Los vecinos sin casa por culpa de la línea 7B de Metro ganan en los tribunales y se acuerdan de Ayuso: “Nos dijo que no podían darnos más”

-Me comprometí a darles el máximo legal permitido, y los servicios jurídicos han encontrado la posibilidad de incrementar las indemnizaciones.

La frase de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, resuena este miércoles entre decenas de vecinos de San Fernando de Henares (40.000 habitantes) cuando uno de ellos recibe una sentencia largamente esperada, a la que accedió EL PAÍS. En ella, la justicia reconoce 89.608,43 euros más de indemnización que la Administración regional (para un total de 362.051,45) a una pareja que perdió su casa por culpa de la línea 7B de Metro. Lo que el Gobierno regional presentó como máxima compensación posible, celebran ahora los afectados, no era tal. Fundamentalmente, en este caso, porque la vivienda valía más de lo que indicaba la tasación encargada por la Comunidad. Así se abre un nuevo capítulo del drama desatado en San Fernando de Henares por la llegada del suburbano, que con su construcción alteró el subsuelo, desestabilizó varios edificios, y obligó a derribar 73 viviendas, dejando sin hogar a cientos de personas. Ahora, otras 30 familias recurrentes, según calcula la asociación de afectados, esperan llegar al mismo punto en las próximas semanas, lo que podría suponer un gasto millonario para la Comunidad de Madrid.

¿La razón? Que como los argumentos son similares, los vecinos que aún aguardan su sentencia esperan que la conclusión sea idéntica: reconocer su derecho a que se les compense más por el valor de su vivienda; por los daños morales derivados de haberla perdido; y por los muebles y enseres que no pudieron rescatar a tiempo de las fauces de los bulldozers.

“Después de una lucha larguísima, después de tantos años caminando solos, cuando nadie desde ninguna administración tuvo la dignidad de luchar y darnos el apoyo que necesitábamos, gracias a nuestro esfuerzo económico, a nuestro ímpetu y a nuestra constancia, por fin ha llegado la justicia”, cuenta Juan Fuentes, socio de honor de la Asociación de Afectados Rafael Alberti-Presa, que presidió en los momentos más duros, cuando el escenario era de pesadilla, y él y sus vecinos debieron abandonar sus hogares para vivir en un apartahotel, o acampados en tiendas de campaña en señal de protesta. “Cómo no recordar aquellas palabras que tenemos clavadas en el corazón de la presidenta Isabel Díaz Ayuso cuando nos dijo: ‘No podemos llegar a daros más, es el máximo legal”, sigue. “Pues hoy la justicia vuelve a demostrar que el máximo legal no era aquel, sino el que ahora se reconoce”, añade.

Y remata: “Ahora gana la verdad, la memoria de quienes ya no están y la dignidad de todo un pueblo”.

En 2022, el entonces consejero de Transportes, David Pérez, aseguró que la indemnización a los vecinos sería “la máxima”. El resultado no satisfizo a los afectados, que protestaron. En respuesta, y pese a que según el consejero las compensaciones no podían ir a más, Ayuso se comprometió a buscar la fórmula para revisar al alza las indemnizaciones de los afectados por la línea 7B. Y la encontró. Hubo una revisión al alza: en 2023, la presidenta regional ordenó que se indemnizara a los afectados con entre 10.000 y 63.000 euros más de los ya ofrecidos, por los daños morales. Fue entonces cuando pronunció su frase del “máximo legal” con los diputados de la Asamblea como testigos.

Hasta entonces, el Ejecutivo había ofrecido de 136.000 a 355.000 euros a los vecinos por sus viviendas y de 10.000 a 33.000 euros por sus garajes, una oferta de indemnización de siete millones en total a los primeros afectados que había sido mayoritariamente rechazada. Tras la intervención de la presidenta, la administración entendió que había llegado a su techo económico.

Ahora, la justicia la condena a que pague más. En concreto, y en el caso de la pareja a la que afecta la sentencia, 57.888,55 euros más por el valor de la vivienda (tasado a la baja por la Comunidad, según el criterio del tribunal); 24.000 más por daños morales (12.000 a cada uno de los propietarios); y 7.719,88 más por sus muebles. En cambio, rechaza mejorar la compensación incluyendo, por ejemplo, gastos jurídicos o de asociación.

¿Recurrirá la Comunidad de Madrid? El gobierno regional, preguntado por este diario, asegura no tener constancia de la sentencia. Contra ella cabe recurso de casación. Los afectados afirman que el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, se comprometió con ellos a no litigar contra decisiones judiciales favorables a sus intereses.

El origen del conflicto se remonta a 2007, cuando las obras impulsadas por el gobierno de Esperanza Aguirre (2003-2012) facilitaron que el agua entrara en contacto con la sal que entreveraba el terreno, disolviéndola. Como consecuencia, cambió el subsuelo, los edificios perdieron pie, y comenzaron a aparecer grietas como acantilados, ruidos fantasmales, vibraciones como pequeños terremotos, ventanas que no se abrían y puertas que no se cerraban.

Sin metro ni casa

Para solucionar el problema heredado, el gobierno de Díaz Ayuso ha gastado más de 170 millones en inyectar hormigón en 10.000 metros cuadrados de la zona para intentar asentar el subsuelo, y restablecer el servicio de metro, suspendido durante tres años. Con el suburbano ya de nuevo en marcha, llega la hora de los vecinos.

La puerta a lograr una indemnización mayor por las viviendas quedó abierta gracias a una plaza de garaje. En junio de 2025, el juzgado de lo contencioso-administrativo número 11 de Madrid dictaminó el 30 de junio que la administración regional debe aumentar la indemnización concedida por la Comunidad de Madrid a sus dueños en 13.103,67 euros.

Aquella decisión desnudó el argumento oficial de que la ley impedía pagar a la Comunidad compensaciones más altas. También creó un precedente para la treintena de reclamaciones pendientes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y avivó la lucha de los propietarios con viviendas afectadas por las obras del metro. Su reparación económica total empieza a llegar ahora, un lustro después de que emprendieran una agotadora lucha para que se les compensara haber perdido toda su vida por culpa del Metro de Madrid.