La policía impide que los promotores de una obra transporten una máquina pesada sobre un edificio habitado en Madrid

La Policía Municipal ha impedido este sábado que unos empresarios autorizados por el Ayuntamiento de Madrid transportaran una máquina pesada sobre unos edificios residenciales cerca del Retiro sin que existiera un plan de evacuación. La orden ha aliviado a cientos de vecinos de la calle de Cavanilles, que han pasado una jornada en vilo hasta que los agentes paralizaron la operación, pasadas las 19.00. Los promotores del traslado, que quieren construir un aparcamiento en el patio de manzana de esos inmuebles, contaban con autorizaciones municipales para instalar una enorme grúa y pasar materiales por encima de los edificios, pero los agentes han asumido la responsabilidad de cancelar el transporte por el riesgo para los residentes, según los vecinos y dos concejales de la oposición que han hecho de interlocutores.

La operación había comenzado de madrugada, cuando los empresarios montaron en medio de la calle una gigantesca grúa que había sido empleada en la obra del estadio Santiago Bernabéu. La idea de los promotores, de la empresa madrileña Grupanxon, era transportar sobre los edificios de hasta 10 plantas una máquina de varias toneladas, una pilotadora, que se utiliza para clavar pilotes en el suelo con el fin de proporcionar soporte a los cimientos de las construcciones. La grúa ya había sido conectada a la pilotadora por medio de cables y cadenas y la máquina iba a pasar por encima de los números 23, 25 y 27 de la calle de Cavanilles. Sin embargo, el viento de hasta 70 kilómetros por hora puso en pausa estos planes. Un sensor de seguridad de la grúa había bloqueado el aparato.

A primera hora de la tarde, decenas de vecinos coreaban consignas delante de la maquinaria como “fuera la grúa” o “¡por mi casa, no se pasa!”. Los vecinos llevan años enfrentados a los promotores, que compraron el solar interior en 2016, donde solo había vegetación, con la idea de construir un parking subterráneo para residentes con cuatro plantas y 220 plazas. Su idea es satisfacer la fuerte demanda de espacio para aparcamiento.

Cuatro agentes municipales llegaron al lugar y pidieron las autorizaciones a los dos empresarios que promueven la obra. Estos mostraron un documento municipal. Un policía les comunicó que estaban averiguando si era legal transportar una máquina por encima de un edificio habitado. El agente no podía creer que una operación así contara con permiso y así se lo dijo a los responsables de la obra:

—La persona del Ayuntamiento que ha firmado ese documento ha estado aquí hace un rato y no ha dado la cara. Ni me ha visto a mí siquiera. Se ha ido. Ha dicho ‘ahí va mi madre, que dé la Policía la cara’—, les decía el agente a los promotores.

—¿Y quién asume el coste de la grúa de 100.000 euros aquí parada?—, le respondió uno de los empresarios.

—Yo soy policía y estoy con un dilema, un problema gravísimo. Si digo que no, les perjudico a ustedes; si digo que sí les perjudico a ellos.

En el documento aparecían los nombres de Virginia Torres Lirola, subdirectora general de Agentes de Movilidad en el área de Urbanismo, y de la directora general de gestión y vigilancia de la circulación, Marta Alonso Anchuelo, también en esa área de Gobierno. Según una portavoz del delegado de Urbanismo y Movilidad, Borja Carabante, los empresarios también habían sido autorizados por la Agencia de Actividades.

Una abogada que representa a los vecinos, Yolanda García, advirtió a los policías de que la ley prohíbe transportar carga por encima de las personas. Los agentes tomaron nota de la norma: el Real Decreto 836/2003, que regula el trabajo de las grúas.

Tras horas de tensión, con decenas de vecinos apostados en la puerta del edificio, los policías comunicaron a ambas partes que no iban a permitir el transporte. La concejala del PSOE Emilia Martínez, que hizo de interlocutora, cuenta que el comisario del distrito Retiro les dijo que tras hablar con sus superiores y analizar los permisos decidió dar el alto. “Creía que los responsables del Ayuntamiento que dieron la autorización no eran conscientes del riesgo. El documento decía que tenían permiso para ‘meter la pilotadora’, pero no decía cómo. Hacían falta un plan de seguridad y evacuación que no estaba”. Nacho Murgui, concejal de Más Madrid que también habló con los agentes, confirma esta versión.

Cuando caía la noche, los promotores desengancharon la pilotadora y desmontaron la grúa. Uno de los dos empresarios, Javier Torres, se quejaba de que el alquiler de la grúa se paga por horas y decía que reclamarían indemnización al Ayuntamiento. “Al final es el ciudadano el que paga estas cosas”. Los vecinos celebraron la retirada. “Esto ha sido una victoria”, dice uno, Miguel de Andrés. Sin embargo, temen que su guerra contra el proyecto de parking no ha acabado.

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