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La becaria que denunció a Nacho Cano se ratifica “punto por punto” en su declaración ante el juez

Lesly Ochoa, de 28 años, ha salido del juzgado cantando ante los micrófonos de los medios ‘Lucha de gigantes’, de Antonio Vega

Lesly Ochoa, la becaria del musical 'Malinche' que denunció a Nacho Cano por un delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros, a la salida de los juzgados de Plaza de Castilla.Foto: EFE | Vídeo: EPV
Patricia Ortega Dolz

A la tercera va la vencida. Lesly Ochoa, de 28 años, la becaria mexicana que denunció al promotor musical Nacho Cano por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros, ha declarado este jueves en el juzgado de instrucción número 19 de plaza de Castilla tras dos ocasiones previas frustradas, por un ataque de ansiedad primero y por acudir sin abogado, después. Acompañada de un nuevo letrado, Alfredo Arrién, Ochoa se ha ratificado “punto por punto” —según fuentes presentes en la sala— en la declaración que realizó ante los policías de la comisaría de Centro, adonde acudió el pasado mes de enero a poner la denuncia. Lesly ha insistido en que existía una estrategia preparada previa para que llegaran a España como turistas cuando en realidad venían a trabajar en el espectáculo, según las mimas fuentes. Su declaración se ha prolongado durante más de dos horas. Pero preguntada después por los medios de comunicación, que la esperaban a la salida, Ochoa se ha limitado a cantar la canción de Lucha de gigantes frente a los micrófonos y las cámaras de televisión.

El proceso judicial de esta causa, está siendo intrincado, por la dificultad de la toma de declaraciones y, sobre todo, por las denuncias cruzadas presentadas por parte de la Defensa que están torpedeando el procedimiento. Los abogados del excomponente de Mecano han denunciado a Ochoa por presuntas amenazas y han tratado por múltiples vías (mostrando conversaciones de WhastApp mantenidas con ella y monitorizando la defensa del resto de sus compañeros) desacreditar su testimonio. De hecho, una de las principales acusadas, junto al compositor, la directora de operaciones del espectáculo Malinche, Roxana Drexel, ha descrito sin empacho a la becaria como una “chingada loca” y “una mala persona”, según recoge Europa Press. “Quiero que muestre todo eso que ella dice porque yo soy la persona que le dijo que tenía que retirarse de la compañía, que se terminaba su beca, porque no fue una buena compañera con los otros 17 estudiantes”. la ha desafiado.

Del mismo modo, la defensa de Cano ha tratado durante todo este tiempo de desmontar también la investigación de los policías y presentar al compositor como una víctima de una persecución policial y de una supuesta conspiración política por su amistad con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Tras Lesly Ochoa, ha declarado también la subinspectora de trabajo que llevó a cabo el informe tras investigar la situación legal de los 18 becarios que la compañía de Cano se trajo de México para participar en su espectáculo Malinche, que ya ha inaugurado su tercera temporada en una carpa de la Feria de Ifema en Madrid. A preguntas de la fiscal de Extranjería, la subinspectora ha dicho que no consideró oportuno ir a ver el espectáculo in situ para comprobar el papel de los becarios porque ya había estado presente durante una clase, aunque también ha reconocido ante la fiscal la dificultad de distinguir entre un ensayo y una clase.

En su informe, la subinspectora concluía que los supuestos estudiantes “realizaban prácticas no laborales en la empresa” del artista, al “amparo de una beca” para completar su formación, aunque fuese una “formación no reglada, ni incluida en el sistema educativo”.

Sin embargo, fue precisamente ese hecho, el que se tratara de una educación no reglada ni oficial la que se les ofrecía a esos jóvenes traídos desde México hace un año, lo que llevó a la Delegación de Gobierno de Madrid a denegarles los permisos por estudios que solicitaron. Y, precisamente, la ausencia de esa autorización, hizo que los investigadores policiales concluyeran en su atestado que los supuestos estudiantes no lo eran y, en consecuencia, se encontraban ensayando y trabajando de manera irregular en España en el espectáculo de Nacho Cano, tras haber sido traídos a España camuflados como turistas.

La jueza del juzgado número 19 de plaza de Castilla, que instruye la causa contra Cano y tres de sus colaboradoras por un delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros y de favorecimiento de la inmigración irregular, deberá analizar y resolver ahora esa contradicción. Será ella quien tendrá que interpretar los hechos: la denuncia de la becaria que dio lugar al caso, el atestado policial, el informe de la Inspección y las denuncias y pruebas aportadas por la defensa, además de las declaraciones de todos los implicados.

“Irrelevante” e “improcedente”

La juez inadmitió los documentos presentados por los abogados de Nacho Cano, al considerar “irrelevantes” e “improcedentes” para el esclarecimiento de los delitos que se le imputan los documentos aportados por sus letrados, que contenían conversaciones privadas de WhastApp que Cano habría mantenido con la denunciante, Lesly Ochoa.

La defensa de Cano (y de sus tres colaboradoras) trataba de mostrar al artista como sujeto de un presunto “chantaje” porque, de acuerdo con ese cruce de mensajes, Ochoa le pidió 6.000 euros “por daños morales” y una carta de recomendación “para no proceder legalmente”, algo que finalmente hizo y dio lugar a la investigación penal en ciernes.

“El objeto de este procedimiento”, advierte la jueza en su auto, “es la investigación de los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra los derechos de los trabajadores, por lo que además de la declaración de la denunciante-perjudicada doña Lesly, contamos con otros medios probatorios, siendo irrelevantes las conversaciones que se aportan para esclarecer si los investigados han participado en los hechos imputados”.

Según la acusación popular, la decisión de la juez pone pie en pared a la campaña de desprestigio iniciada por Cano y su equipo de comunicación contra la joven estudiante que denunció los hechos en enero en la comisaría de Centro. El propio comisario de esa sede policial, Alberto Carba, ha enviado un acto de conciliación al artista a través de la abogada del sindicato de mandos policiales en el que le advierte de que se querellará contra él por injurias y calumnias si no se retracta de sus insultos.

La respuesta de Cano se produjo frente a los micrófonos de televisión: “Al comisario Carba le digo que me encantaría que nos viéramos él y yo juntos, con sus jefes, y en base a lo que me diga la gente mientras paseemos por la calle, me retracto o no me retracto. Yo le diría cómo es posible que fabrique de la nada un relato de un ciudadano para contentar a sus jefes”. Los estudiantes regresaron triunfantes a México a finales de agosto sin prestar declaración ante la juez. A su llegada fueron aclamados por amigos y familiares que los recibieron con pancartas y vítores en el aeropuerto.

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Sobre la firma

Patricia Ortega Dolz
Es reportera de EL PAÍS desde 2001, especializada en Interior (Seguridad, Sucesos y Terrorismo). Ha desarrollado su carrera en este diario en distintas secciones: Local, Nacional, Domingo, o Revista, cultivando principalmente el género del Reportaje, ahora también audiovisual. Ha vivido en Nueva York y Shanghai y es autora de "Madrid en 20 vinos".
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