Albares “valora y aprecia” la labor de Zapatero en Venezuela frente a las críticas del PP

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido en protagonista involuntario del debate sobre Venezuela celebrado este martes en el Senado. La portavoz del PP, Alicia García, ha acusado al exdirigente socialista, que guarda silencio sobre los resultados de las elecciones venezolanas del pasado 28 de julio, a las que acudió como observador internacional, de cumplir un “nefasto papel como cooperador con todas las atrocidades del régimen chavista” y al Gobierno español de servir de “cómplice por su connivencia encarnada en Zapatero”.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que ha reprochado al PP que “hable más de Zapatero que de los venezolanos”, ha asegurado en su comparecencia que el expresidente realiza desde hace años “una labor que el Gobierno valora y aprecia y también la oposición” venezolana, ha añadido, ya que “ha participado en muchos diálogos, en muchas mediaciones y en muchas liberaciones de presos políticos”. Albares no ha querido revelar si ha hablado últimamente con Zapatero, pero fuentes de su departamento aseguran que este informa de todas sus gestiones al ministro, aunque eso no significa que actúe bajo sus instrucciones.

La figura de Zapatero ha sido la piedra de toque del enfrentamiento del ministro con los portavoces del PP y Vox, pero no el único motivo de disputa. El propio formato del debate ha sido objeto de polémica, ya que los populares sostienen que obligaron a comparecer a Albares, mientras que este alega que fue él quien pidió hacerlo el 31 de julio ante la Comisión de Asuntos Iberoamericanos, que era a su juicio la competente en esa materia. También el frustrado viaje a Caracas, para seguir la jornada electoral, de una delegación de senadores del Grupo Popular, expulsados a su llegada al aeropuerto de Maiquetía, ha sido objeto de reproches mutuos. García se ha quejado de que el embajador no se desplazara al aeropuerto para atenderlos, mientras que el ministro ha recordado que lo hizo el cónsul general, que es el que tiene atribuida esta función. De su lado, el portavoz socialista, Rafael Lemus, ha reprochado que el Senado gastara más de 9.000 euros en un viaje que se sabía de antemano sería inútil al no contar con el visto bueno de las autoridades venezolanas.

Más allá de estas escaramuzas, el PP ha intentado que el jefe de la diplomacia española calificara de “fraude” el resultado de las elecciones venezolanas, de las que la Comisión Nacional Electoral (CEN) dio por ganador a Maduro con el 51% de los votos, y reconociera al candidato de la oposición. Edmundo González, como presidente electo, como ya ha hecho Washington. La senadora del PP ha subordinado la aceptación del pacto por la democracia en Venezuela que le ha ofrecido el ministro a que este admita “que la oposición ganó rotundamente las elecciones”.

Albares ha evitado dar este paso, argumentado que España apuesta por “mantener abiertos los canales de interlocución con el Gobierno [de Maduro] y con la oposición”. Uno de esos canales es precisamente Zapatero, quien, según fuentes diplomáticas, podría actuar como mediador si se abre paso la negociación que propugnan los gobiernos de Brasil, México y Colombia. “Lo que queremos es que la solución a la crisis sea entre venezolanos y venga del diálogo, [así que] bienvenido todo aquel que desde la responsabilidad y la prudencia, algo que desconoce totalmente el Partido Popular, se sume a ayudar al Gobierno en esa tarea”, ha añadido.

El jefe de la diplomacia española ha explicado que este mismo lunes habló con su homólogo venezolano, Yván Gil, y con los líderes de la oposición, Edmundo González y María Corina Machado. Ante la insinuación de que lo hizo solo para preparar su comparecencia parlamentaria, ha revelado que fueron estos dos últimos quienes solicitaron la conversación y que han escrito al presidente Sánchez y a él mismo agradeciendo la posición de España.

Exigencia a Maduro de publicar las actas

De momento, el jefe de la diplomacia española se mantiene en la exigencia que ya formuló el 29 de julio: que el Gobierno chavista haga públicas las actas de todas las mesas electorales, lo que no ha hecho más de dos semanas después de las elecciones y de que la oposición haya difundido copia de más del 80% de las mismas para acreditar la derrota de Maduro.

La situación de Venezuela será analizada, a petición de España, en la reunión informal que los ministros de Exteriores de la UE celebrarán los días 29 y 30 en Bruselas, aunque las fuentes consultadas sostienen que el plazo para alcanzar una solución a la crisis concluye el 10 de enero. Ese día deberá tomar posesión el nuevo presidente venezolano y, alegan las mismas fuentes, la UE no reconocerá otro mandato presidencial de Maduro si no acredita documentalmente su supuesta victoria electoral.

Mientras tanto, la principal preocupación está en la ola represiva que el régimen ya ha desatado contra la oposición. Emplazado por el PP a definirse “de qué lado está, del de las dictaduras represivas o del de quienes defienden las libertades y los derechos humanos”, Albares ha sostenido que “la posición del Gobierno de España es muy clara: queremos que se respete la voluntad democrática, que se respeten los derechos humanos y los derechos fundamentales, especialmente el de reunión y manifestación política, y también los derechos de los líderes políticos” de la oposición.

Albares ha acusado al PP de difundir “bulos y falsedades” e “intentar confundir” a la sociedad sobre la política del Gobierno respecto a Venezuela. “Lo que usted hace no es apoyar a los venezolanos, sino apoyarse en los venezolanos para obtener réditos políticos”, le ha espetado a la portavoz popular. Ante las críticas por su supuesta “tibieza” y “perfil bajo” en esta crisis, ha contestado: “Esto no es una carrera por ver quién llega verbalmente más lejos, sino por ser más eficaz.

El problema, reconocen fuentes diplomáticas, estriba en que el reconocimiento como “presidente encargado” del líder opositor Juan Guaidó por gran parte de la comunidad internacional no tuvo en 2019 ninguna eficacia para obligar a Maduro a dejar el poder, pero tampoco las sanciones de la UE, que aún siguen en vigor.

Los puentes que el Gobierno mantiene con el régimen venezolano han servido, según ha anunciado Albares, para que desde el pasado lunes la Embajada de España en Caracas se haga cargo de la defensa de los intereses de la República Dominicana, cuyo representación diplomática ha sido cerrada por Maduro después de las elecciones.