Los datos, arma de Teresa Ribera frente a la ofensiva del PP

Nunca pensó Pedro Sánchez, ni cualquier otro miembro de su Gabinete, ya sea del PSOE o de Sumar, que la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, viera peligrar su nombramiento como vicepresidenta de la Comisión Europea al ponerse en duda su cualificación y solvencia. Sin embargo, ese es el panorama con el que se encuentran ahora el Gobierno y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que eligió a la española, autoridad internacional en sostenibilidad y políticas verdes desde hace no menos de dos décadas, para que fuera su mano derecha.

Las objeciones del PP, con ayuda de los populares europeos, se daban por seguras pero pasajeras y solo para hacerle pasar un mal rato a Ribera, al Gobierno y a la presidenta de la Comisión. Por parte europea, la hostilidad del presidente de los populares europeos, PPE, Manfred Weber, contra Von der Leyen es ajena a las cuitas de Feijóo y del PP, según fuentes del Europarlamento. “La dana pasaba por ahí y Weber se ha agarrado a ella para ir contra Von der Leyen”, señalan esas fuentes.

La terrible tragedia en la Comunidad Valenciana ha endurecido hasta el máximo el planteamiento de los populares españoles y europeos, cada uno por sus razones. No cejarán en el intento de derribar a Ribera.

A la vicepresidente tercera del Gobierno le espera una comparecencia el miércoles en el Congreso, que ella misma solicitó al desatarse la tragedia. Esas explicaciones forman parte de las condiciones que impone el PPE. Las exigencias del PP español y de su matriz europea no convergen. El PP no acepta a Teresa Ribera, al menos de entrada, diga lo que diga, sino que exige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la sustituya. El PPE, por su parte, está a la espera de lo que la ministra Ribera relate y responda en el Congreso y se comprometa a dejar el cargo en el caso de que sea imputada por los tribunales españoles. A esta segunda exigencia el Gobierno español ni responde.

Ribera y Sánchez —que ha solicitado comparecer en el Congreso el próximo día 27— irán pertrechados de datos que pondrán de manifiesto cómo actuaron las dos administraciones. La decisión del Ejecutivo de no entrar al cuerpo a cuerpo con el PP y con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se mantiene por respeto a los ciudadanos afectados por la catástrofe.

Los grupos de la oposición acusarán a la vicepresidenta de estar ausente durante la tragedia por estar preparando su examen en Bruselas del pasado miércoles y de que los organismos dependientes de su ministerio no funcionaron. Fuentes gubernamentales responden que las previsiones de la Aemet impiden descargar las culpas sobre la agencia de meteorología e insisten que las personas que recibían esos datos tenían que saber interpretarlos. En el Gobierno insisten que el equipo elegido por Mazón para los puestos de emergencia no estaba preparado para responder adecuadamente para la tragedia. Sánchez y Rivera defenderán con datos las acciones que dependían del Ejecutivo, conscientes de que para los afectados y parte de la sociedad quien debió actuar es indiferente.

Desde el PP se da por sentado que Mazón estuvo muy lejos de cumplir con su obligación. No aceptó, aseguran, los criterios de Feijóo de pedir la emergencia nacional para que el Estado le quitara las riendas del poder. Sin embargo, en el partido imperará la contención y nadie piensa en elecciones inmediatas en la Comunidad Valenciana, pero sí en el resultado de cuando se produzcan. Los populares temen perder el poder en Valencia y por eso no piensan por ahora mover la silla al presidente autonómico. Y se centrarán en culpar a Ribera y Sánchez.