El gobernador de Bolívar admite la tesis del asesinato de los mineros

A medida que persiste la protesta de los familiares de los 28 mineros desaparecidos desde el viernes en Tumeremo, al sureste de Venezuela, las autoridades comienzan a mostrarse más dispuestas a aceptar la posibilidad de un desenlace fatal. El gobernador del Estado de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, ha asegurado que han malinterpretado sus primeras declaraciones, en las que rechazaba de plano la denuncia por considerarla parte de una componenda política de la oposición. “No estoy diciendo que no hay o que no puede haber fallecidos, pero hasta el momento no hay prueba de eso. Es posible que haya ocurrido un enfrentamiento entre bandas armadas en la zona, enfrentamientos que han sucedido en otras ocasiones”, explicó en una rueda de prensa.

Rangel Gómez aún no se ha presentado en el lugar, localizado a unas 10 horas en coche desde Caracas, y que se mantiene funcionando a medias debido al cierre de la carretera nacional que comunica Tumeremo con la capital de Venezuela y la frontera con Brasil. La cadena Globovisión informó de un paro parcial del comercio y de la redoblada protesta de los familiares, que han comenzado a perder el miedo a declarar, y no piensan moverse hasta que aparezcan los cuerpos. La disposición del Gobierno de atender el caso parece haberlos convencido de denunciar ante la prensa.

Según el relato de sus parientes, los mineros han desaparecido en una zona agreste tomada por la delincuencia

Impunidad

Según el relato de sus parientes, los mineros han desaparecido en una zona agreste tomada por la delincuencia. Se cree que en el camino a la mina Atenas, donde se descubrió recientemente un yacimiento de oro, fueron interceptados y asesinados por una banda criminal liderada por alias El Topo, una de las personas que se disputa con otros grupos armados el control de la zona.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha enviado helicópteros y ha desplegado a unos 300 funcionarios del Ejército, la policía científica, la Guardia Nacional y los servicios de inteligencia para apoyar la búsqueda. Rangel ha instado a los familiares a formalizar las denuncias. Hasta el lunes por la tarde la fiscalía superior del Estado de Bolívar solo había recibido un reporte de un minero desaparecido.

El problema que tienen los afectados es la impunidad reinante en la zona. A menudo, la judicialización de desapariciones o asesinatos representa una condena a muerte para el denunciante.