Barcelona retira 300 licencias a pisos turísticos por no ser habitables

El Ayuntamiento de Barcelona ha retirado la licencia a 597 pisos turísticos legales porque no cumplían con la normativa. Entre ellos se encontraban 300 apartamentos a los que el Ejecutivo de Xavier Trias les otorgó licencia 72 horas antes de la entrada en vigor de la supresión de estos permisos en 2014. Para legalizar su situación solo necesitaban una declaración responsable. El Consistorio ha detectado ahora que estos 300 pisos no tenían cédula de habitabilidad. El Ayuntamiento ya ha advertido que hará llegar estos casos a la Fiscalía al entender que incurrieron en falsedad documental en sus comunicados.

La teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, anunció ayer en una rueda de prensa que cuando Barcelona en Comú se hizo con la alcaldía de la ciudad en 2015 había 10.000 apartamentos turísticos legales —y cerca de 6.000 ilegales— ofreciendo alojamientos por días en la capital catalana. “Tras la pandemia, el número de apartamentos ilegales es próximo a cero y ahora solo quedan 9.000 legales”, mantuvo ayer Sanz. La teniente de alcalde aseguró que se revisarán todas las licencias y se anularán aquellas que no cumplan con estas u otras normativas. Además, avisó de que las licencias que sean suprimidas no se renovarán.

Respecto a la retirada de las licencias de 300 pisos turísticos legalizados en el último año del mandato de Xavier Trias, Sanz explicó que los solicitantes había “engañado al Consistorio” y en algunos casos el Ejecutivo de Convergència i Unió llegó a dar permisos para viviendas que aseguraban tener cédula de habitabilidad cuando ni siquiera estaban construidas.

De los 597 pisos legales que el Consistorio de Ada Colau ha sacado de la circulación, 297 son por incumplir la normativa por motivos dispares, como que el titular de la vivienda no coincidía con el de la actividad o por haber realizado divisiones dentro de los pisos sin tener la correspondiente autorización municipal.

En el caso de los 300 pisos restantes, la retirada es por no tener cédula de habitabilidad y haberse legalizado con una declaración responsable. Sanz acusó ayer a los propietarios de estos pisos de actuar de manera “premeditada” y “conscientes de que no cumplían con los requisitos” porque sabían que el Gobierno del alcalde Xavier Trias no tenía voluntad política de controlar esta actividad. “A la ciudad no se la puede engañar, el Ayuntamiento estará siempre vigilante y atento para que no se cometan actividades ilegales”, concluyó.

La teniente de alcalde denunció, además, que en manos de solo seis propietarios se concentra el 83% de estas 300 licencias, la mayoría en los distritos del Eixample (48) y Sants-Montjuïc (72).

“Seguiremos revisando que los 9.000 pisos turísticos con licencia cumplan la normalidad y si no la cumplen se la retiraremos”, alertó la teniente de alcalde, quien aseguró que la ciudad no necesita más de 3.000 pisos turísticos. Sanz reclamó a la Generalitat que tome las decisiones normativas y legislativas para que las licencias de viviendas turísticas “no sean perpetuas” y se puedan revisar si se necesita reducir esta actividad y ampliar el número de viviendas para los vecinos de la ciudad.

Los servicios de inspección municipales han aprovechado el confinamiento del estado de alarma por la pandemia del coronavirus para analizar más a fondo los datos de los que disponían e identificar anuncios en diferentes plataformas que aparentemente eran legales, pero que ocultaban irregularidades tales como alquileres de habitaciones que en realidad eran de un piso entero. Los servicios municipales también revisaron los permisos vigentes de estos apartamentos.

En concreto, se han verificado 1.126 pisos que presentaron el comunicado de inicio de actividad y la pertinente declaración responsable en dos momentos del mandato 2011-2015, justo antes de que se decretaran las dos suspensiones de licencias de viviendas de uso turístico, la del 2 de mayo de 2014, que afectaba el ámbito central de la ciudad —menos Ciutat Vella, donde ya no se permitían—; y la del 24 de octubre de 2014, que afectaba el resto de distritos.

Esta medida se suma a las acciones del plan de choque que comenzó en 2016 para poner freno al descontrol que había con respecto a los pisos turísticos ilegales, mediante el cual se han revisado exhaustivamente 140 plataformas web y un total de 20.007 anuncios de pisos turísticos para ver si operaban correctamente. Se han abierto un total de 16.416 expedientes disciplinarios, que han derivado en 6.696 órdenes de cese y 8.509 sanciones. Además, 1.982 pisos que actuaban de alojamiento turístico ilegal han pasado a tener uso de vivienda, ya sea entrando en el mercado de alquiler o como residencia principal del propietario. En cuanto a los legales, se han tramitado 870 sanciones a pisos con licencia por causar molestias a la ciudadanía.