Andalucía tiende la alfombra roja a la FP privada, que triplica la oferta de plazas de alumnos frente a la pública

La Junta de Andalucía (PP) ha puesto alfombra roja a la Formación Profesional privada, que este curso escolar triplica el número de plazas para estudiantes ofertadas desde la enseñanza pública. El Gobierno andaluz ha autorizado al sector privado 9.450 plazas para alumnos de la FP el último año, mientras que solo ha ofertado 2.588 plazas públicas y ningún ciclo formativo concertado. El ascenso de la oferta privada es continuado desde que gobierna Juan Manuel Moreno, pero su consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Castillo, nombrada hace poco más de un año, ha disparado en un año récord las autorizaciones para la FP privada, que triplica por mucho y casi cuadruplica la oferta pública de la Junta.

Los expertos alertan de cómo este desequilibrio aumenta la desigualdad, al permitir el Ejecutivo andaluz que las empresas acaparen esta educación formativa especializada, en la senda de la Comunidad de Madrid, donde las plazas públicas y privadas ya están igualadas.

“El crecimiento es exponencial, desproporcionado y asimétrico, es una barbaridad. Es un claro signo de favoritismo y privatización de la FP, cuando es una rama de rentabilidad pública, los beneficios no pueden ser solo privados. La Administración justifica que debe dar posibilidades al sector privado para atender a la demanda, pero es una mercantilización encubierta de la FP”, advierte Antonio Luzón, profesor de ciencias educativas comparada e internacional de la Universidad de Granada.

La oferta de la privada se concentra en los ciclos formativos superiores, que suelen ser más rentables que los medios o los básicos, y en las ramas de sanidad, informática y físico deportiva, donde las familias se gastan entre 4.000 y 6.000 euros por curso y alumno. Entre 2010 y 2023 las plazas públicas han crecido un 51%, las concertadas un 64% y las privadas un 991%, según datos oficiales.

“La privada crece a costa del vacío de la pública, es indudable, y su incremento exponencial viene desde 2019-2020. Si se autoriza sin planificación desde la Junta, llegará el momento del descontrol, como ya le ha pasado a la universidad ante la irrupción de las privadas. Lo que subyace es un negocio con mucho dinero y pocas garantías para la ciudadanía”, alerta un veterano inspector educativo que exige anonimato.

Andalucía sigue el camino marcado por Madrid, donde casi el 50% de sus 168.000 estudiantes matriculados en FP pertenecen a centros privados, aunque aún a cierta distancia. En Andalucía la educación privada y concertada de la Formación Profesional acapara un 35% (73.666 estudiantes) y la pública un 65% (138.228 alumnos), aunque el porcentaje de esta última está en retroceso ante la explosión de la primera.

Los expertos inciden en cómo cuando las autonomías ceden el espacio al sector privado, estas academias y grandes firmas con fondos de inversión detrás, cierran y acaparan los convenios para las prácticas con las empresas, tendencia que a posteriori es muy difícil de revertir. Las Administraciones deben aprovechar el momento, al igual que hace el sector privado de manera más ágil, para establecer convenios y situar a sus alumnos en prácticas, recomiendan. Cuando los alumnos acaban cuarto curso de la ESO, 135.000 de ellos optan por estudiar el bachillerato y 84.000 se decantan por un ciclo medio de FP.

La incesante cascada de autorizaciones para la FP privada se ha agudizado sobre todo este verano, con continuas publicaciones en el Boletín Oficial de la Junta. La última concesión fue el pasado miércoles, cuando el centro Cited de Jerez de la Frontera (Cádiz) obtuvo vía libre para 840 plazas en siete ciclos formativos de grados superior y medio. Dos semanas antes, el centro Cesur de Málaga rompió un récord y obtuvo de una tacada 1.760 plazas para 11 ciclos de formación virtual.

Un portavoz de la Consejería alega que hace dos semanas aún quedaban 6.100 plazas vacías por adjudicar y que la tasa de solicitudes con plaza ha mejorado 17 puntos desde 2018, aunque rechaza facilitar la cifra de alumnos que se han quedado sin plaza pública tras solicitarlo. Hace cinco años los estudiantes sin plaza en la pública y que acudieron a la privada o se quedaron sin estudiar se elevaban hasta los 30.000.

