El Pacto y la furia

Concluido el ciclo electoral previsto para 2024 y anunciado el deseo de populares, socialdemócratas y liberales de formalizar un acuerdo en la UE para cerrar el paso a populismos de ambos extremos, es un momento propicio para reflexionar sobre la secuencia de acuerdos alcanzados en nuestro autogobierno y aquellas cuestiones que han suscitado la confrontación más intensa. Me tomo la libertad de utilizar el título de la última contribución periodística de Enric Juliana, quien ha hecho lo propio en la escena estatal.

El signo de la división y la discrepancia se encuentra en el mismo pacto estatutario, no solo en la llamada “qüestió de noms”, sino también en la forma de acceso a la autonomía que culminó en la “vía valenciana”, cuyo 40 aniversario celebramos hace dos años en un clima de enfrentamiento y división, como consecuencia de un lema desacertado. Aún está por evaluar el coste de dicha división primigenia en términos de rendimiento político-institucional, pero parece evidente que ese déficit ha lastrado nuestra capacidad de influencia en la gobernabilidad del Estado, hasta la fecha. Además, el acuerdo de las cúpulas orgánicas estatales en los momentos iniciales de nuestra experiencia autonómica cerró el camino a un acceso privilegiado a la autonomía, cuyos resultados quedaron a nuestro alcance gracias al gran acuerdo entre UCD y PSPV-PSOE. Habrá que esperar décadas más tarde para la consideración histórica de la nacionalidad valenciana en una secuencia de estatutos de nueva generación.

Tuvimos que esperar hasta mediados de los 90 para firmar el armisticio de la llamada “batalla de València” con el dictamen sobre el valenciano y el acuerdo en torno a su autoridad lingüística; “blindada” estatutariamente en el pacto que reflejó un doble acuerdo, estatal y valenciano, respecto a las aspiraciones de un mayor autogobierno en la primera década del siglo XXI. El llamado “pacto del Magnolio”, formalizado por los líderes de los dos grandes partidos valencianos, satisfizo las aspiraciones de actualizar nuestra norma institucional básica. Además, nos adelantó en el concierto estatal al alcanzar un Estatuto nuevo y renovado que permitía un poder de decisión que, nunca antes, tuvo un presidente de la Generalitat. Todo lo demás (Carta de Derechos, incorporación de nuevas instituciones, blindaje de competencias, “cláusula Camps”…) fue un añadido.

El acuerdo sobre la Llei d’Ús, que logró aprobarse sin ningún voto en contra y cuyo reciente aniversario se ha celebrado sin pena ni gloria, no ha tenido continuidad en un modelo que avanza hacia la libertad educativa y amenaza con desmontar el acuerdo plurilingüe cincelado en Les Corts por las fuerzas del Botànic. Fuerzas que ya ni siquiera se reflejan en él, como ha puesto de manifiesto el líder de Més - y flamante eurodiputado- apostando por un sistema inmersivo, no muy distinto al que ha edificado la escuela catalana y cuya viabilidad, tras 40 años ha sido ampliamente cuestionada por sus resultados.

Asimismo, los acuerdos han posibilitado gobiernos de coalición de distinto signo, con el valencianismo político, las izquierdas y, más recientemente, con el populismo de derechas. Si el primero posibilitó el gobierno del cambio que culminó la autonomía surgida de la Transición, afianzando las instituciones propias y alcanzando el pacto lingüístico; el segundo alumbró un marco de integridad institucional para evitar volver sobre errores pasados. A pesar de que el resultado del tercer gran acuerdo de coalición está por materializarse, y ni siquiera la batería de proposiciones de ley impulsadas en el último año permiten entrever cuál será su legado.

No podemos olvidar, tampoco, la furia que también nos ha acompañado desde los comienzos de nuestra andadura, a través de una violenta Transición nada ejemplar en tierras valencianas. Esta acabó fagocitando las franquicias valencianas de los grandes partidos y, también, las oportunidades del valencianismo político que justificaba la misma autonomía. Una furia que se desató como una tormenta en un vaso de agua respecto a la falsedad del conflicto lingüístico y tuvo su continuidad en la entente no siempre cordial de los socios del Botànic, cuya actualización ha sido un negacionismo que amenaza con contaminar los frutos del nuevo Gobierno valenciano.