La justicia mexicana afirma que los 43 normalistas fueron ejecutados

Los 43 normalistas del Estado mexicano de Guerrero desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014 no fueron víctimas de desaparición forzada sino ejecutados, afirmaron jueces federales en una serie de sentencias difundidas este sábado por el diario mexicano Reforma.

El juzgado primero de Distrito en Procesos Penales Federales y el segundo Tribunal Unitario de Tamaulipas emitieron sus sentencias respecto a la presunción de que los estudiantes de la Normal rural de Ayotzinapa hubieran sido privados de la libertad y se encontraran ocultos por alguna autoridad, lo que constituiría una desaparición forzada.

Este delito requiere de tres condiciones para ser considerado como tal: la negativa de los acusados a entregar información fidedigna sobre el paradero de las víctimas; que los civiles involucrados aprovechen el apoyo de funcionarios, y que acrediten el ocultamiento de las víctimas. Esta última no ocurrió, por lo que los tribunales ya no analizaron las otras dos condiciones, pues a falta de sólo una de ellas, no queda acreditado el delito.

Los indicios de la Fiscalía general, de acuerdo con los jueces, indican que los 43 normalistas fueron víctimas de una ejecución sumaria, es decir, que la persona es juzgada, condenada y ejecutada en un mismo momento, como en un fusilamiento.

“Las constancias procesales apuntan en forma coincidente a que las víctimas no fueron mantenidas en el ocultamiento; muy al contrario, fueron detenidas, privadas de la libertad y trasladadas al lugar donde fueron ejecutadas sumariamente”, reza la sentencia de los jueces federales, según el diario.

Absueltos de este delito

Al no quedar acreditado el delito de desaparición forzada, las instancias judiciales rehusaron girar órdenes de aprehensión por este delito contra 56 acusados, entre ellos el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda (acusados de haber mandado matar a los estudiantes), así como policías municipales de Iguala y Cocula, y presuntos miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos.

A la fecha, 120 políticos locales, policías, presuntos narcotraficantes e informantes han sido encarcelados por el caso Iguala, pero la Fiscalía no ha fincado responsabilidades a ninguno de los inculpados por desaparición forzada.