Jóvenes, rebeldes y “presos políticos”: los casos de Jesse y Luis Fernando en México
El primero fue condenado a casi nueve años tras varios altercados con la policía. El segundo fue acusado de quemar un autobús. Ambos niegan la mayoría de acusaciones
A finales del año pasado, el líder izquierdista Andrés Manuel López Obrador, contendiente en las dos últimas elecciones presidenciales, anunció que su formación, Morena, impulsaría una ley de amnistía en favor de los "presos políticos" de la Ciudad de México. Obrador y los suyos se referían a 14 jóvenes que habían participado en protestas en la capital y que ahora cumplen condena o asisten a su proceso desde prisión. EL PAÍS visitó a dos de ellos en el Reclusorio Sur.
En el pabellón de ingresos del reclusorio sur de la Ciudad de México, en un pasillo de cuatro celdas, conviven, cada uno en su pieza, los jóvenes Jesse Montaño y Luis Fernando Sotelo.
Preso desde junio de 2014, Montaño, de 31 años, fue condenado a ocho años y ocho meses por llevar una navaja y dos bolsas de marihuana, entre otros delitos, en una marcha en apoyo a los sindicatos de la educación en septiembre de 2013. La marcha discurrió sobre la Ciudad de México. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se manifestaba el 1 de septiembre, coincidiendo con la rendición del primer informe del presidente Enrique Peña Nieto, que había ganado las elecciones a finales del año anterior.
“Después de una protesta contra los toros, en que me trajeron a esta misma cárcel”, explica Montaño sentado en el camastro de su celda, “salí absuelto. Pero fue una forma de decir, ‘ya bájale’. Como no lo hice, en la protesta de la CNTE ya me agarran, me siembran marihuana, una navaja. Salgo a los cinco días, pero ya no salgo limpio, me imputan cuatro delitos que son por los que estoy aquí: resistencia de particulares, dicen que los aventé a los policías, mentira. Una navaja, que ni siquiera tiene mis huellas digitales, tercero, dos bolsas de marihuana. Dicen que soy narcomenudista, pero no tiene ningún sentido ir a vender marihuana a una marcha. Luego, los policías cambiaron su declaración en las audiencias. Dijeron que primero no me encontraron nada ahí, en la marcha, porque no se daban las condiciones, que porque había mucha gente; que, posteriormente, me la encuentran en la patrulla, ya cuando no había nadie… Y la última, que es ultrajes, que insulté a unos policías, pero fue porque ellos estaban violando mis derechos, estaban metiendo las manos a mis bolsas, las manos a mi mochila, hay videos”.
Los policías cambiaron su declaración en las audiencias. Dijeron que primero no me encontraron nada ahí, en la marcha, porque no se daban las condiciones, que porque había mucha gente; que, posteriormente, me encuentran la marihuana en la patrulla, ya cuando no había nadie… Jesse Montaño
Montaño siguió en libertad hasta el 12 de junio de 2014. Por entonces, el gobierno de la capital había instalado una pantalla gigante en el zócalo para que los aficionados siguieran los partidos de México en el mundial de fútbol de Brasil. Montaño, célebre por su escalada meses antes a la Estela de Luz, un monumento de 104 metros de altura, escaló ese día la pantalla para colocar una pancarta en favor de los “presos políticos”, sus compañeros. “No estoy en contra del mundial, de hecho, me gusta el fútbol”, cuenta, “pero era para que vieran que algo está pasando en nuestro país. Bueno, eso es suficiente para que me lleven y me digan que hay una orden de aprehensión girada en mi contra… Se hizo efectiva su promesa implícita de que si no me calmaba me iban a llevar”.
En marzo, la Suprema Corte de Justicia de México declaró inconstitucional el artículo del código penal de la capital, que recoge el delito de ultrajes, uno por los que fue condenado el muchacho. El jueves santo, día de visita en el reclusorio, Montaño explicaba que le habían rebajado la condena. “Irónicamente el único delito, el de ultrajes, por el que debía quedar, me quitaron parte”.
