Torra avala regular los alquileres pese al varapalo del Consell de Garanties

Al proyecto de ley para regular los alquileres le ha salido este jueves un nuevo obstáculo y ya no está solo amenazado por la división que causaba en el Govern. El Consell de Garanties Estaturàries ha declarado por unanimidad que varios artículos no se ajustan al Estatut e invaden competencias estatales. El dictamen dificulta todavía más poner un tope a los alquileres, una iniciativa que ha enfrentado a ERC y a Junts per Catalunya. En contra del criterio de su partido y del dictamen, el president Quim Torra ha afirmado, tras una reunión con el Sindicat de Llogaters, que está a favor del proyecto de ley y ha pedido compromiso a los partidos para aprobarlo.

El proyecto de ley para la regulación de los alquileres fue redactado por el Sindicat de Llogaters con la colaboración del Departamento de Justicia que dirige Ester Capella (ERC). La iniciativa, presentada el 15 de julio, contó en un principio con el apoyo expreso de los republicanos, de los comunes, de la CUP y también de Junts per Catalunya. Estos partidos se conjuraron para aprobar la ley en el Parlament con un trámite de lectura única, con el objetivo de poderla implementar ya en las siguientes semanas. Sin embargo, los enfrentamientos pasados entre los socios del Govern en el ámbito de la vivienda auguraban que la tramitación de la ley no sería tan fácil como se planteaba. Ni el sector inmobiliario, que tardó más de un día en reaccionar a un proyecto de ley que le afectaba directamente, parecía temer que la iniciativa saliera adelante.

La propuesta para regular los alquileres, que se basa en el Código Civil catalán, preveía congelar y bajar los alquileres en los 60 municipios más poblados de Cataluña y que sufren una presión habitacional más acusada. Desde que se conoció la propuesta, empezaron a surgir los problemas: el sector inmobiliario presentó enmiendas, los partidos políticos Ciutadans y PP bloquearon el trámite de urgencia para aprobar la ley al llevar este proyecto al Consell de Garanties Estatutàries. El organismo se ha pronunciado este jueves y ha determinado que el proyecto es inconstitucional.

El dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, pese a no ser vinculante, es un serio aviso. Realizado a petición de los grupos de Ciudadanos y PP, considera que poner un tope a los alquileres corresponde a las competencias del Estado, y no de la Generalitat. Varios artículos del proyecto “no encuentran amparo” ni en el Estatut ni en la Constitución, según la cual el Estado tiene competencias exclusivas en las obligaciones contractuales como los alquileres. El órgano añade que la única manera de regular los alquileres privados es con la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), y recuerda que la última modificación, llevada a cabo por el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, no limitó los precios, por lo que poner un tope desde la Generalitat chocaría con la legislación estatal.

Pese a ello, Torra ha avalado la iniciativa, aunque con matices. “Está a favor de la regulación del precio de los alquileres, para evitar subidas abusivas o por encima de los precios de referencia, como hace la proposición de ley. Pide a todos el compromiso para que se apruebe una ley viable y posible”, han señalado desde presidencia. El president, además, considera que el dictamen “no tiene que impedir la tramitación ni la aprobación”, y confía en que, si se aprueba, la ley no sea impugnada en el Tribunal Constitucional. El Sindicat de Llogaters ha considerado que el proyecto no debe pararse y que “el Gobierno no se opondrá ni presentará recurso”.

La posición de Torra difiere de la de Junts per Catalunya, que pese a apoyar en un principio el proyecto, presentó después ocho enmiendas que recogían las reclamaciones del sector inmobiliario. El proyecto, que fue redactado por el Sindicat de Llogaters --con el apoyo de más de 4.000 entidades-- junto con el departamento de Justicia que dirige Ester Capella (ERC), se basa en el Código Civil catalán. A pesar del apoyo inicial de los neoconvergentes, la iniciativa ha terminado por enfrentar a los socios del Govern, especialmente por la oposición del consejero de Territorio, Damià Calvet (JxCAT). Pese a la posición de Torra, Calvet ha forzado el cambio de criterio de su partido basándose en la Autoridad Catalana de la Competencia y en las reclamaciones del sector. El enfrentamiento entre los socios del Govern por los alquileres tiene el precedente de 2019, cuando en plena campaña por las municipales esta medida fue ya una arma arrojadiza que terminó con dos decretos sobre vivienda descartados por falta de apoyos.