La Audiencia de Badajoz rechaza los recursos y aboca al hermano de Sánchez al banquillo

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, se sentará finalmente en el banquillo de los acusados por las supuestas irregularidades en su contratación, en 2017, como coordinador de los conservatorios de música de la Diputación de Badajoz, un puesto de alta dirección creado un año antes, que le fue adjudicado de manera discrecional y cuyas funciones el familiar del líder socialista tuvo dificultades para describir durante la fase de instrucción. La Audiencia Provincial de Badajoz rechazó ayer los recursos de David Sánchez y los otros 10 procesados, entre ellos el líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, contra la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, de enviarlos a juicio por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

Los cuatro magistrados concluyen que de la investigación de la jueza se desprende que existen “indicios suficientes (...) sobre el presunto carácter delictivo de las conductas imputadas” y ordena la celebración del juicio. La resolución no es recurrible. La Fiscalía y las defensas habían pedido el archivo de la causa argumentando que las acusaciones se sustentaban en “conjeturas o sospechas”, mientras las acusaciones populares —que lidera el seudosindicato Manos Limpias y entre las que también están PP, Vox y organizaciones del ámbito ultra— presentaron en mayo su escrito de acusación en el que piden tres años de cárcel para el hermano del presidente y otro tres para el dirigente socialista regional, que el pasado mayo entró como diputado en la Asamblea de Extremadura en busca del aforamiento, una maniobra que fue frenada por el Tribunal Superior de Justicia extremeño por “torticera” y constitutiva de “fraude de ley”. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, expresó ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el “máximo respeto a las decisiones judiciales” antes de apuntar que el Ejecutivo tiene “toda la confianza y la esperanza en que la verdad se abrirá camino y pondrá las cosas en su sitio” en este caso, informa José Marcos.

En los diferentes autos en los que desestiman los recursos de las defensas —y que contienen argumentaciones similares—, la Audiencia desecha las alegaciones de las defensas. Los abogados de David Sánchez habían pedido el sobreseimiento de la causa “por inexistencia de indicios” o, al menos, la nulidad de buena parte de la investigación por supuestos defectos de forma. Los magistrados lo descartan y destacan que el auto de procesamiento dictado el 28 de abril por la jueza Biedma “cumple con creces los requisitos” para que la causa avance a la fase de juicio sin causar indefensión a las partes. “El auto no solo contiene una relación de hechos punibles extensa, sino que se especifican como hemos visto los indicios existentes y las concretas diligencias de los que son obtenidos. Y todo ello de manera más que detallada, existiendo una extensa e intensa motivación que impide toda indefensión de las partes”, recalca la Audiencia de Badajoz que en otro punto lo tilda de minucioso.

Los cuatro magistrados avalan de este modo la totalidad de la investigación de la jueza. Así, la Audiencia Provincial destaca que las diligencias practicadas por la magistrada han revelado “irregularidades formales evidentes” en la creación del puesto de coordinador de actividades de los conservatorios de la provincia de Badajoz ―un cargo de alta dirección con un coste de 123.000 euros anuales― que tenían como “finalidad inicial clara” que el mismo terminara siendo ocupado por el hermano del presidente o en la posterior adaptación del trabajo “a sus exclusivas preferencias personales” y que incluyó un cambio de nomenclatura a partir de octubre de 2022, cuando pasó a denominarse jefe de la Oficina de Artes Escéncias, una modificiación al que el tribunal atribuye una “finalidad torticera”. En este sentido, el auto destaca que David Sánchez, en su primera declaración como imputado, no supo definir las funciones de su puesto.

Sobre el supuesto tráfico de influencias ejercido por el hermano del presidente en la contratación presuntamente irregular por parte de la diputación pacense de otro de los procesados, el extrabajador del Palacio de La Moncloa Luis Carrero, la Audiencia Provincial destaca que la jueza extrae los indicios “de manera racional y motivadamente” de los correos electrónicos intervenidos a David Sánchez, en los que se muestra una enorme cercanía personal entre ambos y un supuesto conocimiento previo de que se le iba a conceder a aquel el puesto.

En su resolución, los magistrados cuestionan que el hermano del presidente y Gallardo hayan alegado en sus recursos la falta de capacidad de influencia que tenía Pedro Sánchez cuando se creó formalmente la plaza el 17 de octubre de 2016, ya que dos semanas antes había dimitido como secretario general del PSOE tras perder una votación en el Comité Federal ante sus críticos. La Audiencia concluye que David Sánchez y el lider extremeño del partido olvidan que, “hasta esa fecha, que es en la que se impulsa la creación [del puesto de trabajo], tenía una relevancia que no dejaría de existir pues en solo siete meses (domingo 21 de mayo de 2017) se revalida la secretaría general en pleno proceso de nombramiento para el puesto” en la diputación pacense para su hermano. Dos días antes de esa elección, la diputación publicó las bases de la convocatoria para el puesto. Finalmente, en junio de 2017 David Sánchez, que entonces esta en paro, era elegido entre una decena de candidatos

En este sentido, el tribunal recuerda que en su declaración, otro de los procesados aseguró a la jueza que entre la fecha de creación del puesto y la adjudicacion del mismo a David Sánchez había coincidido con el hoy presidente del Gobierno en un mitin celebrado en Badajoz cuando este aspiraba a volver a asumir el liderazgo del partido y que “le habló de que tenía un hermano músico”. Por ello, los magistrados consideran avalada la afirmación que la jueza hizo en su auto de que la adjudicación del puesto de trabajo al hermano del presidente se produjo “a petición, seguramente, de persona o personas de su entorno o relacionadas con el mismo que conocían dicha necesidad” aunque no concretase ningún identidad.

11 meses de investigación

La causa contra David Sánchez comenzó a finales de mayo de 2024, a raíz de una denuncia del seudosindicato Manos Limpias sustentada en publicaciones donde se acusabaa este de no acudir a su puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz, de no realizar las funciones que tenía asignadas y de residir en Portugal para presuntamente no pagar impuestos en España. La denuncia también aseguraba que el hermano del presidente tenía un patrimonio valorado en dos millones de euros, desproporcionado al sueldo que percibía. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, luego respaldado por la entidad financiera donde el hermano de Sánchez tiene depositada acciones, descartó el supuesto enriquecimiento ilícito y, posteriormente, la propia jueza concluyó que tampoco existía ningún delito fiscal.

Durante las pesquisas, la jueza tomó declaración a decenas de personas y la Guardia Civil realizó varios registros de la diputación pacense, donde intervinieron documentación y correos electrónicos de los implicados, convertidos en pieza clave de la investigación que desembocó en el procesamiento del familiar del presidente, según refleja el auto de procesamiento que dictó la jueza Biedma. Las conclusiones de la instructora en aquel auto, ahora avalado por la Audiencia Provincial, apuntaban a que existían “indicios” de que “David Sánchez Pérez-Castejón, teniendo conocimiento previo de que el Puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios [de la diputación pacense] se había creado para él, se presentó a la convocatoria e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento, siendo el principal beneficiario del mismo”.

En cuanto a Miguel Gallardo, presidente de la diputación y ahora líder de los socialistas extremeños, la magistrada señalaba que era “inverosímil” que “como máximo responsable de la Diputación y ostentando la competencia para el nombramiento y cese del Personal de Alta Dirección” no tuviera conocimiento de este nuevo puesto y que desconociera que “estaba destinado a ser adjudicado” al hermano de Pedro Sánchez. Añadía además que, una vez que David Sánchez se incorporó al puesto, Gallardo y él “tenían una relación estrecha y que incluso hablaban los fines de semana”. Por esto, concluía que Gallardo participó “directamente en los hechos”.