Del anuncio preelectoral de una ayuda para dependientes en Galicia a la realidad: “Nos ponen trampas y nos marean”

“Un bono universal de 5.000 euros al año para todas las personas con dependencia que reciban los cuidados de un familiar, un vecino o un profesional en su propia casa”. Con estas palabras anunció la Xunta de Galicia el pasado 9 de octubre el bautizado como Bono Cuidados en el Hogar, la medida que iba a convertir Galicia “en la única comunidad en contar con un bono universal para personas con dependencia” y, por tanto, “en el lugar con más apoyos para que los mayores sean atendidos en su hogar”. En estos dos meses, el presidente gallego, el popular Alfonso Rueda, se ha fotografiado muy sonriente en la casa de un matrimonio que recibirá la ayuda, y su consejera del ramo ha visitado otros dos de los hogares beneficiados. La realidad, sin embargo, ha desinflado el “para todos” y la concesión “automática” del anuncio, lanzado solo unos meses antes de las elecciones autonómicas junto a otros bonos destinados a pagar una plaza de residencia o el equipamiento deportivo de los niños.

La madre de Pilar Fernández reside en el municipio de Maceda (Ourense) y tiene una dependencia reconocida de grado 2. La Xunta no le otorgó la prestación para pagar una cuidadora, así que desde julio se la paga ella íntegramente de su bolsillo. Ha suscrito con esta profesional un contrato laboral de cinco horas al día. En cuanto su hija escuchó que el Gobierno de Alfonso Rueda otorgaría un bono universal de 5.000 euros anuales a todos los dependientes que son asistidos en sus domicilios, incluidos los que no tuvieran concedida esa ayuda en su Programa Individual de Atención (PIA), se dirigió a los servicios sociales de este ayuntamiento de 2.900 habitantes para tramitarla. Fue allí donde primero le advirtieron a Fernández de que el bono, en realidad, no es universal.

En los primeros días de diciembre, Fernández emprendió un periplo telefónico con los servicios de dependencia de la Xunta porque no se podía creer que la ayuda anunciada “para todos” no incluyera a su madre. Después de varias conversaciones con oficinas de Ourense y Santiago y diversa “información contradictoria”, le aseguraron que no tenía derecho a ella porque uno de los requisitos es que la cuidadora de su madre esté contratada a través de una empresa intermediaria de servicios sociales inscrita en el registro oficial de la Xunta. Se declara “indignada”. “Toman el pelo a la gente. Nos ponen trampas y nos marean. Yo tengo tiempo y formación universitaria y pese a ello casi no consigo enfrentarme a este laberinto. No quiero ni imaginar qué hacen las personas que no tienen estos recursos”, afirma.

Un portavoz oficial de la Consellería de Política Social niega la información que le dieron verbalmente a Fernández en su departamento de dependencia. Asegura que los cuidadores profesionales no tienen que estar inscritos en ningún registro, pero admite otro requisito que nadie espera a tenor de la información divulgada por la Xunta: en el caso de los cuidadores no profesionales, el bono solo cubre a los que conviven con el dependiente cuando este es de grado 2 y 3. Esta exigencia de compartir techo choca con lo que se puede leer en la web de la consejería: la ayuda permitirá a los dependientes permanecer en su entorno al cuidado no solo de un familiar o un profesional, sino también de un “vecino”. Política Social sostiene que no hay ningún otro requisito más.

Una llamada al 012, el teléfono de información de la Xunta, contradice a la Consellería de Política Social. Tras ser preguntada sobre los requisitos para cobrar el bono, la operadora revela una nueva exigencia que deja fuera a más familias: el dependiente tiene que tener concedida la prestación para cuidados en el hogar en su Plan Individual de Atención (PIA). ¿Cómo puede ser eso si se ha anunciado que es una ayuda universal? “Se anunció de esa forma, pero en la orden solo viene para quienes tienen concedida la prestación para libranza en el entorno familiar”, responde la voz al otro lado del teléfono. Se refiere a la orden publicada el pasado 1 de diciembre en el Diario Oficial de Galicia que aprueba el bono junto a otras medidas y que, efectivamente, solo cita a estos dependientes.

El Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia advierte de que “estos anuncios sin concreciones” sobre el bono “están repercutiendo en los servicios sociales” de los ayuntamientos gallegos. En sus ventanillas y por teléfono, los técnicos de estas oficinas municipales están recibiendo peticiones y consultas que no pueden resolver. Ni siquiera cuentan con un “modelo básico” para tramitar la ayuda. Tampoco con unas “pautas claras” sobre cómo gestionarla. “Lo único que sabemos es lo que dice la orden y lo que dice la prensa”, explica Ana Rodríguez, responsable de dependencia de la entidad.

El bono, al contrario de lo que llegó a afirmar la Xunta, no es automático para todos los posibles beneficiarios. Los dependientes que ya cobren una prestación de libranza en el entorno familiar, es decir, que ya tienen una ayuda para pagar a cuidadores en sus domicilios, sí deberían recibirlo desde enero sin realizar ningún tipo de trámite. Lo que percibirán no son 5.000 euros a mayores de lo que ya cobran y de una tacada. La Consellería de Política Social explica a este periódico que les completará mensualmente la diferencia entre lo que ya ingresan y los 416 euros que resultan de dividir esos 5.000 euros anuales entre 12 meses. Hasta ahora, Galicia estaba entre las comunidades de España con las prestaciones por cuidados en el entorno familiar más bajas. Según datos oficiales de 2022, la media que cobran las familias gallegas para atender a grandes dependientes es de 208 euros mensuales, la más pequeña del Estado. En los casos moderados y leves, la cuantía es la segunda más exigua después de la de Castilla y León.

Las personas con dependencia a las que en su día, cuando fueron valorados, no se les concedió dinero para financiar cuidados en casa deberán “acudir a los servicios sociales de referencia, sea en el Ayuntamiento o en el centro de salud, para solicitar el cambio”, señala la Xunta. La entidad que representa a los trabajadores sociales añade que estos pacientes deberán volver a ser valorados, aguardando turno en una lista de espera que actualmente está entre un año y año y medio. El camino para quienes no tengan aún reconocido ningún grado de dependencia y empiecen de cero, avisa la portavoz del colegio de trabajadores sociales, será aún más largo.

Al margen de que el bono no sea universal como se anunció, el Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia advierte de que este tipo de ayudas no solucionan “el problema estructural del sistema de dependencia” en una de las comunidades más envejecidas de España y reclama inversiones en residencias públicas y en el servicio de ayuda en el hogar. Dar a las familias 5.000 euros anuales, subraya Rodríguez, es solo un “parche”, una “limosna” que no cubre ni siquiera el coste real de un cuidador. La entidad cree además que “fomenta la privatización, en lugar de invertir en servicios públicos de calidad”. “Lo que se necesita es un sistema sólido de recursos de atención en el hogar que llegue a todos los grados de dependencia, porque ahora mismo están concentrados en el grado 3 [el más alto]”, esgrime. “Lo que piden las familias son más horas del servicio de ayuda en el hogar. Eso es prioritario, porque lo preferible es que los dependientes se queden en su casa”.