La habitación número dos, en la que Wendy y Sandra hacían operaciones clandestinas en Carabanchel

Cuando la clienta llevaba un tiempo acudiendo a la clínica a hacerse tratamientos estéticos, le ofrecían dar un paso más. Le proponían atravesar la puerta número 2 y someterse, por un precio inferior al de mercado, una cirugía. Aumento de pecho, liposucción, blefaroplastia… el catálogo era amplio. Los peligros, también. Wendy y Sandra, las supuestas médicas que cogían el bisturí no contaban con la certificación para llevar a cabo cirugías. Una de ellas ni siquiera tenía ningún tipo de titulación médica, la otra era médica de atención primaria en Colombia. Varias de sus pacientes acabaron con desperfectos o infecciones, pero ellas tenían un método para que se callaran y no denunciaran que les ha funcionado mucho tiempo.

Los servicios de inspección de la Comunidad de Madrid pusieron en conocimiento de la policía supuestas irregularidades en el centro Glamour, ubicado en el distrito madrileño de Carabanchel. A ellos les habían dado la alerta médicos de hospitales de Madrid que habían atendido infecciones y sepsis de mujeres que claramente se habían sometido a una cirugía estética y que apenas facilitaban más detalles del proceso. A esto se unió la denuncia de una trabajadora del centro, que no pudo soportar ver más las condiciones en las que se trabajaba en un lugar que debería tener una pulcritud por encima de la media. Por ahí pululaban condiciones total libertad un perro y un gato cuyas heces no siempre se limpiaban al momento. Las medicinas, algunas de ellas caducadas, se guardaban refrigeradas al lado de los guisantes y el pollo. En un office en el que las empleadas comían, había una papelera llena de apósitos y compresas con sangre y otros fluidos.

La clínica tenía dos entradas. Una, la general, por la que se accedía a la parte del negocio con licencia legal. Allí se hacían tratamientos estéticos como inyecciones de ácido, maderoterapia o masajes faciales. Toda esta fachada era la que se anunciaba en redes sociales. Pero estas salas, daban a otra habitación que a su vez conectaban con el domicilio de una de las doctoras y dueña del negocio. Es a esta sala de operaciones clandestina a la que solo accedían unas elegidas. “Ellas sabían a quién elegir. Por ejemplo si sabían que una clienta estaba en situación irregular en España, era una buena candidata porque había menos posibilidades de que denunciara si algo salía mal”, explica Juanjo Castro, responsable de la sección de Consumo.

El centro se había confiado tanto que incluso llegó a ofrecer las intervenciones quirúrgicas a través de sus redes sociales, en las que mostraba los glúteos y los vientres que podian dejar a las potenciales clientas. Los precios iban de los 1.500 a los 4.000 euros.

Los agentes de la policía nacional establecieron unas vigilancias del centro para empezar a conocer su actividad y recabar pruebas. Pero ante la masiva afluencia de clientas, toda la investigación se precipitó y en menos de una semana decidieron intervenir. “Cada día, entraban al centro una media de 20 personas, no todas para operarse”, especifica Castro. Los agentes entraron a una primera inspección en la que ya observaron la insalubridad y falta de medidas higiénicas evidentes. Un cartel colgado en una pared indicaba los turnos de limpieza: una vez por semana, algo impensable en un centro con material y productos estéticos.

Pero en esa inspección, la propietaria se negó a que los agentes traspasaran esa puerta cerrada, la número dos. La policía volvió poco después ya con una orden judicial que les permitía acceder a todas las estancias y encontraron algo que el jefe de la unidad ha asegurado que “no había encontrado jamás algo semejante”.

Allí descubrieron material con un estado de higiene pésimo, medicinas mezcladas con comida, y material sin desinfectar. Pero lo más preocupante es que se hicieron con varias libretas de anotaciones con las cirugías practicadas. Estos documentos se hallaban en el domicilio de la propietaria, donde ella creía que estaban más seguros. En esta libreta, los agentes llegaron a encontrar un contrato para hacer una ligadura de trompas. “Cualquiera de estas mujeres se podría haber muerto en esa mesa de operaciones”, afirma Castro. En los móviles de las investigadas, los agentes hallaron fotos y conversaciones de Whatsapp que evidencian las complicaciones que experimentaron muchas mujeres tras las intervenciones.

Conscientes de los riesgos de su actividad ilegal, las doctoras hacían que sus pacientes firmaran un acuerdo de confidencialidad. Además, si alguna de ellas sufría complicaciones y acudía al centro a reclamar, las empleadas tenían un protocolo por el que las acompañaban a un hospital y permanecían con ellas para evitar que hablaran de más y acabaran descubriendo la clínica clandestina. A algunas de ellas las convencían de volver a operarlas para solucionar el desperfecto, si era posible, y en otros casos les ofrecían un reembolso a cambio de comprometerse a no denunciar. El método les funcionó porque por ahora ninguna de las víctimas ha acudido a una comisaría. Las dos mujeres afectadas han sido identificadas fruto de la operación. La policía ha habilitado un teléfono anónimo y que funciona 24 horas por si alguna afectada quisiera ponerse en contacto o alguien tuviera información sobre posibles pacientes: 628711298.

En la operación, han sido detenidas cuatro mujeres, las dos doctoras y otras dos que se identificaban como enfermeras sin tener tampoco ningún tipo de titulación. También se ha investigado a una anestesista que sí que contaba con la carrera y estaba homologada en España, y de la que los agentes no han identificado que ejerciera en ningún centro legal en Madrid, por el momento. La parte de medicina estética sigue funcionando, mientras que el quirófano ha quedado clausurado.