Álvarez Icaza regresará a México por la “crisis de derechos humanos”

A Emilio Álvarez Icaza le duele la crisis de derechos humanos que vive su país, México. Tanto que ha decidido no prolongar su mandato al frente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pese al gran peso que tiene este organismo en la región, para volver a México a trabajar “directa y cercanamente” en los múltiples desafíos que afronta su país en la materia.

“Mi país me duele profundamente. Quiero dedicar mis esfuerzos y capacidades a trabajar directa y cercanamente para transformar la crisis de derechos humanos que ahí se vive”, explica Álvarez Icaza en su carta de renuncia, remitida este viernes al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y en la que también alega como segunda causa motivos familiares.

Aunque reconoce que desde su puesto como secretario ejecutivo de la CIDH le ha dado una “oportunidad privilegiada de trabajar por la gente de México”, explica que siente que “la grave situación que se vive” le exige dedicarle más “prioridad” a su país que la que puede darle en un puesto que requiere su atención también para otros lugares del hemisferio. “El seguimiento de lo que sucede en mi patria me interpela con fuerza (…) Lo que veo y siento en mi país me ha hecho pensar que es mi obligación ética hacer lo que esté a mi alcance por transformar esa situación”, señala.

El sociólogo mexicano llegó a la CIDH en 2012 para sustituir en el puesto al argentino Santiago Canton, que estuvo al frente del organismo de derechos humanos durante una década. Antes de su arribo a Washington, tuvo un destacado papel como defensor de derechos humanos en su país, sobre todo en la defensa de las víctimas civiles en la guerra contra el narcotráfico que declaró el Gobierno de Felipe Calderón (2006-12). En 2011 creó junto con el poeta Javier Sicilia, cuyo hijo fue asesinado por el crimen organizado, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Previamente había estado al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), entre otros.

Desde su puesto como secretario ejecutivo de la CIDH, Álvarez Icaza gestionó la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuya labor ha dado un vuelco a la investigación de uno de los mayores escándalos de derechos humanos del Gobierno de Enrique Peña Nieto, la desaparición de 43 estudiantes de Iguala. Aunque no lo menciona específicamente, este caso ha dejado una profunda huella en Álvarez Icaza, quien participó a finales del año pasado en una visita in loco a México de la CIDH en la que el caso Ayotzinapa ocupó buena parte de su tiempo.

En su carta de renuncia, Álvarez Icaza no especifica qué puesto espera ocupar cuando deje el cargo, a partir de agosto, que es cuando se acaba su primer mandato, que era renovable por cuatro años más. Sí asegura sin embargo que será en el mismo campo de los derechos humanos al que ha dedicado toda su carrera.

“Quiero dedicar los próximos años de mi vida, con toda mi energía y capacidad, a sumarme al esfuerzo de hombres y mujeres valiosos que no aceptan la injusticia, la impunidad ni corrupción como realidad y norma de vida”, subraya.

Con su renuncia a un segundo mandato, Álvarez Icaza obliga a la CIDH a buscar un nuevo secretario ejecutivo en un momento todavía delicado. El organismo de derechos humanos se sigue recuperando de los esfuerzos que realizaron países como Venezuela o Ecuador poco antes de la llegada del mexicano. Estos y otros países, incomodados por los señalamientos que hace la CIDH a gobiernos en materia de derechos humanos, encabezaron una ofensiva que, enmascarada en el proceso de “fortalecimiento” que se acometió para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (compuesto por la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José), fue ampliamente considerada por las organizaciones civiles como un intento de restarle fuerza y, sobre todo, independencia a la Comisión.

La renuncia de Álvarez Icaza es una “mala noticia”, dijo a EL PAÍS Katya Salazar, abogada de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), que lleva muchos casos ante la CIDH. Según la especialista, el mexicano, que asumió el puesto en una etapa “muy compleja” para la Comisión, “tuvo un rol clave en la superación de los obstáculos”.

“Encontrar a alguien con las mismas capacidades no será tarea fácil”, dijo Salazar, para quien “la sociedad civil del hemisferio deberá estar ahora atenta” al proceso de selección del nuevo secretario ejecutivo de la CIDH para garantizar que se siguen cumpliendo los criterios de “transparencia, meritocracia y participación ciudadana” que requiere un cargo de este tipo.