El Poder Judicial avala por unanimidad a Peramato como próxima fiscal general del Estado

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalado este miércoles por unanimidad a Teresa Peramato como próxima fiscal general del Estado en sustitución de Álvaro García Ortiz, quien dimitió este lunes tras ser condenado a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos vinculado al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude contra Hacienda. El Consejo se ha limitado a aprobar que Peramato “reúne los méritos y requisitos exigidos para ser nombrada fiscal general del Estado”, según el texto aprobado por el CGPJ al que ha tenido acceso este periódico.

El informe del Consejo sobre la propuesta de nombramiento del fiscal general es un trámite preceptivo, pero no vinculante, en el que el CGPJ comprueba que el candidato cumple los requisitos formales para ocupar ese cargo: ser un jurista español de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión. Tras el aval del Consejo, el Gobierno puede ya llevar su propuesta al Congreso, donde la futura fiscal comparecerá en la Comisión de Justicia. La intención del Ejecutivo es acelerar la toma de posesión de Peramato para que no haya un tiempo de interinidad tras el cese oficial de García Ortiz, que se producirá cuando su renuncia se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

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¿Quién es Teresa Peramato, la nueva propuesta del Gobierno como Fiscal General del Estado?

Tradicionalmente, los informes del Consejo sobre la designación del fiscal general se han limitado a informar de si la persona propuesta cumplía los requisitos legales, pero el bloque conservador del anterior CGPJ rompió esa fórmula en 2023, cuando el Consejo llevaba ya cinco años con el mandato prorrogado por la falta de acuerdo entre el PSOE y el PP para renovar el órgano, por lo que había cierto interés en conocer cómo era recibida Peramato por el nuevo Consejo.

En el caso de Peramato, todas las asociaciones de fiscales han coincidido en reconocer su trayectoria, un consenso muy poco habitual en la carrera, profundamente dividida tras el proceso que ha llevado a la inhabilitación a García Ortiz. La futura fiscal general tiene 35 años de carrera —20 más de los que exige la ley para poder ocupar ese cargo— y es fiscal de Sala (la máxima categoría) desde 2021, cuando fue designada jefa de la Fiscalía contra la Violencia de Género. Actualmente, era jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo.