La crisis del transporte en Michoacán llega su fin tras la promesa de protección policial

El límite fue superado una vez más. Las retenciones y quemas de autobuses que desde hace años azotan a las empresas de transporte en México han llegado al extremo en Michoacán. En este volcánico territorio, de 4.310.000 habitantes, las líneas suspendieron durante 24 horas el servicio ante la escalada de violencia impulsada por los estudiantes normalistas en sus protestas contra la reforma educativa. Abandonados a su suerte por las autoridades, cientos de vehículos han sido retenidos en los últimos meses y decenas de ellos han acabado quemados. La reanudación del servicio, iniciada el sábado a las nueve de la mañana, se decidió después de que el Gobierno estatal ofreciera protección y de que los empresarios primaran el interés de los usuarios.

La historia es tan vieja como conocida. En un país de grandes distancias y pocas líneas férreas, los autobuses dominan el transporte terrestre y juegan un papel vertebrador. Con un mapa de rutas muy desarrollado, ofrecen a precios asequibles una calidad muy superior a la media latinoamericana. Pese a ello, sufren el olvido de las autoridades y son víctimas tanto de los ataques del crimen organizado como de la ira de todo tipo de colectivos radicales. Los primeros, en especial en Tamaulipas y el Estado de México, los han convertido en blanco de terribles asaltos. Los segundos se han especializado en tomarlos a la fuerza y quemarlos en sus perpetuos pulsos al Estado.

La práctica, para desgracia de cientos de miles de usuarios, se ha vuelto un fenómeno masivo. Sólo entre octubre de 2014 a julio de 2016, según un estudio del sector, fueron tomados ilegalmente 2.414 autobuses, en su mayoría en Guerrero, Estado de México, Oaxaca, Michoacán y Veracruz. El tiempo medio de secuestro fue de 10 días y las pérdidas alcanzaron los 270 millones de pesos. Una cifra que suma otros 300 millones de pesos si se considera la inversión inutilizada.

A este cuadro hay que añadir el impacto de los apedreamientos (2.732 en 2015 y 1.672 en los ocho primeros meses de este año) y el vandalismo que sufren los vehículos cuando quedan en manos de los normalistas. “Las autoridades observan, pero no intervienen; es gravísimo”, señala un empresario.

Esta crisis de seguridad ha entrado en fase aguda en Michoacán, gobernada por Silvano Aureoles, del PRD. En una escalada contra la reforma educativa, los normalistas han apretado el acelerador y multiplicado sus ataques a autobuses, trailers y hasta camiones con alimentos. “Han llegado a tener retenidos 200 vehículos de todo tipo”, denuncia el presidente de la Cámara Nacional de Transporte de Pasaje y Turismo de Michoacán, Arcadio Méndez Hurtado.

El pasado martes, ante el agravamiento de la violencia, la policía estatal detuvo a 49 estudiantes que desde hace semanas mantenían retenidos dos autobuses y dos camionetas en la carretera Zacapu-Carapan (Michoacán). La reacción fue furibunda. Pese a que 18 de sus compañeros quedaron libres al día siguiente, los estudiantes de magisterio tomaron como rehén al director de Seguridad de Chilchota (10.000 habitantes) y amagaron con quemarlo. El jueves, después de 36 horas de secuestro, fue liberado. Entretanto, más vehículos habían ardido y las protestas arreciaban. Michoacán, una tierra secularmente olvidada por el Estado, volvía a entrar en erupción.

En este escenario de descomposición, la Cámara Nacional de Transporte de Pasaje y Turismo de Michoacán decidió este viernes, para salvaguardar la seguridad de los usuarios y trabajadores, así como el patrimonio, suspender el servicio con carácter indefinido. La totalidad de las líneas secundaron la medida. El principal nervio comunicativo del territorio quedó paralizado.

Los transportistas, golpeados por décadas de violencia e impunidad, pidieron la liberación de la decena de autobuses que aún siguen retenidos y el pago de las unidades quemadas. “Llevamos 30 años soportando esto y ningún Gobierno ha conseguido frenar esta violencia. Los normalistas, una vez detenidos, presionan, se manifiestan y el Estado cede. Salen a la calle con fianzas de sólo 1.000 pesos (50 dólares) y a nosotros nadie nos restituye el daño”, señaló el representante de los transportistas.

De la misma opinión fueron otros colectivos civiles. Los empresarios michoacanos enviaron una carta para pedir a las instancias estatales y federales que hiciesen cumplir la ley. Y la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán exigió el uso de la fuerza contra el vandalismo. "No se puede seguir con la política de tolerancia permanente cuando hay terceros afectados, el gobierno federal y el estatal deben imponer el estado de derecho", señaló dicha entidad.

La firmeza de los transportistas tuvo su efecto. El Gobierno de Michoacán ofreció protección a los autobuses. Ante este gesto, los empresarios priorizaron el interés de los usuarios y optaron por reanudar el servicio. "Esperamos que con la puesta en libertad de los normalistas que quedan detenidos nos devuelvan los autobuses retenidos y que el pago de daños, al igual que ocurrió en Oaxaca, se haga a través de estímulos fiscales con la Secretaria de Hacienda", indicó Méndez. La normalidad, de momento, ha vuelto a las carreteras michoacanas. Pero el problema de raíz sigue ahí. Los transportistas lo saben bien. Años de ataques se lo han enseñado.