La nueva denuncia sobre residencias apunta al jefe de las ambulancias, que no recogieron a enfermos incluso con el visto bueno del hospital

La investigación sobre las muertes indignas en residencias de Madrid ha cobrado nuevo aliento con una denuncia colectiva de hijos de fallecidos que apunta contra cuatro responsables de la gestión, entre ellos una figura que apenas había sido nombrada hasta ahora, Pablo Busca Ostoloza. Este era el alto cargo responsable de las ambulancias en la Comunidad de Madrid, el Summa 112. Como contó este periódico, los geriatras de hospital a quienes se les encargó el filtro de enfermos, de acuerdo a los protocolos para residencias, se quejaron a la Consejería de Sanidad porque las ambulancias no recogían a los mayores incluso cuando tenían la luz verde.

Esas personas enfermas sí merecían una cama de hospital, según los requisitos de los protocolos (que excluían a los mayores incapaces de caminar o que sufrían dependencias mentales), pero tampoco fueron trasladadas en algunos casos. Un geriatra con conocimiento directo de cómo se gestaron los protocolos le reveló a EL PAÍS el 29 de marzo de 2020 que se estaban dando esas situaciones: “El 061 pone muchos problemas”, dijo por escrito sobre una de las dos líneas telefónicas de urgencias por las que el Summa 112 recibe las llamadas de urgencia. “Parece ser que hay un problema en el Sermas (el Servicio Madrileño de Salud). A nosotros nos dicen el circuito para derivar, y luego resulta que no funciona. Nos quejamos y nos dicen que mandan una instrucción”, añadió, y para apuntalar su queja contra el servicio de ambulancias recicló un viejo eslogan de la Comunidad: “Más que la summa de todos, hay gente que parece que resta”.

Busca, que era el director gerente de los Servicios de Urgencias Médicas de la Comunidad de Madrid, ha sido denunciado por el delito de denegación de un servicio público por motivos discriminatorios. Los familiares de los 115 mayores afectados presentaron una denuncia colectiva ante la Fiscalía en octubre, y el Ministerio Público ha estudiado uno a uno los casos, antes de remitirlos a los juzgados competentes, justo antes de que se cumpla el plazo de prescripción de cinco años. Esta podría ser la última oportunidad de las familias en los tribunales porque casi todas sus querellas de 2020 para condenar a Isabel Díaz Ayuso y dos consejeros por homicidio y omisión de socorro han sido archivadas.

Las familias también apuntan contra otros tres responsables de la gestión política: el firmante de los protocolos, Carlos Mur de Víu, director general en la Consejería de Sanidad; el coordinador o “ideólogo” de los protocolos, el geriatra Francisco Javier Martínez Peromingo; y el asesor externo para la pandemia, el doctor Antonio Burgueño Carbonell. Además, se dirigen contra otros 25 geriatras que se encargaron de ejecutar el triaje. Las familias no se limitan a esos denunciados. Su escrito indica que “la investigación debería dirigirse al menos” contra esas personas.

En marzo de 2020, Busca fue uno de los ocho altos cargos del Gobierno madrileño que recibió todos los correos electrónicos de Carlos Mur en los que se adjuntaron las cuatro versiones de los protocolos que daban instrucciones para restringir los ingresos procedentes de residencias con el fin de “contribuir a la sostenibilidad del Sistema de Salud evitando las graves consecuencias que el colapso del mismo tendría”. En realidad, los protocolos ponían por escrito un triaje que ya se venía produciendo desde el sábado 7 de marzo, según un estudio que analizó datos oficiales de hospitalizaciones.

Alrededor del 10 de marzo, la dirección médico asistencial del Summa 112 dio instrucciones verbales a la plantilla de que no recogieran a personas de las residencias, según contó el exconsejero de Políticas Sociales madrileño, Alberto Reyero, en su libro Morirán de forma indigna. “Como esas instrucciones fueron verbales, no puedo demostrar que existieran (como sí ocurre con los protocolos), pero doy verosimilitud a ese testimonio”, escribió Reyero, un político del partido Ciudadanos que se rebeló contra las decisiones del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Busca ocupó su cargo en la Comunidad de Madrid entre 2015 y 2022. Durante la pandemia recibía órdenes de Ana Dávila, la viceconsejera de Sanidad que hoy es consejera de Asuntos Sociales, el departamento que supervisa a las residencias. Tenía la peculiaridad de andar con el uniforme de ambulanciero a todas horas y en todos sitios, incluida la Asamblea.

En octubre del año pasado, fue nombrado director de Emergencias en el departamento vasco de salud. EL PAÍS ha solicitado al Gobierno vasco una entrevista con él que no ha sido aceptada por circunstancias personales. A diferencia de Mur, Burgueño o Peromingo, el exgerente del Summa 112 nunca ha hablado en sede parlamentaria o judicial. Era uno de los convocados a la comisión de investigación que operó brevemente en la Asamblea de Madrid hasta el bloqueo del PP y Vox después de las elecciones de mayo de 2021.

La denuncia se refiere al “papel clave del Summa 112 en la discriminación de las personas enfermas y dependientes que vivían en residencias”. El texto destaca que antes de la pandemia, las residencias llamaban directamente al número 112 para solicitar el traslado desde una ambulancia al hospital de la zona y que la Consejería de Sanidad diseñó un nuevo circuito, recogido en los cuatro protocolos: las residencias debían llamar “al geriatra de enlace”, adscrito a ese hospital, y este, de manera remota, debía dar el visto bueno para que el Summa 112 recogiera a ese enfermo.

“El Summa 112 discriminó conscientemente a miles de personas que tenían derecho a recibir esa prestación sanitaria –el traslado urgente a un hospital para ser atendido allí–, convirtiéndose así en un colaborador imprescindible en el sistema discriminatorio instaurado por la Comunidad de Madrid”, dice la denuncia.

El escrito pide a la Fiscalía que solicite al Ejecutivo de Ayuso copia certificada del listado de llamadas diarias desde las residencias de mayores al 112 o al 061, desde el 3 de marzo al 5 de julio de 2020, en la que conste quién llamó, quién recibió la llamada (personal de enfermería u otro tipo de personal sanitario) y cuál fue la decisión del profesional. Además, se pide copia de todas las grabaciones y copia certificada de los correos electrónicos entre el personal del Summa 112 y los 28 hospitales de la red pública (incluido Ifema), entre el 3 de marzo y el 5 de julio de 2020.

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