Este curso la Junta ha sacado 2.588 plazas públicas de FP y no ha concertado ninguna. “No sé a qué se debe, lo he peleado, pero no nos han dado respuesta. No estamos en contra de la privada, pero no tiene sentido evitar que la gente se quede sin acceder a la enseñanza”, lamenta Rafael García, secretario regional de Escuelas Católicas, patronal de la enseñanza concertada en la FP. “La falta de incremento de plazas concertadas depende de la planificación de cada curso y las necesidades del sistema”, aduce el portavoz de la Consejería.

Las calificaciones de los alumnos de la FP privada suelen estar hinchadas y en general es un camino de rosas, ya que se titulan el mismo número de alumnos que se matriculan, alertan fuentes de la Inspección educativa. “Al tener notas muy altas, los alumnos tienen mayores posibilidades de prosperar en carreras universitarias y se utiliza como vía indirecta. Las calificaciones de los centros públicos y privados no tienen nada que ver. Aunque el alumnado público sea más brillante, saca peores notas, esa es la paradoja. Vamos a un modelo de universidad americana en la que si pagas, sueles prosperar”, critican fuentes de la Inspección, que por lo general se limita a verificar las titulaciones del profesorado y que las instalaciones cumplen la ley para los nuevos centros de la FP privada. Felipe Gómez, del sindicato Ustea, censura: “Esto es un negocio y los inspectores dicen que visan los papeles y la calidad, pero admiten a todos”.

La FP privada virtual no está vigilada de cerca por la Inspección, sino que las actuaciones muestrales de este departamento, centradas en ciertas empresas, visan la enseñanza online si es que la empresa la tiene. En paralelo, la publicación de las autorizaciones en el Boja no es verificada por la Junta, sino que esta se limita a mandar las cartas de pago a las empresas y estas deciden si la pagan y cuándo, según corroboran varios empresarios del sector.

Rafael Caamaño, presidente de la patronal de la FP privada en Andalucía (Cece), reconoce que se produce una inequidad para acceder a los grados superiores: “Indudablemente es así, acceden los que se lo pueden pagar, aunque los costos son variables y la oferta es asumible. El tejido es muy variado y las personas con mayor poder adquisitivo intentan que sus hijos vayan a la universidad pública o privada”. Los sindicatos lo ven de otra manera: “Hay familias que se hipotecan para pagar un ciclo de FP. Al final estudia quien puede, cuando un sistema público debería derribar ese elitismo. La privada se centra en los ciclos con bajos costes”, critica Carolina Ordoño, del sindicato Ustea.

El ascenso de la FP privada es en puridad meteórico y solo este curso suma 24.270 plazas, casi 10 veces más que la oferta pública, ya que cada módulo de los ciclos formativos virtuales cuenta con 80 puestos escolares, puesto que los alumnos pueden cursar cada módulo por separado. Sin embargo, en la práctica casi todos los alumnos se matriculan de todos los módulos de un mismo ciclo, por lo que la cifra real de alumnos es menor y ronda los 9.500 estudiantes.

Esta explosión de la FP privada conlleva en ocasiones problemas económicos para los alumnos. Elena Martos, de 20 años, estudió entre 2023 y 2024 el primer curso de un grado superior de higiene bucodental con FP Pro en Dos Hermanas, pero tras lograr plaza en un centro público para cursar el segundo curso, la empresa no quería devolverle sus 3.200 euros abonados de antemano para ese año. “Un fondo de inversión se había hecho cargo de la firma y nos dejaron tiradísimos. Transparencia ninguna, no respondían, aunque al final tuve suerte y me devolvieron el dinero”, relata su padre, Enrique Martos. Este diario ha contactado con FP Pro, pero no ha obtenido respuesta. La compra de grandes firmas de FP privada como Ilerna o Medac por parte de los fondos de inversión ha conllevado una caída de la calidad educativa muy acusada, especialmente en la enseñanza en línea, tal y como han denunciado estudiantes de todo el país.