PP y Vox rechazan en Valencia la propuesta de Zona de Bajas Emisiones de la oposición
Compromís y PSPV denuncian que el gobierno de Catalá “aboca a la capital a perder 150 millones y perjudicar la salud de los vecinos”

La implantación de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Valencia, como establece la ley de Cambio Climático para las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes, ha vuelto al pleno del Ayuntamiento —esta vez a iniciativa de los dos grupos de la oposición, Compromís y PSPV-PSOE, que han presentado su propio proyecto— en un nuevo intento de que la ciudad cuente con una ordenanza antes de que concluya 2025 y así evitar la pérdida de 150 millones de euros de ayudas del Gobierno de España y de la Unión Europea. PP y Vox, los dos socios que gobiernan la capital, lo han rechazado, así que la tercera capital española sigue sin una regulación específica concebida para mejorar la calidad del aire.
La oposición planteaba una ZBE que afecte a toda la ciudad y no deje a ningún barrio fuera frente a la de PP y Vox, que dejaba el frente litoral y otros barrios fuera. En esencia, la oposición propone que los vehículos más contaminantes (sin etiqueta) de fuera de la provincia de Valencia puedan entrar en la capital a partir de enero de 2026. Los de dentro de la provincia serían sancionados a partir del 1 de julio de 2026, mientras la prohibición para los vehículos censados en Valencia no llegaría hasta el 1 de enero de 2027. La propuesta establecía además una línea de ayudas municipales en 2026 para el recambio de los vehículos más antiguos y la reserva de aparcamientos en los barrios para los vecinos.
La ordenanza, a diferencia de la que plantearon con anterioridad PP y Vox, también afectaría a los coches con etiqueta B: se prohibían los que sean de fuera de la provincia a partir del 1 de enero de 2027 y los de fuera de la ciudad se sancionarían a partir de enero de 2028. No se penalizarían de momento los vehículos de etiqueta B de la capital. El proyecto de ordenanza pactado por la oposición establecía además ayudas y exenciones para las familias más vulnerables en función del Iprem (Indicador Público de Renta) y apostaba por un régimen transitorio para las actividades económicas.
La propuesta de ordenanza del PP, que solo cuenta con 13 de los 33 escaños del pleno, decayó, después de meses de tramitación, porque Vox, su socio de gobierno, retiró su apoyo en el último momento, y porque la oposición no veía posible refrendar una regulación tan de mínimos, “prácticamente inexistente”, dijeron.
“Estamos viendo a un PP que se pone de perfil ante cualquier problema y hemos escuchado a la alcaldesa María José Catalá culpar a todo el mundo de no tener una ZBE menos a ella, que es quien tiene la responsabilidad”, ha denunciado la portavoz de Compromís, Papi Robles, en el pleno extraordinario que ha forzado su formación cuando ya se daba por muerta la posibilidad de una ZBE. “Aquí hay una propuesta responsable, con un proyecto firme, así que ahora pueden pactar con los negacionistas de Vox o pueden abstenerse. O diga día, hora y lugar para que nos sentemos a negociar”, le ha ofrecido Robles al PP.
María Pérez, concejal socialista, ha advertido que un 40% de los barrios de Valencia superan los niveles de calidad del aire exigidos por la Unión Europea. “Llevan todo su mandato minimizándolo o negándolo pero la realidad es incontestable y ustedes tienen la responsabilidad de proponer soluciones”, ha manifestado. Tanto Robles como Pérez han recordado que la falta de una ordenanza de ZBE condenará al Ayuntamiento a perder unos 150 millones de euros de ayudas en el apartado de movilidad. “Podemos llegar a un acuerdo, la mano está tendida. Ojalá ustedes den hoy un paso al frente, pero con soluciones, no maquillaje”, ha agregado.
El concejal de Movilidad de Valencia, Jesús Carbonell, del PP, ha recordado que han sido flexibles y presentado hasta tres propuestas a la oposición, pero no aceptará que la oposición incorpore cuestiones “ajenas” a la ZBE, como es la reducción del tráfico en la calle Colón o que se mantenga sin vehículos el corredor verde en los barrios del sur de la capital. “Ustedes han traído una moción, no una ordenanza y si creían en ella ¿por qué no la aprobaron cuando gobernaban?“, ha planteado en el pleno. Ha despedido su intervención pidiendo a la oposición que aprueben la ordenanza inicial, la del PP, y luego se añada una adicional ”con lo que podamos negociar".
Antes de iniciarse el pleno, el propio Carbonell ha dado a conocer que este fin de semana volvió a plantear una propuesta a Vox y el grupo ultra volvió a responder con una negativa a cualquier tipo de ZBE.
José Gosálvez, portavoz de Vox, considera que las ZBE no es una imposición de Europa “sino de Pedro Sánchez” y, “aunque queremos cuidar el medio ambiente, no queremos sacrificar la libertad y el empleo de los que ya hacen bastante con llegar a fin de mes”. Para Vox, la ordenanza es “una persecución”.
Antes del debate varias asociaciones ciudadanas han tomado la palabra. María Soledad Ramírez, de la asociación de vecinos de La Raiosa, ha reclamado previamente una ZBE “de máximos” porque es positiva para reducir la contaminación, sobre todo en un barrio que soporta gran intensidad de tráfico, porque está entre la avenida de Giorgeta, la calle de San Vicente y la cercana avenida de Pérez Galdós. “La concentración de tráfico nos afecta de forma directa y el futuro bulevar Federico García Lorca queremos que se convierta en un eje verde. Los barrios del sur queremos que se nos escuche”, ha dicho. Un portavoz de la Asociación Mesura ha anunciado que denunciará la falta de una ZBE ante la UE.
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