El PSOE de Mairena del Alcor denuncia que el Ayuntamiento fraccionó contratos por 2,5 millones de euros

El PSOE de Mairena del Alcor (Sevilla, 24.161 habitantes) ha denunciado en un comunicado que el Ayuntamiento, gobernado por el PP, adjudicó a lo largo de 2023, 2,5 millones de euros en contratos menores, sin necesidad de concurrencia competitiva ni publicidad, “fraccionando contratos, sin control y sin ajustarse a los procedimientos establecidos por ley”. El portavoz del grupo socialista en el consistorio, Pedro Madroñal, esgrime el informe de la Intervención municipal en el que se da cuenta de las resoluciones adoptadas contrarias a los informes con reparo emitidos por el órgano fiscalizador a lo largo del pasado ejercicio.

En ese informe, al que ha tenido acceso este diario, el interventor advierte de que en 2023 se emitieron reparos en el 27,97% de los expedientes analizados, entre los que se encuentran los correspondientes al Ayuntamiento y a tres empresas municipales. De un total de 710 contratos, se encontraron irregularidades en 206. Esos reparos se plantean en materia de retribuciones y contratación de personal, como a la aprobación de facturas correspondientes a suministros y servicios “por la ausencia total de procedimiento administrativo de contratación y presupuestario, considerando que devienen actos nulos de pleno derecho”. Desde el equipo de gobierno de Mairena del Alcor han declinado hacer declaraciones sobre este particular.

La Intervención, de acuerdo a los datos que maneja el PSOE, apunta a que solo el Ayuntamiento ha emitido1.634 facturas con reparos que suman un total de gastos irregulares de 1.975.967,9 euros, una cifra que, de acuerdo con el portavoz del PSOE, puede ascender gasta casi medio millón de euros más si se le suman las abonadas a través de las entidades de carácter municipal.

Entre esos pagos destacan los seis pagos realizados a una entidad por cantidades casi iguales -9.065,93 euros dos de ellos y 9.062,93, los otros cuatro- para el mantenimiento, alumbrado y alquiler, montaje y desmontaje de la decoración navideña. Otro ejemplo que para los socialistas también evidencian un presunto ejemplo de fraccionamiento de contratos son las 14 facturas abonadas a una empresa de mantenimiento técnico, por un montante total de 59.911, 94 euros -el límite de los contratos menores de prestación de servicios es de 40.000 euros-, de los que 11 son por el mismo montante, 2.256,65 euros, para el mantenimiento presencial.

“Nos hallamos ante la normalización de un ‘modus operandi’ para el pago irregular de facturas a comercios y empresarios cercanos al gobierno, mediante el cual se está favoreciendo que se facturen anualmente cifras astronómicas, a través de contratos fraccionados. Mientras otras empresas ven impedido su derecho a la libre concurrencia y licitación de dichos contratos y servicios por el simple hecho de no mantener ningún tipo de relación con los actuales miembros del gobierno municipal”, sostiene Madroñal en el comunicado difundido a los medios de comunicación.

Fuentes socialistas señalan a este diario que la intención de la formación es llevar esta contratación supuestamente irregular ante la justicia. Precisamente, un juzgado de Carmona está investigando al antiguo alcalde de Mairena hasta 20219 y actual presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, para esclarecer su incurrió en un presunto delito de prevaricación administrativa por su participación en la adjudicación de un tanatorio privado a la empresa familiar de otro alto cargo de los populares andaluces, Francisco Jesús Rodríguez Roa, también investigado en la misma causa y que es miembro del Consejo de Administración de RTVA y de la Ejecutiva regional del partido conservador. Las pesquisas también se extienden al actual alcalde, Juan Manuel López Domínguez, a quien ahora el PSOE de Mairena señala como principal responsable de la contratación irregular, al haber sido “puntualmente, informado de los sucesivos reparos a la aprobación de facturas a los que, sin embargo, levantó el reparo para su aprobación y posterior pago”, según el comunicado.

Los alcaldes tienen la facultad de levantar los reparos que puedan observar los interventores, siempre que la decisión se justifique a través de decretos de alcaldía.