Un informe revela que los desplazados por la violencia en México buscan asilo en EE UU

Las organizaciones que atienden a emigrantes en las ciudades fronterizas de México han detectado un nuevo fenómeno social. Desde 2013 se ha registrado un aumento en la cantidad de personas que llegan a las entidades de la frontera para buscar asilo en Estados Unidos. “Este nuevo suceso migratorio es el de la población que está saliendo de sus lugares de residencia de manera forzada por motivos de violencia”, se lee en un informe realizado por la Coalición Pro Defensa del Migrante con otras asociaciones civiles. Para el estudio se constituyó una base de datos con 1.106 casos que se detectaron en el centro Madre Asunta en Tijuana, Baja California y se encontró que el 73,2% de las personas entrevistadas provienen de Guerrero y Michoacán.

En siete de cada diez casos la causa del desplazamiento se debió a la violencia existente en el lugar donde residían los emigrantes. El 30% restante argumentó otros motivos, pero todos relacionados indirectamente con la inseguridad. “En algunas zonas donde los enfrentamientos a fuego son lo cotidiano la migración ha sido masiva y ha respondido a amenazas directas del crimen organizado”, se lee en el informe titulado Vidas en la Incertidumbre. El 18% de los desplazados manifestaron que ellos o sus familiares cercanos fueron víctimas de algún delito o acto de violencia. "De este porcentaje el 34% señaló haber sufrido el secuestro de un familiar, el 10,5% fue secuestrado, el 26,7% sufrió extorsiones y el 26,3% padeció violencia doméstica".

Un dato revelador es que nueve de cada diez desplazados señalaron que habían llegado hasta las ciudades del norte para solicitar asilo en EE UU. José Ascencio Moreno, integrante de la Coalición Pro Defensa del Migrante, explicó que muchas de estas personas llegan con documentos firmados por autoridades locales donde se corrobora que se han visto obligados a salir a causa de la violencia, pero esa hoja no garantiza que se les conceda la figura legal. “Se ha corrido la voz que las personas pueden obtener el asilo, pero no es fácil”, dice el activista. El proceso puede tardar de seis meses a un año.

Alejandra Viruete Méndez, abogada de la Casa del Migrante Scalabrini en Tijuana, explica que el 98,9% de los solicitantes mexicanos no califican para el asilo. "Les piden pruebas y es casi imposible reunirlas. Además el procedimiento es largo y muchos desisten", menciona. En el albergue donde trabaja han visto casos de personas que llegan cansadas del ambiente de violencia donde vivían. "Se quejan del derecho de piso, ellos no pueden tener un negocio sin que se vean obligados a pagar y no pueden desarrollar sus actividades cotidianas por la violencia", comenta. Estas condiciones los obligan a emprender el trámite de solicitud de asilo.

En el informe se incluye el testimonio de varios desplazados. Daniel, por ejemplo, cuenta que dejó su casa en Zitácuaro, un poblado de Michoacán, para proteger a su familia. Un día varios sicarios de una organización criminal intentaron llevarse a su hijo para integrarlo a actividades ilegales. “Querían que él trabajara para ellos porque en ese tiempo andaban agarrando muchachillos de entre 15 y 18 años”, contó el señor en una entrevista en un albergue de Tamaulipas. Bella, una luchadora social de Guerrero, cuenta que ella tenía una organización que apoyaba a mujeres en la región serrana, pero tuvo que dejar de trabajar porque ya no podía subir a la zona a causa de la inseguridad. "Donde yo vivo han encontrado gente muerta, se meten en las casas y se ven personas armadas en las calles, mi papá fue amenazado y murió", relata.

Las organizaciones que participaron en el estudio piden al Gobierno mexicano reconocer el problema de desplazamiento interno forzado y crear un marco normativo que proteja a la población afectada. También se solicita brindarles un refugio, alimento y servicios médicos y prestar atención a las personas que les fue negada la solicitud de asilo. "Es prioritario generar un fondo económico especial para su inserción laboral", se expone en el informe.

En mayo pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó un informe donde resaltaba que la violencia en el país había obligado a 35.433 personas a marcharse de sus hogares desde 2007. Los desplazamientos se daban en un contexto en el que los carteles de la droga luchaban por el transporte y los campos de producción y el Gobierno había sido incapaz de combatir la inseguridad, denunciaba la CNDH . “La atención a las víctimas es escasa o nula en la mayoría de las veces”, subrayó.