El Tribunal de Estrasburgo condena al Reino Unido por violar los derechos humanos en el Ulster

Según el tribunal, el Estado británico ha violado el artículo 2 de la Convención Europea de Derechos Humanos que garantiza que "el derecho de toda persona a la vida está protegido por la ley" al no realizar una adecuada investigación sobre las circunstancias de las muertes.

Sin embargo, el tribunal considera que las autoridades británicas no violaron otros tres artículos relativos al derecho a un juicio justo, la prohibición de cualquier discriminación y el derecho a un recurso efectivo.

El tribunal ha dictaminado que cada uno de los familiares que presentaron la denuncia recibirá 10.000 libras (2.670.000 pesetas) como compensación.

Los cuatro casos estudiados por la máxima instancia europea de defensa de los Derechos Humanos tienen en común que todos ellos fueron cerrados y todavía no han sido concluidos por "falta de pruebas" o porque las pruebas de que se disponía no eran concluyentes.

El primer caso es el de Pearse Jordan, de 22 años, abatido de tres disparos por la espalda por la Policía Real del Ulster (RUC) en Belfast el 25 de noviembre de 1992, cuando no iba armado. La investigación judicial aún no ha terminado y el procedimiento civil iniciado por su familia está estancado.

Su caso es similar al de Gervaise McKerr, Eugen Toman y Sean Burns, abatidos por agentes del RUC el 11 de noviembre de 1982 cuando viajaban a bordo de un coche contra el que los policías habrían disparado 109 balas. El magistrado encargado de juzgar a los tres agentes acusados cerró el caso por falta de pruebas.

Miembros del IRA

En los otros dos casos denunciados las víctimas fueron miembros del Ejército Revolucionario de Irlanda del Norte (IRA) y el Sinn Fein (brazo político del IRA).

El 8 de mayo de 1987, un grupo de soldados y policías de la RUC tendió una emboscada a una unidad del IRA que se disponía a atacar un puesto policial. En el incidente murieron los ocho miembros del comando y un civil que pasaba por el lugar en el momento del tiroteo. El caso también fue archivado por falta de pruebas.

La última de las denuncias evaluadas por el Tribunal Europeo es la presentada por la madre de Patrick Shanaghan, miembro del Sinn Fein, quien tras recibir varias amenazas y advertencias del RUC fue asesinado por un desconocido el 12 de agosto de 1991.

Según el Tribunal, "estos casos plantean un cierto número de cuestiones fundamentales en cuanto a los hechos, que (el tribunal) está analizando de forma interna". En este sentido, critica el que "las jurisdicciones civiles no sean capaces de aclarar los hechos o pronunciarse sobre la regularidad o no de una muerte o sobre las infracciones o irregularidades cometidas por las fuerzas de seguridad", porque otras instancias gubernamentales les impidan tener acceso a los hechos y las pruebas.

Además, el Tribunal pone en duda la conveniencia de "sacar conclusiones de las pruebas aportadas por las partes sobre la responsabilidad de los asesinatos", ya que en la mayoría de estos casos los documentos escritos "no han sido verificados mediante interrogatorios o contrainterrogatorios".

Reacciones de Londres

Desde Londres, el secretario de Estado, John Reid, citado por la cadena BBC, ha expresado su satisfacción por que el Tribunal no hubiera encontrado "nada en estas muertes que haga suponer que se trató de asesinatos ilegales".

"Las críticas del tribunal son sobre los procesos y las investigaciones, no sobre las muertes en sí mismas", ha afirmado, añadiendo que Londres "pretende estudiar esas críticas seriamente".

Por su parte, el primer ministro de Irlanda del Norte, David Trimble, ha calificado la sentencia de "asombrosa y perversa".

"Es una acusación contra el Gobierno británico y su política de disparar a matar y una acusación contra el sistema legal existente en Irlanda del Norte", ha declarado Mark Thompson, miembro de la asociación Relatives for Justice (Familiares por la Justicia), añadiendo que "las personas responsables deberían rendir cuentas y ser acusadas de asesinato".