La residencia de ancianos incendiada en Madrid en la que murieron tres mujeres tenía las salidas de emergencia bloqueadas

La residencia concertada de mayores Juan XXIII del distrito de Moncloa-Aravaca de Madrid en la que murieron tres mujeres a causa de un incendio el domingo era una ratonera, según se desprende del acta de la Policía Municipal, que ha avanzado la Cadena SER y a la que ha tenido acceso este diario. El documento revela numerosas deficiencias en prevención de incendios: tenía las salidas de emergencia bloqueadas y los sistemas antiincendios no funcionaban. Tras conocer la noticia, el Gobierno central ha cargado contra la gestión de Isabel Díaz Ayuso, a quien ha culpado de “abandono, errores continuos y falta de empatía” en las residencias. El Gobierno regional se ha defendido alegando que las instalaciones habían pasado dos inspecciones el año pasado, en abril y agosto, y que en ellas se constató que “estaban conformes a la legislación antiincendios”. En 2014, el asilo fue sancionado por la Comunidad con una multa de 2.196 euros por falta de personal y era reincidente. Desde entonces, no constan más multas.

El domingo, Emergencias 112 recibió el aviso del incendio a las 6.45 y los primeros en acudir fueron la Policía Municipal, seguidos de bomberos del Ayuntamiento, la Policía Nacional, el Samur, Cruz Roja y el Summa 112. Cuando llegaron las tres dotaciones de los bomberos, seis patrullas de la Policía Municipal ya estaban auxiliando a los habitantes.

En el acta en la que recogen sus actuaciones, los 11 agentes municipales que intervinieron cuentan que se encontraron la valla y la puerta peatonal cerradas, por lo que saltaron para entrar. Una vez dentro y entre gritos de auxilio, una trabajadora les indicó que el fuego se había desatado en la primera planta, en la habitación 8. En el suelo, había dos extintores vacíos, “utilizados por el personal de la residencia en un primer momento para sofocar el fuego”.

Los agentes hallaron una boca de incendios en el pasillo principal, pero no funcionaba. “Al accionarla, a los pocos segundos la manguera perdió toda la presión, dejando de expulsar agua”, recoge el acta. Al tratar de reactivarla, los agentes comprobaron que el indicador de presión marcaba 0 y los bomberos certificaron que la causa de la falta de presión es que la bomba no tenía corriente eléctrica al estar conectada al cuadro eléctrico general y no a uno independiente, que no se hubiera visto afectado por el fuego. Los agentes cogieron dos extintores de su coche patrulla y lograron apagar gran parte de las llamas, pero no pudieron entrar en la habitación “debido a la gran cantidad de calor y de humo y a la nula visibilidad”.

En el acta también se refleja que un agente comprobó que de la segunda planta nace una escalera hacia la primera, que desemboca en una puerta de emergencia de salida al exterior, “la cual se encontraba bloqueada”. Además, en la planta primera, otra puerta de emergencias de salida al exterior también estaba bloqueada. Tampoco había luces de emergencia en ninguna habitación y el pulsador de alarma de incendios no emitía señal luminosa ni acústica al ser accionado. Todas estas irregularidades “dificultaron la labor de los agentes para evacuar a los residentes”.

Tuvieron que entrar en la habitación foco del incendio por la terraza, forzando la persiana y la ventana corredera y abriendo un pequeño hueco. En el interior localizaron a dos mujeres que compartían una misma cama individual y, tras evacuarlas, vieron que tenían todo el cuerpo quemado. Una, de 90 años, no tenía constantes vitales y los agentes trataron de reanimarla sin éxito mientras que la otra, de 65, tenía “respiración agónica” y fue trasladada al hospital de La Paz en estado crítico.

Esta mujer falleció el lunes. La tercera víctima mortal tenía 93 años y fue evacuada minutos después de la misma planta junto a otras dos personas que estaban confinadas en una misma habitación. La extinción del incendio se efectuó “con rapidez”, según los bomberos, pero el desalojo fue “complicado” porque el humo se extendió de la primera planta a la segunda y hubo que evacuar a todos los residentes, muchos impedidos.

Otros 16 mayores fueron hospitalizados por intoxicación leve, de los que 15 recibieron el alta el lunes. Este martes, se espera que salga del hospital Puerta de Hierro el último ingresado, según un portavoz de la Consejería de Sanidad. Además, los 11 municipales recibieron asistencia médica en el lugar por dolor de cabeza, mareos, tos e irritación de los ojos y uno de ellos, por quemaduras en un antebrazo, y otro por lesiones, según figura en el acta.

El suceso ha desatado un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno central y el madrileño. La portavoz del primero, Pilar Alegría, ha criticado la gestión de Ayuso de las residencias al ser preguntada tras el Consejo de Ministros, informa Europa Press. “Es una residencia que tiene concertadas las plazas con la comunidad de la señora Ayuso y, viendo lo que ha sucedido, espero que se abra una investigación y que llegue hasta las últimas consecuencias”, ha asegurado, para añadir que el patrón ha sido “siempre el mismo”, “abandono, errores continuos, mala gestión y una dolorosa falta de empatía”.

Un portavoz de Ayuso ha calificado de “brutalidad” que el Gobierno central haya culpado a la presidenta madrileña “de responsabilidades que no son suyas”. “La investigación está abierta y sus conclusiones se entregarán a un juez”, han subrayado estas mismas fuentes, que consideran que culpar a la presidenta de abandono “es absurdo”, ya que sería como “culparla de que haya un incendio en un restaurante”. En su cuenta de la red social X (antes Twitter), la propia Ayuso ha censurado que el Gobierno responsabilice a la Comunidad “hasta de los accidentes”.

El Ejecutivo madrileño explica que constan los certificados de que las instalaciones estaban conforme a la legislación de las dos inspecciones realizadas el año pasado. En ambas se comprobó “que tenía en vigor el certificado anual de una empresa habilitada” de mantenimiento de aparatos, equipos y sistemas de protección contra incendios, fechado el 13 de abril de 2023, y que certifica que se revisaron sistema de detección y alarma, bocas de agua, extintores y señalización de los medios de protección, de evacuación y salida.

En declaraciones a los medios recogidas por Efe, el portavoz regional del PSOE, Juan Lobato, ha dicho que Ayuso debe dar “explicaciones inmediatas” sobre “qué pasa con esta residencia”. Por su parte, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha declarado que se dieron “graves fallos de seguridad que dificultaron los trabajos de emergencia y agravaron las consecuencias”. Por ello, ha pedido la comparecencia de la consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, en la Asamblea para que informe como autoridad responsable de revisar el estado de las residencias.

En el Ayuntamiento de la capital, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha exigido en X al alcalde, José Luis Martínez Almeida, y a la presidenta Ayuso que sean “transparentes con toda la documentación y se asuman responsabilidades”. Y en un audio remitido a la prensa, la portavoz del grupo municipal del PSOE-M, Reyes Maroto, señala: “Es incomprensible que el Gobierno del PP no haya aprendido nada de la pandemia. Las residencias de Madrid fueron morgues para miles de residentes, y según estamos comprobando, en estos centros se siguen dando situaciones incomprensibles”.

La residencia abrió en 1990 y tiene 40 plazas en habitaciones individuales y compartidas, 36 de ellas concertadas. En el momento del incendio, había 38 mayores. Según informó la dirección a los familiares, el incendio se originó a causa de la explosión de un cargador de móvil defectuoso, que hizo que prendiera un colchón. La Policía Nacional se hizo cargo de la investigación. Preguntado por este diario sobre si hay avances en la investigación, un portavoz se ha limitado a contestar que sigue abierta.

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