Vídeo | El gerente de la EMT “no recuerda” si le avisaron del caso del comisionista del 3% del Ayuntamiento de Madrid

Alfonso Sánchez Vicente, gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid, aseguró el pasado febrero que no recordaba si le avisaron de que un cargo de la compañía pública, Pablo Pradillo, había cobrado de una adjudicataria. Pradillo, que percibió una comisión del 3% (150.000 euros) de una constructora por ayudarle a lograr un contrato de la EMT, ha admitido ese porcentaje y cantidades, pero defiende que actuó dentro de la ley. Según el trabajador, que ocupa el cargo de jefe de División, no existen incompatibilidades. porque estaba de “baja voluntaria” en el momento de la licitación del proyecto: la reforma de unas cocheras en el distrito de Fuencarral, por la que el Consistorio de la capital pagó más de cinco millones de euros (sin incluir el IVA).

Los pagos que recibió Pradillo de la constructora comenzaron antes de la pandemia y se prolongaron durante la misma. La Unión Temporal de Empresas (UTE) que había ganado el concurso, encabezada por la constructora Inesco, abonó el dinero al jefe de División a través de una sociedad denominada Mansaluve, en la que consta como administrador solidario y que, según el Registro Mecantil, se dedica desde 2019 a los servicios técnicos de ingeniería y asesoramiento. El asunto se ha abordado en los tribunales porque una de las tres empresas de la UTE, Ciser, denunció a las otras dos (Inesco y Asfaltos y Pavimentos) por delitos de estafa y administración desleal, entre otros. En el marco de esta causa, han declarado como testigos el propio Pradillo, Alfonso Sánchez y otro alto cargo de la EMT, Gonzalo Fernández, director de Infraestructuras.

Según consta en las grabaciones de sus interrogatorios en el Juzgado de Instrucción 29 de la capital, a los que tuvo acceso EL PAÍS, los abogados preguntaron a Alfonso Sánchez y a Gonzalo Fernández si el presidente de Ciser se reunió con ellos y les avisó en algún momento de que Pradillo facturó a la UTE a través de Mansaluve. Ambos admitieron los encuentros con este, pero solo el director de Infraestructuras reconoció que le “dijo que estaba preocupado por ese tema”. El gerente señaló que no recordaba el contenido de la cita. EL PAÍS ha preguntado a la EMT si alguno informó a sus superiores políticos, pero la empresa pública ha rechazado responder.

―¿Conoce a Pablo Pradillo? —preguntó un letrado a Alfonso Sánchez el pasado febrero.

―Es empleado de la empresa —responde el gerente.

―¿Se reúne usted con Víctor M. O. a instancias de este, presidente de Ciser, el 1 de julio de 2021 al final de la mañana en su despacho de la EMT?

―No recuerdo, Don Víctor…

―Es el presidente de Ciser, una de las empresas participantes de la UTE.

―Sí, me he reunido con él, pero no recuerdo el día.

―¿Le manifestó que estaba preocupado con lo que estaba aconteciendo en la UTE con unos pagos a la empresa Mansaluve, de la que era administrado Don Pablo Pradillo, empleado en excedencia de la EMT?

―No recuerdo exactamente los términos de aquello.

—Le iba a preguntar si le manifestó que esos pagos debían realizarse en cinco facturas, [ya que el presidente de Ciser] afirma que le entregó una relación de facturas. ¿Usted no lo recuerda?

―No recuerdo esa conversación.

Más tarde declaró Fernández Sánchez, actual director de Infraestructuras. “Sí, [conozco a Pradillo]”, dijo. Después, añadió que “nunca” había dependido jerárquicamente del jefe de División, ni al revés. “Tuvimos un director hace tiempo juntos, pero no trabajamos juntos”. Los abogados le preguntan entonces por el aviso que recibió

―¿Se reunió usted con el presidente de Ciser, uno de los miembros de la UTE, el día 23 de junio del 2021 a las 11.30 horas en la cafetería de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos?

―Desconozco el apellido, pero sí: un Víctor, Ciser… Sí que se reunió conmigo en la Escuela de Ingenieros…

―¿Le manifestó en aquella reunión que estaba preocupado con lo que estaba aconteciendo en la UTE con unos pagos a la empresa Mansaluve, de la que era administrado Don Pablo Pradillo?

―Desconozco esa empresa, pero sí me dijo que estaba preocupado por ese tema y le mostré mi disposición a ayudar [...] Bueno, fue una buena reunión.

EL PAÍS publicó este jueves la declaración que protagonizó Pradillo el pasado 17 de febrero en el Juzgado de Instrucción 29, donde reconoció como testigo que había percibido la comisión del 3% a través de su empresa. El vídeo se conoce después de que, tras desvelarse el caso, el concejal Borja Carabante, también presidente de la EMT, pusiese en duda que hubiese admitido el cobro de los 150.000 euros: “Si Pradillo reconoce [la comisión], tendrá un problema él y las personas que lo adjudicaron [...] No he hablado con Pradillo sobre la comisión. Si lo reconoce, se ha producido una irregularidad muy grave. Pero eso hay que verlo y hay que demostrarlo”, dijo el edil popular el 3 de mayo.

Peticiones de información

El Ayuntamiento ha extendido un manto de silencio sobre el caso Pradillo y rechaza ofrecer detalles de la investigación interna abierta al jefe de División. Se niega a entregar el expediente a la oposición y a los consejeros de la EMT, así como el contrato bajo sospecha y las alegaciones que haya presentado el empleado, al que se dio 72 horas para aportar su versión. “Hace más de un mes, solicitamos a Carabante que tomara medidas urgentes contra este trabajador de EMT, que incumplió la ley. Se supone que se le abrió un expediente informativo del que no sabemos nada porque se nos niega la información. ¿Qué ocultan?”, denuncia Esther Gómez, concejal de Más Madrid.

El Consistorio se escuda en que la Oficina Contra el Fraude y la Corrupción ha abierto unas pesquisas “confidenciales”, aunque este proceso se desarrolla de forma separada al expediente interno de la EMT. De hecho, la edil Esther Gómez, consejera también de la empresa pública, envió este jueves una carta al gerente donde le indica que los “expedientes o documentos” de la EMT son “de libre acceso para los miembros del consejo de administración y los concejales”. Y le advierte: “Te ruego que respetes mi derecho de acceso a la información, tanto como consejera de la empresa como en mi condición de concejala; y procedas a enviarme toda la documentación solicitada en un plazo máximo de siete días hábiles. En caso contrario, me veré obligada a ejercer las acciones judiciales oportunas en defensa de mis derechos y del interés de la empresa”.

En rueda de prensa, la portavoz del Gobierno local, Inmaculada Sanz, ha dicho este jueves que “viendo las informaciones” nuevas sobre el caso publicadas por EL PAÍS, “se analizará desde EMT” qué medidas se tomarán. Sanz ha vuelto a insistir en la línea argumental del Consistorio: “Es un contrato del anterior equipo de Gobierno. No olvidemos nunca de dónde surge esta situación y quién aprueba este contrato”. La adjudicación a la UTE se concedió el 14 de junio de 2019, 24 horas antes de que José Luis Martínez-Almeida tomara posesión como alcalde en sustitución de Manuela Carmena.

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