El PAN abandona al exgobernador de Sonora por la investigación en su contra

La fiscalía mexicana investiga al exgobernador del norteño Estado de Sonora, Guillermo Padrés, por enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos. El exmandatario, quien concluyó su gestión en septiembre de 2015, ha interpuesto numerosos amparos que hasta el momento han evitado su detención. En tanto sigue la investigación en su contra, el partido político que lo llevó al poder –el conservador Acción Nacional- ha suspendido sus derechos partidistas para no verse manchado por este escándalo.

Este miércoles, Acción Nacional decidió abandonar a Padrés como una medida cautelar mientras se le investiga, “con la finalidad de evitar un mayor perjuicio a Acción Nacional”, argumentó Luis Felipe Bravo, presidente de la comisión Anticorrupción del partido. Dicha instancia anunció desde el 8 de septiembre que discutiría la posibilidad de retirar los derechos como militante panista de Padrés, pero fue hasta este miércoles que el PAN tomó la decisión, horas después de que el gobernador de Veracruz, Javier Duarte renunciara por las investigaciones que se le siguen –también por corrupción-.

Padrés es acusado de desfalcar al erario público con más de 30.000 millones de pesos (unos 1.700 millones de dólares) y de obtener recursos de procedencia ilícita por casi nueve millones de dólares, producto de sobornos que presuntamente le dio un amigo suyo a cambio de contratos para la manufactura de uniformes escolares, según el diario El Universal. Por ello, la fiscalía Anticorrupción de Sonora, la fiscalía general y el Servicio de Administración Tributaria iniciaron una investigación en su contra el año pasado, siendo todavía gobernador.

El 29 de septiembre pasado, un juez concedió a la fiscalía una orden de aprehensión en contra de Padrés Elías, sin embargo, horas después se le concedió un amparo que le permite seguir en libertad mientras no se le persiga por un delito grave. Por dicho amparo, el sonorense debió pagar 72.500 pesos (unos 3.800 dólares). Actualmente, según la prensa local, la autoridad busca que el juicio contra Padrés se lleve a cabo bajo el viejo sistema de justicia (inquisitivo) a fin de que no libre la cárcel en caso de ser hallado culpable, pues con el nuevo sistema acusatorio (que entró en vigor en todo el país en junio) si los delitos que se le imputan no son graves, podría enfrentar el proceso en libertad.

Además del desvío de recursos públicos, el panista suspendido tiene otros señalamientos en Sonora contra él e incluso su esposa, Iveth Dagnino, acusada hace un año de trata de personas por la presunta venta de 50 bebés a una red de traficantes, según organizaciones locales de protección a la niñez. En 2014, Padrés mandó construir una presa dentro de una de sus propiedades sin permisos legales, misma que tuvo que ser demolida por una resolución del organismo que administra el agua a nivel federal, Comisión Nacional del Agua.

El exgobernador de Sonora está siguiendo el camino del veracruzano Javier Duarte, con un orden distinto. Ambos son investigados por corrupción desde que aún estaban en funciones, pero Padrés logró terminar su Gobierno sin ser detenido ni enjuiciado, mientras que Duarte pidió licencia al cargo poco más de un mes antes de concluir su mandato. Al veracruzano le fueron removidos sus derechos políticos (del PRI) antes de su renuncia, y a Padrés un año después del cambio de Gobierno. Ambos forman parte de una ‘lista negra’ de gobernadores mexicanos que han sido perseguidos por la ley debido al abuso de sus funciones: enriquecimiento ilícito, desvío de recursos, adquisición de bienes con fondos públicos, nexos con el narcotráfico, entre otros delitos.

En la lista figuran otros priistas, como Humberto Moreira, de Coahuila (acusado de lavado de dinero y vínculos con el cártel de Los Zetas); Mario Villanueva, de Quintana Roo (preso en Estados Unidos por delincuencia organizada, y César Duarte, actual mandatario de Chihuahua, acusado por la fiscalía de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

El listado también incluye funcionarios del PAN, como el exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat (sentenciado por peculado y liberado bajo fianza), y del izquierdista PRD, como Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero que pidió licencia tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.