La Junta de Andalucía recompra por 328 millones 70 inmuebles que vendió en 2014 para hacer caja

La Junta de Andalucía ha anunciado hoy la compra por 328 millones de euros de 70 inmuebles que el Gobierno socialista de Susana Díaz vendió al fondo de inversión estadounidense W.P. Carey, a través de su filial en España Inversiones Holmes, en 2014 por 300 millones y con el compromiso de arrendarlos durante 20 años hasta 2034. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ha calificado esta operación de “eficiencia en la gestión”. El pago por la recompra de los edificios se hará de una tacada y figurará en el proyecto de ley de Presupuestos de la Junta de 2024 que se presentará esta semana.

Moreno corrige de este modo una decisión que cerró la entonces consejera de Hacienda y hoy ministra en funciones del Gobierno central, María Jesús Montero, en diciembre de 2014. La Junta socialista perseguía desde 2010 (y así lo incluyó en los presupuestos autonómicos) la venta de estos inmuebles para obtener liquidez, en un momento de crisis financiera, el cierre de la financiación en los mercados y con un tipo de interés del Fondo de Liquidez Autonómica que rondaba el 5%, recuerdan fuentes de la anterior administración del PSOE. La necesidad de hacer caja para mantener los servicios públicos fue la explicación que se dio entonces.

Montero cerró esta fórmula de venta y arrendamiento simultáneo (denominada sale and leaseback) hasta 2034. El contrato suponía el pago por alquiler de 28,5 millones de euros al año más el coste del IPC. Según fuentes de la Junta, aunque el IPC fuera negativo, la cuota anual subiría siempre al menos un 1,5%. Actualmente se están pagando 35,6 millones al año. “De aquí a 2034, la Junta habría tenido que pagar 430 millones en alquileres, haciéndose cargo del mantenimiento de los edificios y en 2034 se quedaría en la calle, teniendo que buscar emplazamientos nuevos”, aseguran fuentes del Gobierno andaluz.

Lo que hace ahora el Gobierno de Moreno es recuperar este patrimonio público, repartido en las ocho capitales de la comunidad, la mayoría situados en zonas céntricas, aunque ninguno está protegido como Bien de Interés Cultural. La operación, según el presidente andaluz, supondrá un ahorro de 100 millones de euros.

Moreno ha recordado los reparos que la Cámara de Cuentas de Andalucía, el órgano fiscalizador de la comunidad, destacó en un informe hecho público tres años después de cerrada la operación. “Los 300 millones que se ingresaron por la venta de los edificios se gastaron y lo que quedó fue una deuda de por vida, un problema que no existía y que se generó por una mala decisión”, ha dicho Moreno. En estos inmuebles, que disponen de 949 plazas de aparcamiento, trabajaban más de 8.600 empleados públicos.