Pandemia electoral ‘procesista’

Rosa L. tiene 88 años y vive sola en su piso de Nou Barris. El sábado 14 de marzo comenzó a tener tos, fiebre y dificultades para respirar. Llamó al 061. No respondieron, tras dos horas y media de espera. Otro tanto le sucedió con el 112. Ante la persistencia de los síntomas volvió a probar suerte el domingo 15 con idéntico resultado que el día anterior. El lunes, 16 se desplazó a pie hasta su ambulatorio y allí fue atendida por su médico de cabecera. Ahora, medicada, se recupera lentamente en su domicilio.

El manual del demagogo indica que lo pertinente en los cientos de casos como el de Rosa sería culpar a la Generalitat por la falta de respuesta. Pero lo cierto es que el Departamento de Salud no da más de sí en la actual situación de emergencia. Los profesionales están saturados y los hospitales, a rebosar. Estamos en una situación inédita y los comportamientos son imprevisibles y dan cobijo a la improvisación y al error. Por eso resulta chocante que mientras buena parte de la sociedad hace cuanto cree que está en su mano se extienda la pandemia político-electoral procesista. En el imaginario de cierto independentismo catalán persiste la idea de que todo se arregla cerrando fronteras. Desde la Generalitat se acusa al Gobierno central de no querer el “confinamiento domiciliario” ni el aislamiento para Cataluña, lo que supondría la paralización económica total. Sin duda, esa es una medida eficaz para combatir el coronavirus, pero no ha sido practicada a conciencia por ninguno de los países democráticos afectados, ni siquiera en la Italia que algunos ponen como paradigma. En Lombardía —uno de los grandes focos del coronavirus— la movilidad todavía afectaba el pasado miércoles 18 de marzo a un 40% de la población, según datos del consejero de Salud, Giulio Gallera. Las medidas tomadas por Bélgica y puestas como ejemplo por el propio Quim Torra permiten la práctica del deporte, ir a trabajar y el aislamiento se observa menos que en España, donde hasta el pasado jueves habían sido detenidas 88 personas por desobedecer el decreto del estado de alarma. Solo en Cataluña, los Mossos d’Esquadra han multado a más de 600 personas. En democracia es muy difícil restringir movimientos como sucede en los regímenes autoritarios. Se culpa al Gobierno central de falta de reflejos, poca capacidad de reacción y medidas insuficientes, quizás porque hay quien ve en la pandemia una ventana de oportunidad para mostrar que con el Ejecutivo de Sánchez morimos por negligencia y con la independencia estaríamos herméticamente protegidos. El simbolismo procesista se resiste a ser jubilado, porque da dividendos en vísperas electorales. Así, se convierten retenciones aduaneras en actos de maldad centralista y las medidas de Sánchez en “un 155 encubierto”.

Sin duda hay cosas que se han hecho y se hacen mal. Tienen razón quienes dicen que las medidas económicas del Gobierno central son insuficientes. El “olvido” de la suspensión de los pagos de alquileres de vivienda es el más lacerante, pues el mayor número de desahucios que se producen en España (casi un 70%) son de arrendatarios. También se deben afinar las prestaciones extraordinarias a los autónomos, ese estado del alma en que la precariedad ha convertido a muchos trabajadores por cuenta ajena. Ha de quedar muy claro qué sucede con los recibos de quienes no puedan hacer frente a las facturas de agua, gas y electricidad, porque suspenderlos no quiere decir que no se deban pagar al final de la crisis. Igualmente se echa de menos la creación de una renta básica transitoria que ayude a la ciudadanía a caminar por el filo de la crisis. La predisposición a emplear un paquete de 200.000 millones de euros (117.000 de ellos públicos) no es un mal inicio: superan el 16% del PIB español. Las medidas tomadas en Francia —300.000 millones de euros— suponen un 12% de su PIB, mientras que los 500.000 millones acordados en Alemania rondan el 9% de su Producto Interior Bruto.

Entre las medidas adoptadas hace unos días por la Generalitat figura una partida de 7,5 millones para los más de 550.000 autónomos que hay en Cataluña. La demagogia fácil consistiría en decir que a cada miembro de este afortunado colectivo le corresponden 13,6 euros, pero también es cierto que el Govern ha dictado una moratoria del pago de tributos a la Generalitat. El recurso a la hemeroteca muestra que durante los años de Gobierno de Artur Mas la sanidad catalana perdió, según datos del Departamento de Salud, 2.400 sanitarios y más de 1.100 camas hospitalarias. Eran años en que PSOE y PP pactaban en el Congreso la Ley de Estabilidad Presupuestaria y modificaban el artículo 135 de la Constitución. El coronavirus obliga a dar prioridad a la ciudadanía.