Indultos, justicia y política

La revocación del tercer grado penitenciario a los líderes independentistas es una estación más de este viacrucis del postprocés en el que la justicia ha tomado definitivamente la iniciativa y la política está pagando la cuenta. En diciembre del año pasado fue el Tribunal Supremo el que puso fin a los beneficios carcelarios de los dirigentes secesionistas presos. Ahora ha sido el juez de vigilancia penitenciaria quien reitera esa suspensión en lectura literal y rigorista del auto del Supremo. Y ello a pesar de algunos de los presos llevan casi tres años y medio encarcelados y han cumplido, por tanto, una cuarta parte de la pena.

Oficialmente se insiste desde el Gobierno central en que los indultos nada tienen que ver con la política. Luego añaden que es un proceso lento. Ambas afirmaciones son de difícil sustentación a luz de la experiencia. Por ejemplo, entre la petición de indulto para el exministro socialista de Interior José Barrionuevo y su segundo, Rafael Vera, y su aprobación apenas pasaron seis meses. Los dos cargos públicos, condenados a 10 años de prisión, estuvieron en régimen penitenciario ordinario desde el 9 de septiembre al 24 de diciembre de 1998. El indulto parcial comportó la aplicación efectiva del tercer grado.

Barrionuevo y Vera estaban acusados de ser los máximos responsables del secuestro en 1983 de Segundo Marey, un ciudadano francés hijo de un exiliado socialista, a quien confundieron con un dirigente de ETA. La acción se produjo en uno de los años de plomo en el País Vasco, en el que el terrorismo etarra asesinó a 44 personas. Los autores materiales del secuestro de Marey fueron mercenarios pagados con fondos reservados, que actuaban bajo las siglas de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), una banda que tiene en su haber 27 atentados mortales.

Como hubo indulto parcial y pese de tratarse de un asunto de terrorismo, no fue necesario el arrepentimiento. José María Luzón, entonces fiscal del Supremo, no apreció en los condenados razones que justificaran la medida de gracia. En concreto, no podía inferirse “la existencia de arrepentimiento”. Al entrar en la cárcel, Barrionuevo y Vera fueron acompañados por unos 5.000 socialistas, entre los que destacaban Felipe González, Joaquín Almunia, Alfredo Pérez Rubalcaba y Josep Borrell. Los gritos de “¡inocentes, inocentes!” y afirmaciones en voz alta de “nos están metiendo en la cárcel como antes” eran las consignas más comunes entre los concentrados.

Es cierto que la derecha había hecho casus belli del terrorismo de Estado para erosionar y echar a los socialistas del poder. Pero una vez alcanzado el Gobierno, en 1996, el PP no tuvo reparos en dar luz verde a un indulto que este mismo diario consideró editorialmente “una decisión centrada” y una opción por el diálogo y no por el enfrentamiento. Quizás esa medida política estaba destinada a compensar el acercamiento entre 1998 y 1999 de 120 presos de ETA al País Vasco y el retorno a España de mas de 300 personas, algunas vinculadas a la organización terrorista y relacionadas con delitos de sangre. “Ahora lo que toca es la paz (…) Queremos que la paz que se construya sea habitable, no para la mitad de los vascos sino para todos ellos (…) Apuesto por el diálogo y la responsabilidad compartida”. Esas palabras salieron de boca de Aznar el 26 de septiembre de 1998, en San Sebastián, diez días después de que ETA —a quien el Gobierno de derechas llamaba Movimiento Vasco de Liberación Nacional— anunciara una tregua en su actividad armada.

El Ejecutivo de Aznar hizo política y compatibilizó sin complejos la negociación con ETA y los indultos a Barrionuevo y Vera. Ahora, sin terrorismo de por medio, el PP anatemiza a los socialistas por dialogar con el independentismo. El PSOE exhibe un miedo cerval a aplicar medidas de gracia a los líderes secesionistas, que si bien es cierto que han vulnerado la legalidad también lo es que han encabezado movilizaciones mayoritariamente pacíficas. La victoria en las recientes elecciones catalanas de las posiciones más dialogantes en los bloques —ERC, en el independentista, y PSC, en el constitucionalista— predispone el terreno político para aplicar una medida de gracia que contribuiría a desactivar el frentismo. De la falta de valentía nacerá probablemente un gobierno independentista entre Junts per Catalunya y Esquerra, condenado —como adelantaba el veterano republicano Joan Tardà— a repetir la historia y a ser “un fracaso y un Vietnam diario” para todos los catalanes. De momento todo sigue el guion: Laura Borràs —imputada por corrupción, pero independentista— preside el Parlament y Esquerra y la CUP se comen el marrón. Nada es seguro, pero para obtener resultados distintos hay que dejar de hacer las mismas cosas.