debe incorporarse al caso.

La funcionaria también exigió incluir en la investigación a Marcelo Odebrecht, representante de la constructora, al empresario Gonzalo Monteverde y a Jorge Barata (máximo responsable de Odebrecht en Perú durante 12 años), y solicitó reunir los testimonios de 80 funcionarios, incluidos los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. Junto a ellos, pidió llamar a varios exministros, incluido el de Estado, Pedro Pablo Kuczynski, presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía de Toledo.