Las Fuerzas Armadas planean ya desescalar su operación por la dana en Valencia

Las Fuerzas Armadas planean ya la desescalada de la operación militar puesta en marcha para hacer frente a los efectos de la dana que devastó buena parte de la provincia de Valencia y afectó a otras comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha y Andalucía, el pasado 29 de octubre. El repliegue, según fuentes militares, no será completo ni inmediato, sino gradual y selectivo: los ejércitos seguirán trabajando en aquellas localidades donde su presencia siga siendo necesaria, aunque el conjunto del despliegue se reducirá sustancialmente. Además, según las mismas fuentes, los militares se centrarán en aquellos cometidos que no puedan realizar otras entidades públicas o privadas: entre ellas, la búsqueda de las tres personas que continúan desaparecidas o la extracción de vehículos siniestrados, una operación complicada y de riesgo que requiere maquinaria pesada y equipos especializados.

Desde que se produjo la riada, más de 25.000 militares han participado en la primero llamada Operación Utiel Requena, denominada así por ser comarca para la que el Gobierno valenciano requirió ayuda, y luego renombrada como Operación Valencia. En el momento álgido de la misma llegaron a estar desplegados 8.500 militares simultáneamente, que se han reducido en la actualidad a unos 8.000. Antes de Navidades se retiró el buque de proyección estratégica Juan Carlos I, que había sustituido al buque anfibio Galicia, y a finales de noviembre se habían desactivado los cazaminas Sella y Duero, tras concluir la búsqueda en el mar, por lo que ya no queda ningún barco de la Armada adscrito a la operación.

La desescalada del dispositivo militar coincide con la decisión del Gobierno valenciano de rebajar el nivel de la emergencia. El presidente Carlos Mazón anunció el pasado jueves que solo 28 municipios de la provincia de Valencia se mantendrán en el nivel 2 (que se activa cuando la emergencia requiere para su resolución de medios de la Administración General del Estado), mientras que 75 bajarán al nivel 1 (cuando puede resolverse con los medios autonómicos o locales) y los 163 restantes dejarán de estar en situación de emergencia. Fuentes militares explican que, aunque la declaración del nivel 2 es imprescindible para que intervengan las Fuerzas Armadas, bajar al nivel 1 no supone la retirada automática de las tropas, aunque sí refleja la mejoría de la situación.

Según muchos expertos, la situación de la mayoría de los municipios afectados por la dana ya no se ajusta a lo que la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil de 2015 define como emergencia (“situación de riesgo colectivo sobrevenida por un evento que pone en peligro inminente a personas o bienes”), sino que afrontan un largo y complicado proceso de recuperación de la normalidad y reconstrucción.

Las fuentes consultas insisten en que no habrá una retirada total de las Fuerzas Armadas de Valencia. La ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha realizado numerosas visitas a esa comunidad autónoma tras la dana, reiteró el pasado miércoles, durante la última de ellas, que no se abandonará a su suerte a sus ciudadanos. “Pueden contar con el Ejército español el tiempo que sea necesario para aquellas misiones que no pueda hacer la sociedad civil”, subrayó. Fuentes gubernamentales admiten que, más allá de la labor que hacen, la presencia de la Unidad Militar de Emergencia (UME) y del resto de las Fuerzas Armadas tiene un valor psicológico y muchos alcaldes han expresado el temor a que su marcha reavive en las poblaciones afectadas la sensación de abandono por parte del Estado que se vivió en los primeros días.

Mandos militares subrayan, sin embargo, que la operación de Valencia ha obligado a interrumpir los programas de instrucción, adiestramiento y formación en las unidades implicadas en el despliegue y que los efectivos de la UME deben estar disponibles para atender en otros lugares de España posibles emergencias propias de esta época del año, como las grandes nevadas.

Por su parte, las asociaciones profesionales de los militares coinciden en la necesidad de “revisar” la tarea que están desarrollando las Fuerzas Armadas en Valencia y advierten del riesgo de que los soldados sean empleados como mano de obra barata para labores que deberían acometer empresas públicas o privadas. “Sinceramente, pensamos que, una vez pasada la emergencia inicial, estamos realizando tareas que se apartan de los cometidos propios de la profesión militar y deberían realizar otras entidades”, explica Iñaki Unibaso, secretario general de AUME (Asociación Unificada de Militares Españoles). Marco Antonio Gómez, presidente de ATME (Asociación de Tropa y Marinería Española), critica que muchos militares sigan durmiendo en tiendas de campaña meses después de iniciarse el operativo y no cobren horas extras como los civiles que hacen el mismo trabajo. También denuncia problemas con el cobro de la dieta, que califica de “muy exigua”, aunque reconoce que es superior a la que cobran cuando salen de maniobras.

Miquel Peñarroya, teniente en la reserva y presidente de Asfaspro (Asociación Profesional de Suboficiales), estima que la tarea de reconstrucción que hay que acometer en las zonas afectadas requiere capacidades de las que carecen las Fuerzas Armadas; mientas que Francisco José Durán Baños, cabo mayor y presidente de la Unión de Militares de Tropa (UMT), subraya que el despliegue por la dana afecta también a los militares que se quedan en las unidades y no participan directamente en el mismo, ya que deben asumir una sobrecarga de trabajo para suplir a sus compañeros desplazados.

Todas las asociaciones de militares pidieron en noviembre pasado una reunión extraordinaria del Coperfas (Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas), órgano asesor del Ministerio de Defensa donde se sientan los representantes profesionales de los uniformados, para abordar las condiciones de trabajo de los miliares que participan en la operación, pero los responsables del departamento se negaron a ello alegando que se trataba de cuestiones operativas que están vedadas a las asociaciones profesionales.

Desde el 29 de octubre, los militares han realizado más 10.000 misiones en Valencia. Ni siquiera durante los días festivos de la Navidad, el 25 de diciembre o el 1 de enero, dejaron de retirar escombros, achicar agua o extraer lodos, según sus mandos. Han trabajado día y noche en turnos de hasta 12 horas, con relevos cada 15 días. Varios de ellos han resultado heridos o intoxicados en una operación cuyo coste se cifra en cientos de millones de euros, pero nadie se atreve a aventurar todavía cuándo podrán decir “misión cumplida”.