Dimite en México el encargado de medir la pobreza
La polémica por el cambio en el modelo de medición de ingresos, que disminuye drásticamente los pobres, se cobra una víctima política
Un terremoto estadístico se ha cobrado su primera víctima política en México. Tras la polémica creada por el repentino cambio en el método oficial de medición de ingresos, que según estimaciones no oficiales supondría que en 2015 habría la friolera de 10 millones menos de pobres que en 2014, el director de Estadísticas Sociodemográficas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el reputado técnico Miguel Juan Cervera, ha dimitido.
El Inegi modificó su modelo para corregir el subregistro de ingresos, dado que es común que los ciudadanos digan menos de sus ganancias reales. Así, durante la recogida de datos de 2015 se optó por volver a los hogares “sospechosos” de haberlo hecho, sobre todo a los que no declararon apenas ingresos, lo que arrojó cifras mucho más positivas que el año anterior pero estadísticamente incoherentes y contradictorias con la anemia económica del país.
El problema más grueso del ajuste del instrumento estadístico, como ha reconocido el propio Inegi, es que ha roto la posibilidad de comparar los datos con los de años anteriores. En México se empezó a hacer este registro oficial de ingresos en 2008. Los técnicos buscan ahora la manera de arreglar el desaguisado y poder afinar el mecanismo para que no se pierda la línea de comparabilidad histórica, indispensable para la evaluación de las políticas contra la pobreza, un fenómeno que afecta, según datos de 2015, a un 46,2% de la población mexicana.
Economistas críticos han alertado además de que el intento de corregir el subregistro se ha centrado en los pobres, cuando existen estudios que indican que son los sectores más acomodados los que ocultan más de sus ganancias. Partiendo de esa tesis, consideran que el nuevo modelo de medición de ingresos, al corregir al alza los de los pobres pero no los de los ricos, reducirá la brecha entre unas clases y otras, la profunda inequidad que padece México, donde un 10% de la sociedad acumula el 68% de la riqueza y un 90%, el 32% restante.
El organismo encargado de analizar los datos del Inegi y de presentar conclusiones públicas, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo, ha denunciado que, en contra de lo que señala la ley, no fue consultado por el Inegi sobre la modificación del modelo. Pese a ello se han puesto a trabajar en conjunto para tratar de arreglar la situación y poder contar con datos útiles de 2015 y no perder la línea de comparabilidad.
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