“Nadie certificará mi miedo al contagio el 14-F”

Entre finales de la semana pasada, y principios de esta, 82.053 ciudadanos de Cataluña han recibido la notificación para que el domingo 14 de febrero formen parte —ya sea como presidentes, vocales o suplentes— de 9.117 mesas electorales. Se trata de uno de los comicios más anómalos celebrados en esta comunidad autónoma y el primero bajo una pandemia mundial. Este jueves, 1.030 miembros de mesas presentaron una queja conjunta al Síndic de Greuges (el defensor del pueblo catalán) por la que alegaban que “en plena tercera ola” se van a ver obligados a permanecer más de 12 horas “en un local cerrado”, en contacto con centenares de personas, entre ellas las que se están infectadas — y sus contactos estrechos— a las que la Generalitat recomienda votar en la última hora con las urnas abiertas, entre las 19.00 y las 20.00.

Los miembros de las mesas denuncian que, a pesar de que la Administración ha asegurado que les proporcionará equipos de protección individual (EPI) para ponerse cuando voten los contagiados, nadie les ha formado sobre cómo utilizarlos. Y consideran que obligarles a acudir a las mesas vulnera su derecho a la salud.

EL PAÍS ha contactado con 10 miembros de mesas designados. Todos rechazan la celebración de los comicios en la fecha prevista y comparten el miedo a contagiarse o llevar el virus de las urnas a sus casas.

Mercedes Ridruejo tiene 57 años y es de El Vendrell (Tarragona). Le llegó la notificación a finales de semana. “Firmé el acuse de recibo al funcionario que me lo trajo y añadí en el papel: ‘Es un peligro y una imprudencia hacernos participar en estos comicios’. Yo vivo sola. Si enfermo dependo exclusivamente de mí”, denuncia. Ridruejo trabaja en una distribuidora de bebidas que vende ahora un 30% de lo que facturaba antes de la pandemia. “Tengo miedo. Eso es lo que tengo. Y ningún médico va a certificar que no puedo ir a la mesa electoral por miedo”, denuncia.

A Mónica González de Vilafranca del Penedés (Barcelona) no le han asignado ninguna mesa. Pero sí le ha tocado a su hija Ainoa Mariner, de 19 años. “El problema es que tengo otro hijo de 13 años con una enfermedad rara —distrofia muscular de Duchenne— y con un 75% de discapacidad. Si mi hija se contagia podría ser fatal para su hermano. Estamos presentando informes médicos y todo tipo de documentación, pero nos están diciendo que no tenemos gran cosa que hacer porque la persona vulnerable es solo conviviente de Ainoa”, lamenta González.

Un total de 3.700 integrantes de mesas electoras se han suscrito a un canal de Telegram bautizado como Membresmesa2021. De ellos, 1.030 presentaron el jueves la queja al Síndic. Uno de ellos trabaja en el Hospital Clínic de Barcelona. Es sanitario y prefiere mantener el anonimato. “La palabra es indignación. Llevo más de 15 años viviendo en la zona Fórum de Barcelona y me han llamado para que vaya a una mesa de Gràcia, todavía no lo entiendo”, lamenta. “Llevo un año que solo trabajo. Y cuando no lo hago, estoy en mi casa. He visto a muchas personas pasarlo muy mal. ¿A quién se le ha ocurrido hacer elecciones en plena pandemia? Llevamos meses con el material justo en los hospitales y ahora, de golpe, pretenden conseguir EPI para todas las mesas electorales”, se indigna.

Betty Pérez es de La Garriga (Barcelona) y tiene 40 años. Vive en el piso de al lado de su padre de 79 años. “No nos quejamos por vicio. Ya sé que hay gente de otras profesiones que está en contacto con positivos. Si trabajas en un supermercado eres un trabajador esencial y, en última instancia, puedes decidir si trabajar o no. Nosotros estamos obligados y, si no, cometemos un delito. Son unas elecciones, se pueden posponer. Además, hay una hora zombi en la que entraremos en contacto con gente infectada”, lamenta.

Marta Juaneda tiene 49 años y es de Cerdanyola del Vallès (Barcelona). Su padre falleció el pasado 1 de diciembre por covid. “Mi madre de 73 años vive ahora conmigo porque se ha roto el fémur. Me ha tocado ser vocal y nos van a poner en peligro por intereses políticos. Nadie se preocupa por nosotros”, lamenta.

Octavi Bisquet tiene 37 años es de Sant Joan Despí (Barcelona) y es diabético: “Tengo que medirme la glucosa, comer cada tres horas. Mi médico, en su informe es contundente y asegura que en el riesgo actual de pandemia tengo que considerarme persona de exclusión. Estoy alegando... pero es difícil”.

Sonia Ibarra tiene 47 años y le ha tocado una mesa de la Estación de Nord en Barcelona: “Soy asmática y tengo insuficiencia cardiaca. Tengo mucha relación con mi madre que es una persona de riesgo. El problema es que he ido varias veces al ambulatorio y no me atienden. Nadie me hace un informe para presentarlo”.

La lista continúa: Gemma Melendo vive con su madre de 70 años con problemas cardiacos. Cristian Pujó es padre de un niño de tres meses: “Ha llegado un punto que me da igual. No me pienso presentar el día de las elecciones y ya asumiré el proceso posterior”. Marta González tiene una peluquería en el barrio barcelonés de Poblenou y también es muy crítica: “Llevamos un año trabajando con medidas muy restrictivas. Cada día utilizamos capas y toallas de usar y tirar para las 30 señoras que vienen a mi negocio y ahora me dicen que vaya a una mesa con el peligro de convertirme en un verdadero microbio cuando acabe la votación”.