Se atreven porque otras veces les ha salido bien

Pero ¿cómo se atreven? ¿De dónde sacan tanta desfachatez para hacerse las víctimas de un desafuero que ellos han creado? ¿No se dan cuenta de que por mucho que se hagan los ofendidos cualquiera que examine el conflicto se da cuenta de que se trata de unos tramposos pillados haciendo trampas? Estas son algunas de las preguntas que se hacen a sí mismos muchos escandalizados y estupefactos ciudadanos por el desacomplejado comportamiento de la dirigencia del PP en su empeño por seguir controlando el Tribunal Constitucional en contra de las normas, los plazos y el juego limpio.

¿Cómo se atreven? Se atreven porque otras veces lo han hecho y les ha salido bien. Se atreven porque han vivido siempre en la convicción de que el poder es suyo y, por eso mismo, pueden hacer lo que quieran con él. No es la primera vez. El PP lleva décadas en la operación política de controlar los aparatos de poder judicial y constitucional. Lo tiene y quiere conservarlo. Ahora es quizá un buen momento para recordar que, en el origen de la crisis actual están las maniobras para fabricar una mayoría afín al PP en el Tribunal Constitucional para asegurarse que este dictara una sentencia favorable a sus posiciones sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006.

Aquellas maniobras le salieron bien. Fueron denunciadas desde Cataluña. Tan denunciadas como el mismo juego tramposo al que ahora pretende poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero nadie hizo caso. O, al menos, nadie con capacidad para intervenir. Luego, en 2010, vino la sentencia del Constitucional instada por el PP, que dejó el Estatuto de Cataluña como herramienta al gusto del partido que había perdido las votaciones sobre él en el Parlamento catalán, en el Congreso, en el Senado y en el referéndum popular a que fue sometido.

Destacadas voces advirtieron entonces desde Cataluña que con aquella sentencia se había roto el pacto constitucional de 1978, del que el catalanismo fue uno de los impulsores y protagonistas. Lo dijeron y lo dejaron escrito figuras tan significativas como Miquel Roca i Junyent, uno de los autores de la ponencia constitucional. Es decir, uno de los firmantes en nombre del catalanismo, con su puño y letra, del pacto que ponía fin al régimen franquista y abría la etapa democrática. Y ahora es por lo menos sorprendente, escuchar y leer a sesudos comentaristas atribuir al Gobierno de la Generalitat de Carles Puigdemont y al Parlamento catalán, y por extensión al catalanismo, la responsabilidad de la grave crisis constitucional de 2017. Tan grave, por lo menos, como la actual. Este planteamiento, que ha sido normalizado en el debate público en España, hace abstracción de que en Cataluña el pacto está roto desde hace 12 años y seguirá estándolo hasta que no se renueve o se le sustituya por otro. El discurso del PP dice que el catalanismo es el responsable de la crisis de 2017, y ese discurso ha colado en el Madrid político, se ha instalado en medios que van más allá del partido conservador. Que la colosal metedura de pata de Puigdemont y Oriol Junqueras en octubre de 2017 les haya ayudado no cambia las cosas, por ilegal que fuera. Porque la realidad es que la crisis fue creada previamente por el propio PP al manipular a su favor la mayoría del Tribunal Constitucional de la época mediante inverosímiles tretas de recusación. Es decir, haciendo trampas, como ahora.

Les salió bien. ¿Por qué no iban a hacerlo otra vez?

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