Un profesor de Alcobendas, condenado a 28 años de cárcel por ciberacoso y abuso de alumnas menores

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 28 años de prisión a un profesor que trabajaba en un colegio de la localidad madrileña de Alcobendas por más de una decena de delitos, entre ellos abuso sexual, por acosar a alumnas de entre 11 y 15 años a través de las redes sociales y por hacerles proposiciones sexuales. La sección sexta de la Audiencia le impone esa pena de prisión por cinco delitos de ciberacoso sexual infantil, cuatro de exhibicionismo, uno continuado de abuso sexual, uno continuado de elaboración de pornografía infantil y otro de posesión de pornografía infantil. Este castigo es menor que el que solicitaba la Fiscalía, que pedía 40 años de cárcel. La sala lo ha absuelto de uno de los delitos de abuso sexual por el que estaba acusado y ha tenido también en cuenta que reconoció parte de los hechos ―los que están grabados― y que consignó 12.000 euros para hacer frente a la responsabilidad civil.

El acusado, de 53 años y nacionalidad chilena, se encuentra en situación de prisión provisional desde el 29 de mayo de 2020, tras haber sido detenido dos días antes. Los hechos se produjeron durante el curso 2018-2019, cuando trabajaba como profesor en un centro de Alcobendas, del que fue despedido el 21 de octubre de 2019. Según la sentencia, que puede ser recurrida, se aprovechó de su condición de docente para contactar y acosar a través de las redes sociales a varias alumnas de entre 11 y 15 años con propósitos sexuales: les enviaba fotos suyas desnudo y les pedía que hiciesen lo mismo, además de ofrecerles mantener relaciones sexuales.

Llegó a contactar, dice la resolución, con una niña de 11 años y, tras mantener numerosas conversaciones con ella de carácter sexual, fue a la localidad en la que residía para quedar con ella y regalarle un teléfono móvil, cuyo saldo él mismo recargaba. A través de varios wasaps le envió a dicho móvil fotografías de él desnudo y le pidió que le remitiera fotos y vídeos de ella sin ropa e incluso se desplazó en numerosas ocasiones a la localidad en la que ella vivía y a otras donde pasaba sus vacaciones en los veranos de 2018 y 2019. La sala lo considera responsable de un delito de abuso sexual contra ella.

También contactó a través de su cuenta Instagram con una alumna del colegio de 15 años y comenzó a mantener con ella conversaciones de carácter sexual. Le contó que una exalumna suya le había llegado a realizar una felación y creó un grupo en la mencionada red llamado “las chupadoras”, en el que la incluyó. También le envió fotografías de su pene y llegó a proponerle que fuera a su casa “para follar”. El 27 de abril de 2020 remitió a la menor un vídeo en el que se apreciaba cómo una mujer que no ha sido identificada le estaba practicando una felación, un hecho que la niña puso en conocimiento del centro. Un mes después, fue arrestado.

Durante ese mismo año académico, el acusado contactó con otras tres alumnas de 14 años, también a través de su cuenta de Instagram, para mantener con ambas conversaciones de carácter sexual, diciéndoles entre otras cosas “qué buena estás”, enviándoles fotografías en las que aparecía desnudo y pidiéndoles de manera insistente le enviasen ellas también fotos desnudas. Una de ellas llegó a quedar con él en las proximidades del colegio, “y cuando se encontraban sentados en un banco, el acusado se acercó y puso la mano encima de su pierna, llegando a tocar su zona genital por encima de la ropa”.

Para el tribunal, existe “un conjunto de indicios claros y objetivos” de que estos hechos ocurrieron y considera que concurre la circunstancia agravante de superioridad en varios delitos, pero también la atenuante de reparación del daño. En el juicio, el acusado reconoció algunos hechos, en concreto los que estaban grabados, pero negó también buena parte de ellos: rechazó haber enviado o pedido fotos íntimas e incluso señaló que algunos de los actos por los que se le acusa eran a instancia de la víctima. La sala le impone el pago de casi la totalidad de las costas procesales y una indemnización de 1.000 euros a cada una de las tres víctimas; de 6.000 euros a otra y de 12.000 euros a la quinta.

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