El Govern promete pacificar la N-II en el Maresme tras liberar la C-32

El fin de los peajes en el tramo norte de la autopista C-32 en su tramo norte podría ser una oportunidad no solo para los conductores que la frecuentan, sino para los alcaldes del Maresme que acumulan lustros reclamando la pacificación de la N-II. La carretera tiene el vicio de tener dos referencias en la clasificación de los diez puntos viarios con mayor concentración de accidentes y que se ha convertido, junto al tren, en una aberración urbanística para los municipios que atraviesa. Aprovechando el fin de la concesión de la autopista de peaje y el cambio de pesos de la movilidad, la Generalitat se ha comprometido con los municipios el inicio de los trabajos, que no se prevén ni rápidos ni fáciles. Entre 2022 y 2026 quiere invertir unos 120 millones de euros, si bien la mitad se destinarán a la construcción de seis nuevos enlaces con la autopista para derivar vehículos.

La idea principal es conseguir que parte del tráfico que ahora circula por la N-II para evitar peajes se derive a la C-32, de forma que se puedan evitar los accidentes, la contaminación y los embotellamientos que provoca la alta densidad de tráfico en algunos municipios. Santa Susanna, por ejemplo, registra una intensidad media de hasta 32.100 vehículos diarios, frente a los 20.500 que pasan por la C-32 en la misma zona. El Govern trasladó ayer a los municipios, a través del Pacto de Movilidad del Maresme, su intención de actuar con dos intensidades. En la zona sur de la comarca los trabajos y el cambio de configuración de la vía serán más ambiciosos, al plantear que la carretera sea integrada en la trama urbana de las diferentes poblaciones, con una considerable reducción del tráfico. En la más parte más al norte la actuación irá más en la línea de pacificar el tráfico. Es allí donde aún hoy la circulación de la N-II supera a la C-32, situación que se prevé revertir una vez se consolide la nueva autopista sin peajes.

La diferencia de actuaciones se explica porque el Govern prevé que en el Baix Maresme el fin de los peajes suponga una mayor captación del tráfico que ahora circula por la N-II. De ahí que se plantee la posibilidad de reducir la plataforma destinada a los vehículos, con un carril por sentido, más rotondas y la reducción de velocidad de la vía. La intención inicial es de integrar más el transporte público, dar más espacio a aceras para que los peatones ganen protagonismo y crear un carril bici continuo sobre la actual plataforma viaria. El proyecto constructivo, si esta vez se cumple, no tiene fecha pero tendría que ver la luz en breve, según explica el secretario general de Vicepresidencia, Políticas Digitales y Territorio, Ricard Font.

La actuación más al norte no podrá ser tan ambiciosa y se ha perfilado con la intención de convertir la carretera en una vía de tráfico más local, pero cuya conectividad no llegue ni tan solo a ser comarcal. Los ajustes de capacidad irán vinculados a la caída del tráfico y se prevé inicialmente crear una vía ciclable que una todos los municipios, pero la vía ciclista, aunque prevista, tendrá que esperar.

El estudio que ha realizado el Govern sobre la movilidad prevé trasvases de tráfico de la N-II a la C-32 a partir del miércoles, pero estos ni generaran problemas de saturación sobre la autopista. La carretera nacional —de titularidad desde 2009 de la Generalitat— verá cómo se reduce el paso de vehículos entre un 25% y un 40% en el Baix Maresme, con una reducción de hasta el 57% en el tramo de Caldes y Arenys. Existe un problema para que se pueda acabar de dar ese cambio de vía, la falta de conectividad, por lo que la Generalitat prevé construir en los próximos años hasta seis enlaces nuevos (Alella, Teià, Premià de Mar, Cabrils, Canet y Calella) y completar dos ya existentes (Llavaneres y Pineda de Mar). Actualmente, hay unos 18 enlaces.

El fin de las concesiones de la C-32 y de la C-33 no serán un problema para la Generalitat, que ahorrará en torno a 10 millones de euros que destina actualmente al sistema de descuentos que la concesionaria aplicaba sobre determinados conductores. Por contra, invertirá 7,5 millones de euros al año en mantenimiento.