El Gobierno sanciona con 1,1 millones a San Cibrao das Viñas por vertidos contaminantes

El municipio ourensano de San Cibrao das Viñas, una población de 5.395 vecinos que cuenta con un presupuesto anual de 5,5 millones de euros, ha sido sancionado con 1,1 millones por verter aguas contaminantes sin autorización de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) al río Barbaña, zona protegida. Esta es la tercera sanción por vertidos contaminantes a la que se enfrenta el Ayuntamiento de San Cibrao en los últimos años y es consecuencia de la denuncia presentadas por los colectivos ambientalistas Amigos da Terra, la Plataforma Ríos Limpios y la Policía Autonómica relativa a 18 vertidos realizados entre los años 2018 y 2020. No obstante, el regidor, el popular Manuel Pedro Fernández, asegura que la multa obedece a “una clara persecución política por parte de la Confederación Hidrográfica hacia este Ayuntamiento” y anuncia que prepara ya recurso judicial.

El importe de la multa, aprobado en el Consejo de Ministros de este martes, es de un millón de euros, cantidad a la que se suma una indemnización de cerca de 185.000 euros más al dominio público hidráulico. Una elevada cantidad que supone una quinta parte del presupuesto municipal y que es consecuencia de la calificación de “muy grave” de los vertidos por “la reiteración en la conducta infractora, al ser sancionado [el Ayuntamiento] en otras ocasiones por hechos similares ocurridos en 2017 y 2018 así como el agravante de trascendencia en relación con la seguridad de personas y bienes, ya que el vertido se produjo en una zona protegida como es el río Barbaña”, explica un portavoz del organismo de cuenca.

Fernández acusa a este organismo de abrir el expediente pese a no acometer los trabajos de ampliación de la depuradora a los que se comprometió en 2017 para solucionar este problema. “Si pagamos esa cantidad no podremos realizar ninguna inversión durante tres años porque hay que pagar el alumbrado, estructuras, a la empresa que inspecciona los vertidos…”, protesta. Sostiene además que la contaminación es provocada por las aguas domésticas. “Los detergentes que usan los vecinos en sus lavadoras superan los parámetros permitidos pero la Confederación Hidrográfica no se ha gastado aquí un duro”, apunta el alcalde, advirtiendo de que su municipio “es pionero en Galicia en la instalación de cabinas de control de vertidos, con una inversión de medio millón de euros, y en la contratación de una empresa inspectora”.

Fernández afirma además que la Confederación Hidrográfica presentó un proyecto inviable de ampliación de la depuradora que el Ayuntamiento tuvo que rechazar, ya que “incumplía con la normativa urbanística del municipio”: “Cualquier vecino habría mirado el planeamiento antes de presentar un proyecto sobre un plan parcial”. Y añade que el organismo de cuenca “se preocupa de sancionar pero no de dar soluciones”. “Nosotros no tenemos una varita mágica”, recalca.

No obstante, el organismo de cuenca asegura que, al tratarse de un proyecto de interés general del Estado, “es el planeamiento el que ha de adaptarse al mismo y no al revés”. Y añade que durante la redacción informó puntualmente al Ayuntamiento “a través del propio alcalde y en ningún momento manifestó oposición alguna al mismo”. Una vez finalizada la redacción, “se inició el trámite para una evaluación ambiental simplificada del mismo el 27 de septiembre de 2019″.

La Confederación Hidrográfica asegura que cinco meses después recibió una carta del alcalde reclamando “la modificación del proyecto” en lo relativo a la posición de la ampliación de la depuradora para “posibilitar el desarrollo completo de un plan parcial existente”. El alcalde explicaba en su carta que “la imposibilidad de desarrollar al completo este plan parcial tendría un impacto económico y social muy negativo en el municipio”, afirma el organismo estatal. El proyecto se sometió al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria, detalla la entidad, y se contrató un servicio de asistencia técnica para incluir el cambio de ubicación solicitada por el alcalde y para redactar el correspondiente estudio de impacto ambiental para la evaluación ambiental ordinaria, fase en la que se encuentra.

El organismo de cuenca responde a la acusación de “persecución política” que realiza el regidor señalando que no parece razonable porque “si el Gobierno de España se compromete a invertir 30 millones de euros en San Cibrao a coste cero para el Ayuntamiento” no se aprecia “aversión alguna”. La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil destaca además que la ejecución del proyecto no preserva al cauce de los vertidos si no se realiza la gestión adecuada del sistema de saneamiento, una labor de competencia municipal que a su juicio “no se está realizando convenientemente”.