Los riesgos sociales de la regularización

El 14 de abril marcó el pistoletazo de salida de la regularización extraordinaria de aquellas personas en situación administrativa irregular o solicitantes de asilo que residían en España antes del 1 de enero de 2026. La medida, que podría afectar a cerca de medio millón de inmigrantes, ha generado un intenso debate público. ¿Cómo percibe la ciudadanía esta iniciativa? El último barómetro de 40dB. ofrece una radiografía detallada de las opiniones y actitudes al respecto. En este análisis me centraré en tres aspectos fundamentales.

En primer lugar, la medida no cuenta con un respaldo mayoritario. La sociedad española se muestra dividida: un 37,6% la valora positivamente, frente a un 33% que la evalúa de forma negativa y un 21,5% que la califica como regular. En esta misma línea, tampoco existe consenso sobre si la medida es oportuna, necesaria, eficaz o justa. Como cabía esperar, estas divisiones responden en gran parte a factores políticos. Entre quienes votan a partidos de izquierdas predomina el apoyo a la medida —aunque es más intenso entre los votantes de Sumar y Podemos que entre los del PSOE—, mientras que entre quienes votan a partidos de derechas prevalece el rechazo, especialmente entre los votantes de Vox en comparación con los del PP. Con todo, el contacto cercano con la inmigración también influye en las percepciones: quienes conocen a alguna persona migrante potencialmente beneficiada tienden a valorar esta política de forma más positiva.

En segundo lugar, en un contexto marcado por la preocupación social ante el encarecimiento de la vivienda y el deterioro de la sanidad, la ciudadanía identifica precisamente estos ámbitos como los que más podrían empeorar como consecuencia del proceso extraordinario de regularización. Resulta especialmente llamativo que, incluso entre el electorado del PSOE y de Sumar, sean más quienes consideran que el acceso a la vivienda se verá perjudicado que quienes opinan lo contrario. Asimismo, estos votantes progresistas muestran una notable división interna en lo relativo a los posibles efectos de la medida sobre los servicios públicos.

En tercer lugar, algunos de los efectos positivos de la medida defendidos en el debate público no terminan de calar. No existe una mayoría que crea que la regularización mejorará la economía o el empleo, ni tampoco que contribuirá al sostenimiento de las pensiones o a la reducción de la economía sumergida. Por el contrario, sí parecen tener mayor eco los posibles efectos negativos: un 59% de la población considera que la medida provocará un “efecto llamada”, en un país donde una proporción similar cree que hay demasiados inmigrantes. Además, un 40% de la ciudadanía cree, de forma errónea, que la regularización implicará la concesión automática de la nacionalidad, frente a otro 40% que sabe que no es cierto.

En definitiva, con una opinión pública desinformada, dividida y preocupada por el impacto de la regularización extraordinaria en ámbitos que le generan especial inquietud, como la vivienda o la sanidad, la medida parece requerir un esfuerzo explicativo mucho más claro, pedagógico y contundente por parte de las instituciones.

Belén Barreiro es directora de 40dB.