Uso y abuso de la investigación parlamentaria

La polémica generada acerca del alumbramiento de nuevas comisiones parlamentarias de inspección, en el ámbito estatal, a costa de supuestos casos de lawfare (guerra jurídica) puede ser una ocasión propicia para ofrecer una reflexión en torno a la actividad inspectora desplegada por Les Corts valencianes. Un análisis que resultaba pendiente pese a haber ocupado, muchas de las principales investigaciones, cientos de portadas y crónicas periodísticas en periódicos como este.

El número de comisiones parlamentarias creadas por el Parlamento autonómico ha sido, numéricamente, muy similar a las creadas en el seno de las Cortes Generales, pese a la no coincidencia de los mandatos parlamentarios. Sin embargo, sus temáticas han sido radicalmente distintas con únicamente dos excepciones: la crisis financiera, que se llevó por delante el sistema financiero valenciano, y la financiación de los partidos políticos, ámbito donde el liderazgo de la investigación terminó por trasladarse al parlamento nacional.

Resulta indiciario, también, el escaso índice de éxito del total de iniciativas planteadas en este sentido que sólo ha alcanzado el 8% del total. Y que suscribe la necesidad de reformular dicha práctica empoderando a la minoría frente a la mayoría que apoya el gobierno, siguiendo el ejemplo del Bundestag alemán.

Desde la corrupción política hasta graves crisis sanitarias (hepatitis C o legionelosis), las temáticas abordadas han sido muy diversas, afectando a casi todos los ámbitos de gestión; mostrando muchas veces la delgada línea roja que separa la investigación parlamentaria y los deseos de judicializar la política, como tuvimos ocasión de ver con la investigación de uno de los programas “sociales” autonómicos más exitosos. Creada, inmediatamente, tras el archivo de una denuncia penal sobre su gestión.

Otro asunto de interés ha sido el incumplimiento de los compromisos asumidos en sede parlamentaria, como atestigua la Comisión del accidente del Metro. Reabierta dos legislaturas después pese a, finalmente, no lograr hacer coincidir la verdad parlamentaria expresada con la judicial.

Igualmente, cabe señalar que sólo una cuarta parte de estas ha llegado a someter al plenario sus dictámenes de conclusiones. Otra cosa será la versión parlamentaria que refleje lo sucedido y que, en los últimos tiempos, ha tenido dos verdades irreconciliables, gracias a los votos particulares expresados por la minoría. Baste decir que muy pocas, también, han podido atribuir directamente una responsabilidad política digna de merecer un reproche con consecuencias políticas que no hubiesen sido ya exigidas.

Sin duda, lo más lamentable ha sido la mala praxis parlamentaria que se ha seguido y que ha malbaratado uno de los principios democráticos de base: el control de la mayoría por la minoría. Cuando, frecuentemente, y especialmente en las dos legislaturas del Botànic, hemos asistido atónitos a un férreo control de la minoría por los grupos que daban soporte al Consell exigiéndoles unas responsabilidades políticas (para eso están las Comisiones Parlamentarias de Investigación) cuando ya se las habían exigido todos los valencianos en las urnas. Imposibilitando, al tiempo, que se abriese una investigación parlamentaria sobre la gestión pandémica o, incluso, acerca de las responsabilidades que se suscitaron frente a los máximos responsables del Gobierno autonómico, como Puig y Oltra.

El balance de estos 40 años refleja la necesidad imperante de revisar y mejorar este instrumento para garantizar su utilidad y evitar su uso -ya limitado en cuanto a su número por el alto coste que entraña- y abuso en el futuro inmediato.