Aunque las autoridades judiciales anulen la parte proporcional de la condena que corresponde a ese delito, Jesse parece que tardará en salir.
En la celda de al lado, Luis Fernando pasaba la mañana del jueves con una amiga. De 21 años y un aplomo poco habitual para alguien de su edad, Sotelo explicaba que cayó preso el 5 de noviembre de 2014, el día que unos encapuchados quemaron un autobús en Ciudad Universitaria, CU.
“Ese día estuve informándome en CU de las diferentes asambleas que se iban a llevar a cabo. Era la tercera jornada de solidaridad con Ayotzinapa”, explicaba Sotelo. En noviembre de 2014, la sociedad mexicana asistía asombrada al horror de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, en el estado de Guerrero, a pocas horas de la capital. Aunque había ocurrido en septiembre, la Ciudad de México fue el escenario de cantidad de marchas durante meses.
“Salí de CU”, seguía Sotelo, “no estudiaba ahí, estaba dado de alta en el sistema abierto. Pero vamos, yo me fui a informar, quise saber qué plataformas había en el sentido de las manifestaciones y todo. Llevaba unos volantes en mi mochila. También iba a repartir los volantes con la información sobre los presos políticos de ese entonces. Haciendo hincapié en que las personas se hartan de las consecuencias de este modelo económico y político”.
Al día siguiente de lo ocurrido, la Universidad Nacional Autónoma de México informaba de que el 5 de noviembre, aproximadamente a las 18.40, un grupo de encapuchados había cortado la avenida Insurgentes, una de las más importantes de la ciudad, y había prendido fuego a un autobús.
Yo estaba ahí parado con mi protesta, creo que me detuvieron por mi apariencia. Estaba con una moda punki. Luis Fernando Sotelo
“Yo estaba ahí parado con mi protesta, creo que me detuvieron por mi apariencia. Estaba con una moda punki, ¿no? Lo que es más ubicable, pelo angosto, la cresta, pintado de verde, vestido de negro, entonces ahí estaba, con el perfil de los que buscaba la policía. Me detienen con otro chavo, este otro chavo puede salir porque aporta pruebas de que él no estaba en el lugar, ni en la hora. Yo estaba en el momento y el lugar. A los dos nos hacen una prueba pericial, de química, para saber si manipulamos explosivos, gasolina, petardos, lo que fuera… Sale positivo para ambos, pero a este chavo lo sacan”
¿Cómo es que tenías químicos en la mano de los que se utilizan para hacer un explosivo? “Yo lo que señalo es que son test completamente manipulables. Porque este chavo que te menciono no estaba allí, lo comprueba, tiene videos en el que sale del posgrado de biología de la UNAM, creo recordar. O sea, es imposible que estuviera allí. Y sin embargo salió positiva la prueba de químicos”.
Sotelo espera sentencia entre peticiones de amparo. La fiscalía le acusa de tres delitos: ataques a las vías de comunicación, daño a propiedad privada y ataques a la paz pública. Igual que en el caso del delito de ultrajes, la Suprema Corte declaró hace unas semanas que el artículo del código penal capitalino que alude a “ataques a la paz pública” es inconstitucional.
Sotelo y Montaño aguardan en prisión el proceso que sigue la fiscalía de la Ciudad de México en su contra. Tienen derecho a visita varios días por semana, han organizado un cine club con otro compañero de pasillo, el doctor en filosofía Félix Hoyo, de 69 años, acusado de haber matado a su esposa en noviembre pasado. No parecen tristes, ni deprimidos, quizá algo cansados, hastiados de sus celdas de cuatro metros cuadrados, del viento que se cuela entre los barrotes, del sistema dentro del sistema. Si hay algo que no soportan, cuentan, es que “los custodios y los presos que les ayudan quieren cobrarte por todo, hasta por bajar la escalera”.
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