La lucha de una madre por garantizar la educación inclusiva de su hijo

“Quiero que respeten los derechos de mi hijo y que le permitan desarrollarse en el ámbito de un aula ordinaria para evitar la segregación”. Sofía Tsertsvadze, tiene muy claro que su hijo de seis años, que sufre un trastorno sociocomunicativo, debe continuar sus estudios de Primaria, que comenzará el curso que viene, junto con el resto de sus compañeros, en lugar de hacerlo en un aula específica, como recoge el dictamen del centro en el que estudia. Ella apela al principio de inclusión educativa que reconoce la normativa estatal y autonómica y además ha presentado al colegio la opción de contar con un voluntario auxiliar que podría acompañar a su hijo durante las clases cotidianas con el resto de compañeros, que le ofrece la asociación de atención temprana que atiende al pequeño fuera del horario escolar y que ella sufragaría, una figura de apoyo complementario que, aunque excepcional, está presente en varios centros educativos andaluces.

“Mi hijo necesita ayuda grupal. No puedo permitir que le pongan piedras en el camino cuando va a pasar a una etapa en la que todos entran en igualdad de condiciones. La ley insta a los centros a que trabajen en la educación inclusiva para los niños con necesidades especiales”, insiste Sofía. Desde que su hijo entró con tres años en Infantil en el CEIP Borbolla de Sevilla, el equipo directivo le instó a que lo mejor para el desarrollo del pequeño era que estuviera en el aula específica del centro, pero en este tiempo el menor ha evolucionado. Los responsables del centro han declinado hacer cualquier declaración a este diario por indicaciones de la Inspección.

Sofía no solo aporta los informes de Salud Mental Infantil al que el niño acude desde hace tres años y los de la asociación SETA de atención temprana donde va a terapia, que confirman sus avances, sino la evolución personal de su hijo: “Empezó a ir a natación y me dijeron que lo desapuntara porque era muy nervioso, ahora participa en campeonatos. Va a campamentos escolares y este año acude al aula de Mediodía, algo impensable el año pasado. Ha mejorado mucho en desarrollar su paciencia y controlar la frustración”, sostiene.

El principal problema de su hijo es que va retrasado en el lenguaje, apenas habla. “No tiene un diagnóstico cerrado porque aún es pequeño”, explica Sofía. El dictamen del centro, sin embargo, no coincide con los informes particulares que presenta la familia. Para el equipo orientador el menor hace trazos, mientras que el del centro SETA confirma que escribe números y letras y que necesita ayuda grupal. “Están negando su evolución y los informes de salud mental. Mi hijo es completamente diferente a como lo describen en el colegio”, sostiene Sofía.

La familia del chico ha presentado ante la Delegación de la Consejería de Desarrollo Educativo su disconformidad con las conclusiones de la psicopedagoga del centro, que han sido ratificadas esta misma semana por el equipo de orientación de la zona y que los padres, siguiendo el procedimiento, van a volver a recurrir. Ese departamento es también el que debería decidir sobre la figura del voluntario que Sofía ha ofrecido al colegio y cuya petición formal hará la asociación SETA en los próximos días. El Consejo Escolar del centro ya autorizó la presencia de ese profesional para otro niño. Mientras espera que se resuelva su petición, los dos inspectores con los que Sofía se ha reunido le han trasladado que el colegio está en su derecho de ejecutar el dictamen. “Me están planteando que mi hijo no va a poder avanzar y yo no puedo permitir eso. Yo estoy ofreciendo que siga en su entorno, donde es querido, donde saben lo que le pasa y lo asumen con normalidad, donde tiene apego. Es un niño feliz y no voy a causarle un trauma cambiándolo de centro, sobre todo porque hay un problema de fondo y puedo encontrarme con otro colegio donde tampoco acepten una educación inclusiva”, sostiene.

Tanto la LOMLOE como la ley andaluza de educación o la orden de 15 de enero de 2021, que regula determinados aspectos de la atención a la diversidad en Educación Primaria en esta comunidad promulgan, entre los principios que rigen la atención a la diversidad, la inclusión escolar y social y la personalización de la enseñanza. Precisamente, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU reprendió recientemente a España por mantener los centros de educación especial y las aulas específicas, advirtiendo sobre el peligro de segregación de los alumnos con necesidades especiales. “Yo creo en la inclusión, respeto que haya padres que prefieran que su hijo esté en aulas específicas, pero mi lucha es por la inclusión y visibilizar la salud mental”, afirma Sofía.

El ejemplo de los centros inclusivos

“No entiendo cómo hay leyes que hablan de integración y luego no se cumplen”, se cuestiona Diego Castro, director del CEIP Maestra Caridad Ruiz, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), un centro inclusivo que no tiene aulas específicas para sus alumnos con necesidades especiales y que, en lugar de sacar a los niños del aula ordinaria, introduce a los especialistas en las clases. “Si los sacamos, ponemos su autoestima por los suelos, porque es percibido como un niño que molesta”, advierte. Trabajar desde la inclusión supone, sin embargo, un esfuerzo colectivo que implica “un cambio de mirada colectivo” de profesores y padres. “Muchos maestros no son capaces de dar respuesta a estos alumnos, porque no tienen la formación ni las herramientas adecuadas y para ellos es más cómodo que salgan del aula, por eso es necesario cambiar la mentalidad y también la metodología de aprendizaje”, añade.

Para ello son necesarios recursos, reconoce. Castro no es contrario a las aulas específicas, pero siempre para los menores estén gravemente afectados. “Si queremos una enseñanza personalizada, la evaluación tiene que ser individualizada”, añade. Que los PT (profesores de Pedagogía Terapéutica), AL (maestro de Audición y Lenguaje) y demás especialistas estén dentro del aula, favorece, de acuerdo con la experiencia de éxito de su colegio, que todos los niños sean capaces de demostrar sus conocimientos por la vía en la que mejor puedan expresarse.

La figura del auxiliar voluntario que Sofía ha ofrecido al colegio a través de la asociación SETA está reconocida en la legislación andaluza. “Es una forma de aliviar al profesional porque el niño con necesidades especiales requiere de un apoyo que el sistema no ofrece y muchos profesores tampoco saben cómo intervenir”, explica Rosa Núñez una de las terapeutas de la asociación. En la actualidad la mitad de los 15 profesionales de los que disponen se encuentra en algún colegio de Sevilla como auxiliar voluntario, dentro de una iniciativa que lleva varios años funcionando y que también ofrecen otras organizaciones de atención temprana.

“Es una figura importantísima, porque permite que los niños interactúen con su grupo de amigos y que el resto de compañeros se relacionen con los niños con necesidades especiales”, abunda Núñez, quien destaca que en general las reticencias parten de los propios profesores que recelan de tener a otro especialista en su clase. “Les parece una figura invasiva, pero es todo lo contrario”, señala.

Sofía no está dispuesta a tirar la toalla. Mientras espera a la resolución de la Junta -tanto sobre su petición de que se incorpore un voluntario auxiliar, como sobre el proceso tras presentar la disconformidad con el dictamen del colegio-, Sofía ha presentado una reclamación al Defensor de la Infancia. Si la decisión de la Consejería fuera negativa, ella está dispuesta a acudir a los tribunales. “Hay una ley que dice que la inclusión tiene que incorporarse de manera paulatina, pero el colegio no se quiere enterar”, sostiene. “Lo mío no es la huida”, zanja. En estos tres años lo ha demostrado con la evolución de su hijo.

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