Moreno reforma la ley de incompatibilidad después de que su exviceconsejero de Salud tratara de fichar por la privada

Fue en marzo, al trascender que el exviceconsejero de Salud de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Guzmán, iba a fichar por la aseguradora Asisa —a cuyo grupo había adjudicado 14 contratos a dedo por valor de 44 millones de euros durante la pandemia—, menos de tres meses después de cesar en su cargo público, cuando el Gobierno de Juan Manuel Moreno se dio cuenta de que había lagunas en la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de Andalucía. “Es muy mala”, dijo entonces el consejero de Justicia, Antonio Nieto. Dos meses después, ha presentado una reforma de la norma urgente y de mínimos, a través de un decreto ley, con la intención de modificarla por completo más adelante por la vía de un proyecto o un anteproyecto de ley.

“El objetivo es que nadie pueda aprovecharse de la función pública para buscarse una salida en el sector privado, ni se vea perjudicado por haber pasado por la función pública”, ha señalado el consejero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Las reformas acotan, por un lado, los casos de incompatibilidad para los que debería pasar el plazo de dos años que establece la ley actual desde que se cesa en un cargo público hasta que se entra a trabajar al sector privado; y, por otro, imponen la obligación de comunicar previamente a la Consejería competente y a solicitar una autorización la Inspección General de Servicios para poder realizar una actividad privada, algo que no hizo Guzmán.

La actual normativa sí establece que es necesaria una autorización, pero, como ha subrayado el consejero, no se determina “cómo tramitarla ni ante quién”. Tras la reforma, será la Inspección quien deberá analizar el caso concreto y remitir su propuesta tanto al interesado como a la entidad que quiera contratarle, que podrán alegar. A continuación, emitirá su resolución y la consejería competente tendrá un mes para decidir sobre la incompatibilidad.

Esta autorización será obligatoria para cualquier alto cargo que haya abandonado su puesto en la administración y quiera entrar a trabajar en el sector privado si aún no se han cumplido los dos años de espera que marca la ley, una vez entre en vigor esta reforma. Lo que supondría que el exviceconsejero de Salud, si quiere incorporarse a Asisa, deberá solicitar el permiso a la Junta de Andalucía. Ante el revuelo que provocó el anuncio del fichaje de Guzmán por la aseguradora privada, la Junta inició de oficio una investigación sobre su incompatibilidad y dictaminó que hasta el 29 de julio no podría incorporarse a la entidad, porque era la fecha en la que se cumplían los dos años en su cargo como gerente del Servicio Andaluz de Salud —puesto que ocupó justo antes de ser nombrado número dos de la Consejería de Salud en julio de 2022 y durante el que firmó los contratos a dedo con Asisa―.

Fuentes de la Consejería de Justicia precisan que ese informe es parcial y solo abarca el período de tiempo en que Guzmán fue gerente, pero que, conforme a la nueva reforma, debería pedir la autorización para analizar su etapa como viceconsejero. No hacerlo supondría enfrentarse a sanciones muy graves como no volver a ejercer ningún otro alto cargo entre tres y 10 años, además de la obligación devolver todo lo percibido como compensación de la pérdida de su carácter de alto cargo, de acuerdo con la reforma aprobada por el Gobierno andaluz.

El decreto ley también acota las causas de incompatibilidad, para concretar la actual redacción que no concreta los supuestos generando una inseguridad jurídica, tal y como reconoció a este diario el director de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción de Andalucía, Ricardo Puyol, que también está investigando la supuesta incompatibilidad del fichaje del exviceconsejero a petición de los grupos políticos de Adelante Andalucía y Por Andalucía y de la asociación de consumidores Facua. En este sentido, se entiende que existe relación directa y, por tanto, incompatibilidad, cuando el alto cargo, en el ejercicio de sus funciones o su superior jerárquico a propuesta del alto cargo o de los titulares de los órganos dependientes de él, hubiese suscrito un informe preceptivo, resolución administrativa con una empresa o entidad concreta o cuando hubiese votado de forma favorable decisiones que afecten a las competencias del alto cargo desempeñado en órganos colegiados relacionados con una empresa o entidad concreta.

No se entiende que haya incompatibilidad cuando las decisiones o resoluciones que se adopten no estén relacionadas con una entidad concreta, sino que afecten a una generalidad de empresas o cuando la decisión fuera adoptada en un procedimiento de concurrencia competitiva a propuesta de un órgano colegiado si su composición no ha sido ni propuesta ni decidida por ese cargo público. Tampoco se considera que haya conflicto de intereses si el acto en cuestión adoptó en virtud de informes técnicos de la administración regional en los que se motive una única solución para adjudicar un contrato u otorgar subvenciones.

Una vez aprobada esta reforma a través de la fórmula del decreto-ley, la intención del Ejecutivo de Moreno es redactar una ley de incompatibilidad nueva, que sustituya a la actual de 2015, a través de la fórmula del proyecto de ley, que permitiría aprobarla a finales de este año o en febrero de 2025, o mediante un anteproyecto, un procedimiento que dilataría los plazos un año y medio aproximadamente. Nieto ha indicado que el Gobierno está ya dialogando con el resto de grupos políticos para avanzar en los próximos pasos a seguir.