La CIDH termina el mandato de los expertos de Iguala

Los expertos internacionales del caso Ayotzinapa no seguirán investigando la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala cuando acabe su actual mandato, el 30 de abril. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha tomado esta decisión a pesar de que considera, como dejó claro este viernes en una rueda de prensa en Washington, que los objetivos de esta misión “permanecen incumplidos”, sobre todo el principal, lograr ubicar a los jóvenes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en el estado mexicano de Guerrero.

Pero la negativa del Estado mexicano a prorrogar el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), comunicado oficialmente esta misma semana, hace imposible su continuación pese a que tanto la Comisión como la otra parte, los representantes de las víctimas, abogaban por mantener la investigación independiente hasta “determinar la verdad de lo ocurrido”.

“Dada la naturaleza del acuerdo de asistencia técnica, en la que es indispensable la anuencia del Estado, la CIDH considera que no están dadas las condiciones para continuar el mandato del Grupo”, explicó la Comisión en una declaración.

La decisión se conoce poco después de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) diera un nuevo giro al caso y presentara una nueva línea de investigación. En esta, se cuestiona la versión oficial, se implica a la Policía Federal, pide revisar el papel del Ejército, ofrece nuevos escenarios para las desapariciones y aporta otro personaje a la trama, un presunto cabecilla del sanguinario cártel Guerreros Unidos.

Unos datos que, según el presidente de la CIDH y relator para México, James Cavallaro, “demuestran que el caso no ha sido esclarecido, que no se ha cumplido cabalmente con el acuerdo del GIEI, que no se ha llegado todavía a la verdad”.

“Es lamentable que, no habiéndose concluido el objetivo principal de la asistencia técnica, se dé por concluido” el mandato, dijo por su parte el secretario ejecutivo de la CIDH, el mexicano Emilio Álvarez Icaza.

Es por ello, así como por la “imperiosa necesidad de continuar vigilantes en este asunto” que, pese al fin del mandato del GIEI, la Comisión pretende seguir vinculada al caso. Para ello, anunció la creación de un “mecanismo especial de seguimiento” cuya composición y trabajo están sin embargo aún por definir, en función de qué se negocie con las partes, incluido el Estado.

El ancla de la CIDH para mantener su presencia en Ayotzinapa es la medida cautelar aún vigente, como subrayaron los comisionados, que urge al Estado que adopte las “medidas necesarias para determinar la situación y paradero de los 43 estudiantes”, algo todavía no garantizado.

Pese al fin del GIEI, que todavía tiene que presentar su informe y conclusiones finales, el 24 de abril en México, la Comisión fue enfática en destacar la importancia de su labor en el año largo que ha investigado la desaparición de los normalistas.

“El GIEI ha contribuido a desmontar una versión incorrecta, ha mostrado las fallas gravísimas en la investigación, ha mostrado la imposibilidad física de la incineración de 43 estudiantes (en el basurero de Cocula)”, recordó Cavallaro. “Ha demostrado que se seguían líneas de investigación comprobadamente equivocadas y ha servido para informar a la sociedad mexicana y mundial de lo que estaba sucediendo, y para reorientar esa investigación”.

Los comisionados no ocultaron este viernes la frustración de tener que cerrar en falso un proyecto que en los últimos meses han tenido que defender de forma reiterada ante la “campaña de desprestigio” contra los expertos del GIEI emprendida en México por algunos medios, y tras la cual la CIDH ha visto la mano del Estado. Pero fueron enfáticos en que el fin del mandato de los expertos no significa un abandono del caso ni de los familiares de las víctimas.

“Aquí no hay abandono de ninguna manera, tenemos la total intención de seguir en el monitoreo, no solo de la investigación sino también en temas relacionados con la seguridad y el bienestar” de los beneficiados por la medida cautelar, aseguró Cavallaro.